La protesta, el costo y los beneficios
*Por Ricardo Kirschbaum. Las protestas antimineras han escalado desde que los canadienses del emprendimiento en Famatina, La Rioja, anunciaron que no seguirán adelante.
El reclamo ecológico, con o sin fundamentos, muerde una parte del electorado oficialista y, además, involucra a figuras que la Casa Rosada trata de mantener dentro del "modelo".
A partir de entonces, otras protestas se han planteado en Tinogasta, Catamarca, y en Amaicha del Valle, Tucumán , contra la explotación de la mina La Alumbrera, propiedad de Catamarca y de la Universidad de Tucumán. También se han producido piquetes y reclamos en San Juan. En todos los casos, los gobiernos provinciales han salido a defender la explotación minera . Y han recibido el apoyo del gobierno nacional.
Las provincias sostienen que las riquezas mineras deben ser extraídas en beneficio de esos territorios y que constituyen fuentes de trabajo local de gran importancia. Agregan que los royalties que reciben se reinvierten en obras .
Los ambientalistas retrucan que las empresas mineras a cielo abierto utilizan métodos muy contaminantes y que las reservas de agua potable están siendo muy afectadas , algo que las empresas han negado pero la denuncia se mantiene muy firme.
El debate está impregnado, además, por la política doméstica . Los gobernadores, aliados a la Casa Rosada, ven en la minería una salida al prolongado subdesarrollo de sus provincias . El costo político, el precio del desarrollo, en definitiva, es inferior al beneficio que obtienen. Ese es el razonamiento que prevalece hasta ahora. Y creen que cualquier cuestionamiento a las mineras, aun los más fundamentados, sólo apuntan al atraso y al statu quo .
Están dispuestos, entonces, a disolver los piquetes con la policía y cargar con el desgaste de la represión , intentando dejar afuera de la responsabilidad al Gobierno central. ¿Acaso no puede haber un equilibrio en este debate central sobre el desarrollo nacional?
A partir de entonces, otras protestas se han planteado en Tinogasta, Catamarca, y en Amaicha del Valle, Tucumán , contra la explotación de la mina La Alumbrera, propiedad de Catamarca y de la Universidad de Tucumán. También se han producido piquetes y reclamos en San Juan. En todos los casos, los gobiernos provinciales han salido a defender la explotación minera . Y han recibido el apoyo del gobierno nacional.
Las provincias sostienen que las riquezas mineras deben ser extraídas en beneficio de esos territorios y que constituyen fuentes de trabajo local de gran importancia. Agregan que los royalties que reciben se reinvierten en obras .
Los ambientalistas retrucan que las empresas mineras a cielo abierto utilizan métodos muy contaminantes y que las reservas de agua potable están siendo muy afectadas , algo que las empresas han negado pero la denuncia se mantiene muy firme.
El debate está impregnado, además, por la política doméstica . Los gobernadores, aliados a la Casa Rosada, ven en la minería una salida al prolongado subdesarrollo de sus provincias . El costo político, el precio del desarrollo, en definitiva, es inferior al beneficio que obtienen. Ese es el razonamiento que prevalece hasta ahora. Y creen que cualquier cuestionamiento a las mineras, aun los más fundamentados, sólo apuntan al atraso y al statu quo .
Están dispuestos, entonces, a disolver los piquetes con la policía y cargar con el desgaste de la represión , intentando dejar afuera de la responsabilidad al Gobierno central. ¿Acaso no puede haber un equilibrio en este debate central sobre el desarrollo nacional?