La Presidente, Moyano y el reino del cinismo

Muy tardíamente, la presidenta de la Nación acaba de denunciar algo que la ciudadanía viene padeciendo desde hace ya años: el ejercicio de un enorme poder de facto por parte del dirigente camionero y titular de la CGT, Hugo Moyano, sobre la Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner habló de un gremialismo extorsionador que aspira a tomar al resto de la sociedad como rehén y dijo que, con esa metodología, el sindicato se iba convirtiendo en una corporación. Pero olvidó que se trata de un fenómeno que contó con la complacencia y, muchas veces, el aliento del oficialismo. La jefa del Estado pareció estar confesando en un acto público un drama personal y reciente, en cuya gestación ella y su esposo tuvieron que ver poco y nada. Conviene revisar esa presunción para ver hasta qué punto se ha extendido en el país el mal que ahora se descubre con sorpresa.

Moyano posee, en principio, el poder consustancial a su función. Se trata del líder del gremio de los camioneros en un país en el que la logística es el nervio del negocio principal, la exportación de materias primas. Los sindicalistas del transporte, en la Argentina o en China, suelen recurrir a los bloqueos para alcanzar sus objetivos sectoriales. En este aspecto, con lo censurable que pueda ser su metodología, Moyano no es una excepción.

Sin embargo, en los últimos años la gravitación de este sindicalista ha aumentado hasta volverse alarmante. La Presidenta y su esposo, lejos de ser un límite, han sido el principal factor de esa expansión. En principio, disfrutaron y, en ocasiones, bendijeron las extorsiones de Moyano cuando iban dirigidas contra sectores o empresas a las que el Gobierno había declarado "enemigos". Los ejemplos son innumerables; van de los conflictos con cerealeras a la obstrucción de acerías; de la suspensión de la recolección de residuos en municipios administrados por la oposición al paro en el transporte de bebidas fabricadas por empresas de capitales extranjeros. Ningún caso fue tan paradigmático, por supuesto, como el aprovechamiento de Moyano y de sus métodos para acorralar a la prensa independiente impidiendo la distribución de los diarios independientes.

El sindicato de camioneros no hubiera aumentado tanto su volumen de afiliados si no fuera porque desde la Casa Rosada se lo premió con privilegios inconcebibles. Durante la gestión de Néstor Kirchner se dictó un decreto de necesidad y urgencia para extender exenciones contributivas a las empresas que suscribieran el Convenio Colectivo Nº 40, que es el del transporte de cargas. El contralor de la salud de los choferes fue transferido al gremio, con la consiguiente remuneración. La Superintendencia de Salud fue puesta en manos de delegados de Moyano. La misma colonización se verificó en la Subsecretaría de Transporte. La influencia de Moyano se extendió hasta Aerolíneas Argentinas, presidida por el hijo de Héctor Recalde, el principal abogado y consejero del sindicalista.

El camionero no ocuparía la secretaría general de la CGT si no fuera porque Kirchner y el ministro Julio De Vido se encargaron de conseguir el apoyo de otros sindicalistas en las asambleas que debían elegirlo. Si la de Moyano es hoy la voz del movimiento obrero es gracias al ex presidente y a la Presidenta.

A contramano del proceso de democratización interna que se inició en 1983, el oficialismo repuso en la vida del PJ la preeminencia de la facción sindical. Moyano fue designado por Néstor Kirchner en la vicepresidencia primera del PJ nacional y en la vicepresidencia del PJ bonaerense. El fallecimiento del ex presidente y la enfermedad del vicegobernador Alberto Balestrini llevaron al gremialista a subir un escalón en ambas estructuras. Es desde esas posiciones que, cada vez que realiza una concentración, exige a la Presidenta una porción de poder político: el año pasado, en el estadio de River Plate, reclamó la jefatura del Estado "para un trabajador"; este año fue más modesto, pugnó por la vicepresidencia, y se preguntó: "¿Por qué no algunos diputados?".

Desde que llegó al poder, el kirchnerismo reemplazó el imperio de la ley por la capacidad de doblegar al otro por la fuerza. El jefe de la CGT es el más llamativo botón de muestra de un sistema que lo excede y que, cada vez con más dificultades, lo envuelve.

Los arrebatos sindicales son parientes cercanos de la intrusión en la intimidad de los ciudadanos a través de los servicios de inteligencia; de la persecución selectiva de los adversarios por parte de los organismos de recaudación y de control, o de la manipulación de parte de la Justicia para acorralar a quien se considera un enemigo. El mismo oficialismo que ahora se queja de Moyano consagró la práctica del piquete y del escrache como una lógica modélica.

La Presidenta advirtió demasiado tarde las extorsiones de Moyano. Necesitó sentir que el torniquete aprieta sobre su propia administración para denunciar que se trata de una deformación intolerable. En esa demora hay, por supuesto, algo de cinismo. No es lo más grave. Lo alarmante es que quien ejerce desde hace ya varios años una posición de liderazgo no haya tomado nota de que el camionero es una metáfora de un mal más difundido.

Lo que de verdad inquieta es que la Presidenta no comprenda que ese sindicalista es una manifestación estridente de que la Argentina se ha convertido, desde hace ya mucho tiempo, en el reino de la acción directa. Una sociedad en la cual quien está en condiciones de hacer tambalear el orden público prevalece sobre quien apenas tiene un derecho que esgrimir. Un país donde la ley se ve sustituida a diario por la fuerza.