La prudencia de los jueces

Uno de los temas más apasionantes de la filosofía es la posibilidad de reflexionar sobre la prudencia en el accionar humano. Esta virtud es la que aconseja pensar bien antes de hablar o de accionar. Reflexionar sobre la conveniencia de hacerlo, sobre la oportunidad, el escenario en el que se dice y sobre todo, pensar en términos de réditos comunicacionales por los efectos que puede causar.

Siempre es necesario ser prudente, lo que implica simplemente obrar cuando corresponde hacerlo. Un imprudente actúa cuando lo aconsejable es no hacerlo. Por supuesto que no es lo mismo la prudencia de quien obra en privado, de alguien que ocupa algún lugar de cierta importancia en la sociedad y su gesto es captado por los medios de comunicación.

Un viejo proverbio afirma que uno es soberano de sus pensamientos y esclavo de sus palabras, ya que una vez pronunciadas no es muy conveniente tener que andar rectificándolas. Dicho de otro modo, la persona que en público lanza ciertas afirmaciones, en general no se rectifica luego, pese a que todos le hagan ver el error de sus ideas o por lo menos, lo inoportuno del momento en que se dicen.

Cuando se trata de personas que ejercen un poder en la sociedad, y si ese poder afecta o puede afectar a terceros, la prudencia es indispensable, no sólo para la eficacia del ejercicio sino sobre todo, para proteger su legitimidad de origen.

El ejercicio imprudente del poder conduce a excesos que desnaturalizan su sentido y terminan poniendo en crisis al que lo comete. Entre quienes ejercen el poder se encuentran los jueces, que en un sistema correcto que pretende preservar su esencia de sujeto imparcial, la prudencia aconsejaría hablar en público lo estrictamente necesario.

Más allá de que todavía se mantienen los últimos estertores de un sistema procesal, donde a los jueces se les pide que investiguen, lo que desde nuestro punto de vista es una de las tremendas imprudencias que constituye al modelo inquisitivo, bueno es empezar por reconocer que en general los jueces, mantienen un perfil bajo. Por el contrario la mayoría es renuente a responder la requisitoria periodística.

Son conocidos aquellos que hacen declaraciones públicas en los medios, y por ello son asiduamente invitados a programas periodísticos, donde brindan opiniones en general más académicas que vinculadas con el quehacer judicial. Se cuidan muy bien de opinar en casos donde actúan y están en pleno trámite. Ello es precisamente un obrar prudente.

Por el contrario, cuando por ejemplo un juez, al inicio de una investigación por hechos que por su dramatismo cautivan la atención de un público ávido de este tipo de noticias -donde la muerte violenta se constituye en el denominador común-, aprovecha para hacer críticas al funcionamiento de la política criminal vigente, no aparece muy prudente que digamos. Si se agrega, que en estos tiempos del almanaque, cualquier declaración crítica es leída en clave de política electoral, aunque ello no sea el objetivo del magistrado, la imprudencia alcanza una presión capaz de hacer estallar el manómetro. Imprudencia porque se olvida el lugar de imparcial que debe cuidar celosamente, para no afectar a las partes del proceso donde actúa. Imprudencia porque no toma en cuenta el dolor de las personas que sufren con lo ocurrido, sean familiares de las víctimas, de uno y de otro lado del conflicto originario. Imprudencia porque si hipotéticamente el tema tratado es el de la inseguridad ciudadana, éste tiene una complejidad tal que no permite un abordaje simplista, y menos recurriendo a responsabilizar a las leyes, lo que supone trasladar la culpa a los legisladores. Imprudencia porque recién comienza todo, y es al fiscal a quien le corresponde descubrir qué pasó realmente. Imprudencia porque el tema de la inseguridad es de alta sensibilidad para muchos que no tienen por qué tener la capacidad de análisis como para poder reaccionar como lo exige la hora actual. Imprudencia porque se insiste en seguir reafirmando el derecho ciudadano a expresar sus ideas, no advirtiendo que el sistema lo reconoce con un poder que pocos ejercen y ello lo distingue del común de la gente.

De cualquier forma, bienvenida la imprudencia de los magistrados cuando ella permite conocer sus convicciones ideológicas, que los coloca en difícil situación frente al cambio que finalmente se está produciendo en el ámbito procesal penal de nuestra provincia. Aquí quizás se encuentre la explicación de hacer públicas las opiniones, sobre todo cuando han pasado tantos años de llamativo silencio al respecto.

Siendo la prudencia una virtud, ella se incluye en la idoneidad reclamada por la Constitución nacional como requisito para ser juez. Que se ocupen de actuar como terceros imparciales y cuando excepcionalmente deban recurrir a los medios, ello sea para explicar mejor sus resoluciones, en aquellos casos que por su complejidad lo amerite y para reafirmar la condición republicana que transparente el ejercicio del poder que detentan.

Precisamente de estos ideales jueces virtuosos, será posible obtener "jurisprudencia", que por encima de cualquier cuestión coyuntural defiendan en todo momento los principios de nuestra Constitución nacional.