La rebeldía de Garré

La ministro de Seguridad, Nilda Garré, desconoció con absoluto desprecio al Poder Legislativo cuando se negó a concurrir, la semana pasada, a un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados al que había sido convocada para que brindara las razones de su falta de acción y total pasividad ante el bloqueo de las plantas impresoras de LA NACION y Clarín.

El gesto de soberbia y autoritarismo de Garré al negarse a comparecer entraña también un similar menosprecio por la ciudadanía, pues a ella representan los legisladores.

En verdad, Garré habrá tomado conciencia de que no tenía nada que explicar y que, ante los diputados, no podría defender y justificar con coherencia su pasividad. Intentar argumentar lo inargumentable ante los legisladores equivalía a autoimputarse por haber desobedecido dos medidas cautelares que le ordenaban impedir los mecanismos de protesta que afectaron la circulación de ambos diarios.

Y en efecto, la circulación de LA NACION se vio seriamente retrasada y la de Clarín, impedida.

Las explicaciones que dio la ministra a la prensa son insultantes. Dijo que hay diputados que "se han transformado en elementos funcionales de esta estrategia de victimizarse de la empresa que edita el diario Clarín " , al tiempo que justificó su inasistencia al Congreso en que "es un show mediático en el que la Cámara de Diputados renuncia a lo que le corresponde".

Al no ordenar a la Policía Federal que rompiera el bloqueo a las plantas impresoras, Garré y sus subordinados incumplieron una orden judicial del juez en lo civil Gastón Polo Olivera y otra similar de una jueza subrogante.

Posteriormente, la vana defensa de la Policía Federal y del ministerio del que ésta depende fue que la madrugada del bloqueo la policía había llamado al fiscal federal Carlos Cearras, quien, pese a estar de turno, no atendió el teléfono. Cearras respondió que jamás recibió una llamada de la policía.

Esa desmentida obligó a una mentira de bajísima calaña de la policía, que procuró justificarse aduciendo que llamaron a un número equivocado, no al de Cearras. Si es cierta esta réplica, revela una incapacidad rayana en la imbecilidad. Si es falsa, la Justicia debería actuar.

La ministro Garré ha desobedecido mandatos judiciales en el caso del bloqueo a las plantas impresoras y se ha mostrado soberbia y despectiva respecto del Poder Legislativo al rechazar la convocatoria a brindar explicaciones.

Garré ha sido legisladora. Por lo tanto, no puede ignorar que un integrante del Poder Ejecutivo debe informar al Poder Legislativo aunque no esté formalmente obligado a ello, como ocurrió en este caso. Pero además del deber formal existe un ineludible deber moral y político de exponer y explicar ante los representantes del pueblo. A ese deber faltó la ministra y, al hacerlo, volvió a mostrar la complicidad del Poder Ejecutivo en el bloqueo a las plantas impresoras.

Un ministro no es más que un auxiliar de quien ejerce el Poder Ejecutivo. Garré pudo haber actuado en virtud de órdenes recibidas, o bien porque creyó que su obligación era permitir que no se distribuyeran diarios. En cualquiera de los dos casos, la responsabilidad última no ha sido suya, sino de la Presidente.