La sombra del Rodrigazo

Nota extraída del diario La Nación

La referencia del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, al Rodrigazo y su posterior aclaración de que no tuvo la intención de mostrar similitudes con la situación actual resultó comprensible, pues fue hecha dentro de un reportaje referido a las actuales demandas salariales en un contexto de alta inflación. Tanto es así que, con posterioridad, el dirigente gremial Hugo Moyano acompañó la referencia de Mendiguren .

La memoria de episodios de descontrol en la carrera precios salarios, como los de 1975 o 1989, vuelve a estar presente cuando resulta evidente que la apelación a congelamientos tarifarios o al retraso cambiario no reducen la inflación, sino que agregan combustible al crecimiento del déficit fiscal y profundizan distorsiones que pueden llegar a hacer necesario abrir la tapa de una olla a presión.

El cepo cambiario y la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo han sido en nuestra historia económica el prolegómeno de incontroladas devaluaciones y de escaladas de la inflación. Esto lo saben los dirigentes gremiales que ahora se niegan a acordar un aumento salarial que pueda durar un año. Existe la presunción de que en 2013 se producirá una mayor inflación de aquella que proyectan el Gobierno o los analistas. Por eso, piden acuerdos de corta duración que a la vez expongan crecimientos porcentuales ópticamente menos impactantes.

Hay similitudes y también diferencias entre el contexto actual y el que antecedió a las políticas del ministro de Economía de la presidencia de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. En aquella oportunidad, los precios y las tarifas de los servicios públicos habían permanecido congelados por dos años mientras los del resto de la economía, incluyendo los salarios, habían evolucionado por encima de la voluntad del Gobierno por controlarlos.

Para entonces, las empresas prestadoras eran casi todas estatales y sus pérdidas crecientes engrosaban hasta límites insostenibles el déficit fiscal. Actualmente, gran parte de esos servicios son realizados por concesionarios o empresas privadas, pero los retrasos tarifarios de larga data repercuten igualmente sobre el déficit, ya que el Gobierno se ve obligado a otorgar subsidios para evitar la quiebra y la discontinuidad de las prestaciones. Tanto en aquel entonces como ahora dejaron de realizarse inversiones, comprometiéndose la capacidad y calidad de los servicios o debiéndose recurrir a mayores importaciones.

El control de precios con la consigna de "inflación cero" fue instaurado en mayo de 1973. En aquel entonces los combustibles líquidos formaban parte de los bienes con precios fijados por el Gobierno como las tarifas de gas, electricidad, agua, transporte y otros servicios públicos. El tipo de cambio fue también fijado y utilizado como ancla antiinflacionaria. Así, se produjo un gradual retraso que llevó al Gobierno a un desdoblamiento y a la creación de un dólar turista. No obstante, también emergió un dólar paralelo que, en los días previos al Rodrigazo, llegó a cotizar cuatro veces el dólar comercial oficial. Estas políticas habían llevado a pérdidas importantes en las empresas estatales, a un importante déficit del balance de pagos y a una caída crítica de las reservas. Aunque la orientación actual de la política cambiaria puede llevar a estos extremos, aún parecen distantes y rectificables.

Los salarios estuvieron determinados por decreto entre mayo de 1973 e igual mes de 1975, cuando comenzaron a funcionar las paritarias. En el primer año del plan de "inflación cero" el costo laboral creció un 50%; los precios de los servicios privados, alrededor del 30%, y los bienes de consumo, más controlados, crecieron menos del 10%. Las tarifas de servicios públicos quedaron efectivamente congeladas. En los doce meses siguientes hasta el Rodrigazo, los salarios volvieron a crecer un 50% y los precios de los bienes de consumo subieron, en promedio, por encima del 80%. El control de precios había sido desbordado, mientras que las tarifas seguían prácticamente congeladas. El índice de precios minoristas había crecido un 12,1% entre mayo de 1973 y mayo de 1974, y un 80,5% en los 12 meses siguientes. A diferencia de hoy, el Indec daba cifras veraces, aunque debe reconocerse que la inflación real de arrastre era sustancialmente mayor.

En 1974 el gasto público y el déficit fiscal habían alcanzado respectivamente un 31,6% y un 6,2% del PBI. Actualmente esos porcentajes son del orden del 43% y del 4%. En ambos casos el déficit fue y es financiado preponderantemente con emisión monetaria. Tanto entonces como ahora el Gobierno carecía de acceso al crédito externo o interno. Se observa que actualmente hay menos déficit relativo al PBI, pero hay más gasto público, lo que indica que la economía está hoy sometida a una mayor presión impositiva. Esto lo pueden confirmar los productores agropecuarios y los asalariados de la cuarta categoría. Tanto en 1975 como actualmente el Banco Central y la expansión monetaria fueron y son la contrapartida del desequilibrio fiscal.

Celestino Rodrigo intentó sincerar la estructura de tarifas públicas para salir de la debacle fiscal. Decidió aumentos de hasta 200% y devaluó el dólar comercial un 160%. Había calculado que la incidencia de esas medidas en el índice general de precios no excedería del 25% y ése fue el tope de aumentos salariales que se homologaron. Sin embargo, el grueso de la dirigencia gremial ya estaba fuera de la verticalidad oficial. El efecto visual de los aumentos tuvo enorme contundencia y la paritaria metalúrgica acordó 120% de suba salarial. Esto actuó como detonante de las demás. Isabel Perón se resistió a homologar esos acuerdos hasta que un paro general convocado por 48 horas la venció. A partir de ahí se produjo una carrera de precios y salarios, una corrida sobre el dólar y el desborde de las cuentas fiscales y monetarias.

Hay similitudes en la estructura de las políticas económicas de las presidentas Isabel Perón y Cristina Kirchner, aunque existen todavía diferencias importantes en el grado e intensidad de las distorsiones y en el movimiento de las variables económicas. También las hay en el ejercicio del poder y, principalmente, en la adversidad del marco de convulsión interna que no puede compararse con la situación anárquica de violencia de 1975, creada por las organizaciones armadas y por la respuesta oficial desplegada con la Triple A.

Parecería que hay hoy capacidad de acción y espacios y tiempos para evitar que vuelva a producirse un acontecimiento similar al Rodrigazo. Pero es imprescindible modificar los rumbos e introducir las correcciones necesarias para no caminar en la dirección que en algún momento lo haga inevitable.