Política
La SIP y el autoritarismo argentino
El país sufrió una fuerte reconvención por su política de seguir provocando el temor, la autocensura y la ausencia de debate.
La Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada días atrás en Cádiz, España, reconvino con severidad la política del gobierno argentino en relación con la prensa "no alineada". Con llamativa dureza, ese prestigioso organismo internacional sostuvo como parte de sus conclusiones generales que Venezuela, Ecuador, la Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan hoy un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes autoritarios, arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a los medios que les son críticos.
Es posible que el foco de la atención mundial hacia nuestro país se dirija ahora con mayor atención en ese aspecto a partir de que la inversión española en YPF fue arrebatada por el Gobierno en medio de procedimientos inexplicables para una democracia que se precie de respetar las leyes y su Constitución. Esa actitud, que está siendo convalidada por el Congreso de la Nación, ha enajenado la opinión pública en Europa, en los Estados Unidos y en no pocos de los Estados latinoamericanos apegados con más seriedad a normas de responsabilidad institucional.
Por esa razón no debe descartarse que, de aquí en adelante, toda iniciativa del kirchnerismo sea observada en el mundo con creciente recelo, o sea, con el prejuicio de que quien ha vulnerado, hasta con intemperancia, reglas de comportamiento universal que sólo fracturan los Estados autoritarios.
Ya no es necesario explicar hacia afuera lo que desde hace tanto era notorio aquí adentro. Ahora se pregunta en el extranjero, como un tema de conversación espontánea, a periodistas y empresarios periodísticos argentinos cómo se arreglan para subsistir diariamente frente a la diversidad de arbitrariedades y amenazas que afrontan.
Todas las organizaciones mundiales de prensa se han solidarizado con sus colegas argentinos y reprendido la conducta del Gobierno. Este ha contestado a veces con acritud los señalamientos que se le han formulado. Otras, ha guardado silencio. Hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha manifestado insatisfacción por la situación de la libertad de prensa en varios lugares de la región. Lo hizo cuando se disponía a viajar para la reunión reciente de presidentes en Cartagena.
En el caso de la SIP, el actual llamado de atención a la Argentina ha sido pronunciado en términos duros, pues se la reconvino "a fin de evitar que el temor, la autocensura y la ausencia de debate se sigan instalando peligrosamente en el país", al tiempo que la instó a que cesen las hostilidades contra los medios independientes. Al respecto, puso como ejemplo ciclos instaurados en medios del Estado con el único propósito de estigmatizar a la prensa y a los periodistas "desobedientes" a sus dictados. Otro punto esencial de la declaración ha sido el peligro de que se aplique arbitrariamente una legislación, ya de por sí grave, y aprobada por el actual Congreso de la Nación, por la cual se deja en confusos términos en manos del Estado la fabricación, importación y abastecimiento de papel para diarios. Esa ley es la puerta, interpretó la SIP, para la censura indirecta.
Ha sido necesario, pues, en las circunstancias descriptas, que la SIP volviera a recordar lo que significa como compromiso irrenunciable el artículo primero del Acta de Chapultepec, ratificada desde 1994 por jefes de Estado, dirigentes e intelectuales de muy diversas afinidades políticas en América: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión ni de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo".
A poco de cumplir setenta años de intachable trayectoria, y siempre ajena a los afanes de lucro, la SIP se concentra, como misión esencial, en la defensa de la libertad de prensa en América. Así lo demostró en Cádiz, adonde se trasladó en representación de mil trescientas publicaciones y como un modo de asociarse a la celebración de los doscientos años de la Constitución española de 1812, más conocida como "la Pepa".
Ha sido ella fuente de inspiración normativa para algunas de las grandes causas que aún promueven, abierta o implícitamente, debates como el de estos días en aquella ciudad andaluza: defensa de la división de poderes, derecho de representación, libertad de expresión, libertad de prensa e imprenta; derecho a la integridad física, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio.
