La revolución de los ricos
* Por J. F. Marguch. La presunta generosidad de los multimillonarios estadounidenses y europeos no va al fondo del problema, que es el desmadre del gasto público.
De pronto, al grito virtual de "¡Millonarios del mundo, uníos!", los plutócratas de Estados Unidos, Francia y Alemania (y de varios otros países que estarían dispuestos a seguir sus ejemplos) han descubierto que poseen conciencia social y están dispuestos a pagar más impuestos.
Desde luego, acumularon su riqueza no sólo con gran talento para los negocios, sino también evadiendo con gran talento sus obligaciones fiscales. Ni hablar de sus maniobras especulativas, que arrojaban a la ruina a millones de pequeños inversores que se lanzaron a la aventura financiera impulsados por el sueño irresistible de llegar a ser Warren Buffett en mediana escala.
El genial Gilbert Keith Chesterton no escribía en vano cuando asentó, negro sobre blanco, su famosa definición del capitalismo: "El capitalismo es un sistema creado para despojar de su capital al mayor número de personas en el menor tiempo posible", dijo.
Si lo sabrán los millones de ilusionados que soñaron con ser propietarios de una segunda o tercera viviendas y, a la vuelta de los días, se encontraron sin propiedades, sin ahorros, sin empleo (más de 11 millones sufren en todo el mundo como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria) y, lo que es aun peor, endeudados hasta el final de sus días, e incluso más allá de ellos.
¿Es el pago por la plutocracia de mayores impuestos una solución real a los grandes problemas que enfrentan los gobiernos? No, en absoluto. En un artículo publicado inmediatamente después de que el financista Warren Buffett lanzara su consigna "¡Dejen de mimar a los millonarios!", el escéptico economista Jeffrey A. Miron recordó a sus entusiasmados compatriotas que "el primer problema de Buffett es que el número de supermillonarios es demasiado pequeño para notarse mucho en nuestros problemas presupuestarios".
Miron ha desarrollado una brillante carrera académica en las universidades de Boston y Harvard, en la que en la actualidad se desempeña como director del Departamento de Posgrado en Economía, y fue uno de los 166 economistas estadounidenses que aconsejaron a los congresistas abstenerse de ayudar a los bancos que especularon con la "burbuja inmobiliaria" y que los dejaran quebrar.
Un aporte irrelevante. En apoyo de su escepticismo, incluye en su nota algunos números concluyentes: "En 2009, los ingresos percibidos por los 236.833 contribuyentes con más de un millón de dólares en renta bruta eran unos 727 mil millones de dólares. Imponiendo un recargo del 10 por ciento sobre esas rentas, generaría unos 73.000 millones en nuevos ingresos fiscales, tan sólo dos por ciento del gasto público. Y 73.000 millones es un cálculo optimista: los supermillonarios eludirían o evadirían gran parte de ese recargo, reduciendo así de manera significativa el ingreso fiscal". Es decir que apenas se reduciría el déficit 0,5 por ciento.
Francia inició la movida de mayor presión fiscal sobre quienes más perciben. Aprobó un impuesto adicional a quienes cobran más de medio millón de euros anuales. Su vigencia cesará cuando el déficit de las cuentas públicas quede por debajo del tres por ciento del producto interno bruto (PIB), según el Tratado de Maastricht, que en 1992 dio nacimiento a la Unión Europea.
El miércoles último, Portugal reajustó en 2,5 puntos el gravamen sobre los ingresos que superen los 153.300 euros por año. En Alemania hay un movimiento similar. Los millonarios germanos calculan que si los 2,2 millones de contribuyentes que ganan más de 500 mil euros anuales pagan una tasa extra durante dos años, el Estado podría llegar a recaudar entre 100 mil y 160 mil millones de euros y se solucionaría el déficit público.
Mientras tanto, el socialismo español (Psoe), que preside el gobierno, y el Partido Popular –su principal oposición y, prácticamente por descontado, su sucesor en La Moncloa– arribaron a un principio de acuerdo para reformar la Constitución del Reino e incluir en ella un límite para el déficit, regla similar a la que regía en Estados Unidos y fue modificada el 1° de agosto último, un día antes de que cayera en cesación de pagos.
A pesar de que es un acuerdo entre los dos mayores partidos del reino, abundan las críticas. La más dura fue firmada en el diario El País por Felipe González. El candidato presidencial del Psoe, Adolfo Pérez Rubalcaba, se manifestó en contra: "No quiero números en la Constitución", dijo.
El problema es que, como ha señalado Miron en su artículo, la presunta generosidad de los multimillonarios estadounidenses y europeos no va al fondo del problema, que es el desmadre del gasto público. A su entender, la insoluble crisis ha sido originada no tanto por el estallido de la "burbuja inmobiliaria" (expresión dramática de una de las taras del sistema capitalista: el sueño de la riqueza fácil), como por el gasto y el endeudamiento indiscriminados de los gobiernos.
Pero Miron no va al subsuelo del problema, porque hasta ahora el poder político de los países que se debaten en problemas comienza sus ajustes amputando o mutilando las partidas con mayor contenido social, como las destinadas para educación y salud públicas. Son, pues, los sectores de menores recursos los que terminan pagando la factura.
Por lo demás, este movimiento de supermillonarios no sería más que generosidad a plazo fijo. Todo lo más, el superimpuesto regiría durante unos tres años, suficientes para extenuar la capacidad solidaria de quienes acumularon sus riquezas en un sistema que despoja de su capital al mayor número de personas en el menor tiempo posible.