La protesta social y el orden público
El Gobierno nacional decidió, aunque quizá un poco tarde, frenar los desbordes y las protestas sociales ilegales que afectan a servicios públicos esenciales y perjudican a millones de ciudadanos.
Muchos ciudadanos se preguntan si la advertencia presidencial sobre la necesidad de que las protestas sociales no deben convertir en rehenes a usuarios y consumidores no llegó demasiado tarde.
Es la primera vez en casi ocho años, incluida la gestión de Néstor Kirchner, que el Gobierno nacional formula una apreciación semejante, ya que hasta hace muy poco tiempo había vía libre para quienes quisieran ocupar calles, avenidas y rutas o realizar paros sorpresivos en los servicios de ómnibus, trolebuses o trenes, e incluso tomar comisarías por la fuerza.
Lo grave es que esa pasividad gubernamental estaba basada en el equívoco concepto de "no represión", como si el mantenimiento del orden público implicara reprimir como lo hacían las dictaduras. De todos modos, las fuerzas de seguridad están autorizadas a reprimir en determinados casos, cuando las protestas o manifestaciones superan todas las barreras de contención. Así lo establecen la Constitución, los códigos y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Así fue que quienes eran realmente reprimidos o afectados en sus derechos esenciales eran los ciudadanos; es decir, la inmensa mayoría de la población.
La presidenta Cristina Fernández sostuvo en su reciente mensaje al Congreso Nacional lo siguiente: "Yo quiero seguir siendo compañera de los sindicatos y no cómplice de maniobras que siempre terminan perjudicando a los trabajadores". Y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que el Gobierno será muy estricto ante los bloqueos de los servicios de transporte público. Y agregó: "La conflictividad es un tema que siempre está presente en las sociedades, pero tiene que resolverse por canales racionales", al recordar que los trabajadores y cualquier ciudadano tienen derecho a peticionar, pero de ninguna manera están autorizados a cortar servicios públicos, como los de los ómnibus y trenes, lo que perjudica a miles de usuarios. Pero el Gobierno nacional no debe pensar sólo en los trenes que van, en viaje de ida y vuelta, entre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que conforman el principal núcleo electoral del país.
El electoralismo está demás en estas circunstancias y tanto la Nación como las provincias deben garantizar, el mantenimiento del orden público y la prestación de servicios esenciales, el de la salud, por caso, que puede estar amenazado hoy con la protesta en el llamado Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba.
El derecho de huelga tiene rango constitucional, pero los paros sorpresivos, los bloqueos a los aeropuertos o la ocupación de rutas o edificios públicos o privados son medidas francamente ilegales, es decir, prohibidas por la ley. Y la sociedad argentina ya no soporta más vivir en un clima de inseguridad e ilegalidad permanente, que desvaloriza la idea de democracia.