Es menester que el gobierno argentino retome la senda de la racionalidad en su trato con los medios independientes, permitiéndoles ejercer la libertad que la Constitución les garantiza no sólo a ellos, sino a todo el pueblo argentino.
Es posible que el foco de la atención mundial hacia nuestro país se dirija ahora con mayor atención en ese aspecto a partir de que la inversión española en YPF fue arrebatada por el Gobierno en medio de procedimientos inexplicables para una democracia que se precie de respetar las leyes y su Constitución. Esa actitud, que está siendo convalidada por el Congreso de la Nación, ha enajenado la opinión pública en Europa, en los Estados Unidos y en no pocos de los Estados latinoamericanos apegados con más seriedad a normas de responsabilidad institucional.
Por esa razón no debe descartarse que, de aquí en adelante, toda iniciativa del kirchnerismo sea observada en el mundo con creciente recelo, o sea, con el prejuicio de que quien ha vulnerado, hasta con intemperancia, reglas de comportamiento universal que sólo fracturan los Estados autoritarios.
Ya no es necesario explicar hacia afuera lo que desde hace tanto era notorio aquí adentro. Ahora se pregunta en el extranjero, como un tema de conversación espontánea, a periodistas y empresarios periodísticos argentinos cómo se arreglan para subsistir diariamente frente a la diversidad de arbitrariedades y amenazas que afrontan.
Todas las organizaciones mundiales de prensa se han solidarizado con sus colegas argentinos y reprendido la conducta del Gobierno. Este ha contestado a veces con acritud los señalamientos que se le han formulado. Otras, ha guardado silencio. Hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha manifestado insatisfacción por la situación de la libertad de prensa en varios lugares de la región. Lo hizo cuando se disponía a viajar para la reunión reciente de presidentes en Cartagena.
En el caso de la SIP, el actual llamado de atención a la Argentina ha sido pronunciado en términos duros, pues se la reconvino "a fin de evitar que el temor, la autocensura y la ausencia de debate se sigan instalando peligrosamente en el país", al tiempo que la instó a que cesen las hostilidades contra los medios independientes. Al respecto, puso como ejemplo ciclos instaurados en medios del Estado con el único propósito de estigmatizar a la prensa y a los periodistas "desobedientes" a sus dictados. Otro punto esencial de la declaración ha sido el peligro de que se aplique arbitrariamente una legislación, ya de por sí grave, y aprobada por el actual Congreso de la Nación, por la cual se deja en confusos términos en manos del Estado la fabricación, importación y abastecimiento de papel para diarios. Esa ley es la puerta, interpretó la SIP, para la censura indirecta.
Ha sido necesario, pues, en las circunstancias descriptas, que la SIP volviera a recordar lo que significa como compromiso irrenunciable el artículo primero del Acta de Chapultepec, ratificada desde 1994 por jefes de Estado, dirigentes e intelectuales de muy diversas afinidades políticas en América: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión ni de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo".
A poco de cumplir setenta años de intachable trayectoria, y siempre ajena a los afanes de lucro, la SIP se concentra, como misión esencial, en la defensa de la libertad de prensa en América. Así lo demostró en Cádiz, adonde se trasladó en representación de mil trescientas publicaciones y como un modo de asociarse a la celebración de los doscientos años de la Constitución española de 1812, más conocida como "la Pepa".
Ha sido ella fuente de inspiración normativa para algunas de las grandes causas que aún promueven, abierta o implícitamente, debates como el de estos días en aquella ciudad andaluza: defensa de la división de poderes, derecho de representación, libertad de expresión, libertad de prensa e imprenta; derecho a la integridad física, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio.
Es menester que el gobierno argentino retome la senda de la racionalidad en su trato con los medios independientes, permitiéndoles ejercer la libertad que la Constitución les garantiza no sólo a ellos, sino a todo el pueblo argentino.