La política se define en la Justicia
*Por Mario Fiore. Las noticias judiciales de la semana (que tienen a Boudou, Macri y Schoklender como protagonistas) son parte de la puja que se resolverá en 2015.
La atención se vuelve vertiginosamente sobre la Justicia. El Gobierno y quienes atinan a hacerle frente (atomizada y erráticamente) desde la oposición han puesto la mirada en los tribunales federales de todo el país para librar las batallas que en la política no pudieron resolver. Esta semana fue pródiga en novedades político-judiciales. El lunes se supo que un fiscal, Jorge Di Lello, imputó al vicepresidente Amado Boudou y a todo su entorno por enriquecimiento ilícito.
El martes el juez más amigo del kirchnerismo, Norberto Oyarbide, ordenó la detención de los hermanos Schoklender por desvíos de fondos realizados en la construcción de viviendas sociales cuando manejaban la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. El miércoles, el mismo juez elevó a juicio oral la causa en la que está imputado Mauricio Macri por escuchas ilegales.
Ese mismo día, el juez Ariel Lijo decidió unificar las dos causas que tenía su juzgado sobre Boudou, la que heredó del desplazado Daniel Rafecas donde se investiga si el entonces ministro de Economía favoreció a empresarios amigos para que se hagan cargo de la ex imprenta Ciccone (que hoy imprime los billetes de 100 pesos y tiene un contrato millonario con el Estado) y la segunda donde todo el círculo íntimo del Vicepresidente está acusado de enriquecimiento ilícito.
Pero esto no fue todo. Como derivado de la primera de las causas que pesan sobre Boudou, el llamado caso Ciccone, esta semana el Senado comenzó a analizar el pliego de Daniel Reposo, el hombre que la Presidenta propuso como jefe de todos los fiscales del país quien, si tiene el aval de la Cámara alta, remplazará a Esteban Righi, una de las primeras víctimas que se cargó el Vicepresidente luego de que acusó a su estudio de abogados de tráfico de influencias judiciales. Reposo genera rechazos en casi todas las organizaciones de abogados del país y en la Justicia consideran una afrenta que un hombre sin trayectoria jurídica sea propuesto para comandar el Ministerio Público.
A primera vista, las noticias judiciales del miércoles último serían todas positivas para la Casa Rosada, pero como ninguna de las causas es cosa juzgada, habrá que esperar su seguramente lenta resolución. Repasemos: Macri a punto de ir a juicio; los Schoklender presos y su mentora, Hebe de Bonafini, sin imputaciones; el fiscal Carlos Rívolo, quien acorraló con pruebas a Boudou en la causa Ciccone, corrido de la investigación por el juez Lijo (quien al unificar las dos causas dejó a Di Lello como único fiscal).
Recordemos que Rívolo fue quien allanó un departamento de Puerto Madero que Boudou alquila a un ciudadano argentino que vive en Europa, en el cual se encontraron pruebas materiales que indican que quien realmente habitaba el inmueble es Alejandro Vandenbroele, el monotributista que maneja la nueva Ciccone (beneficiada por decisiones de Boudou y la AFIP para levantar una quiebra durante 2010), a quien el Vicepresidente jura no haber visto ni en fotos. Sólo faltó ese día que algún enemigo de la Casa Rosada intra-peronismo se viera comprometido por una decisión judicial.
Quien tiene varios flancos abiertos es Hugo Moyano, pero no es el único sindicalista que tiene causas judiciales que, de tener por estas horas avances, podrían generar mucho ruido en un momento político muy delicado ya que se están cerrando las paritarias y está en ebullición la pelea por la nueva conducción de la CGT.
La sintonía fina, por usar la metáfora del ajuste que usa la Presidenta, llegó a los tribunales. Muchas de las grandes peleas que tiene el Gobierno, contra quienes considera sus enemigos, se dirimen en los juzgados, desde la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la intervención judicial dictada por el juez mendocino Walter Bento, a pedido de Daniel Vila y José Luis Manzano, sobre la empresa Cablevisión (Grupo Clarín), que por decisión de Néstor Kirchner en 2007 se fusionó con Multicanal.
Entre tantas novedades judiciales, esta semana pasó casi desapercibida la visita que hizo el titular de la Anses, Diego Bossio, al Congreso. El joven economista recordó a los legisladores de todos los bloques que la Presidenta quería que se terminaran -por ley- los regímenes especiales de jubilación que tienen algunos sectores. Pero se enfocó básicamente en el que tienen jueces y funcionarios judiciales. Entre otras cosas, Bossio dijo que el juez jubilado que más gana cobra 67 mil pesos y que en promedio, los magistrados se retiran con haberes de 22 mil pesos.
"Esto significa que cobran diez veces más que un jubilado que percibe la media general (que es de 2.230 pesos)". Además, Bossio pidió a los senadores y diputados que elaboren leyes para evitar que los magistrados del fuero laboral dejen de ordenar actualizaciones de las jubilaciones sin contemplar el impacto económico de las mismas. "Se han transformado en co-legisladores", sostuvo.
La oposición se quedó bien impresionada por el economista K, pero persistió la sensación de que la Presidenta no enviará por ahora ninguna ley para acabar con los "regímenes de privilegio" de los magistrados y que la visita de Bossio fue sólo un foto más de la presión gubernamental contra el Poder Judicial. Sí tiene forma de proyecto de ley, en cambio, una propuesta para limitar las medidas cautelares que los jueces dictan contra el Estado cuando un particular solicita un amparo.
Los cinco diputados K más avezados en materia constitucional presentaron la iniciativa hace dos meses y están esperando el momento oportuno para transformarla en ley. Así, quedarán limitadas las medidas de no innovar que frenaron, por ejemplo, el primer decreto por el cual el Tesoro usó las reservas del Banco Central para pagar deuda o la transferencia de los subtes a la Capital Federal.
Como telón de fondo, comienzan a darse prematuramente las peleas por las elecciones generales de 2015 que encontrarán a la Presidenta inhabilitada para un nuevo período salvo que se cambie la Constitución. La puja por la sucesión, dentro del peronismo, será una auténtica batalla por el poder real. El cristinismo es consciente de que deberá construir un sucesor o un plan re-eleccionista, pero mientras tanto se está encargando de sembrar espinas en el camino de sus posibles rivales y las noticias judiciales de esta semana son apenas un ejemplo de esto.
El martes el juez más amigo del kirchnerismo, Norberto Oyarbide, ordenó la detención de los hermanos Schoklender por desvíos de fondos realizados en la construcción de viviendas sociales cuando manejaban la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. El miércoles, el mismo juez elevó a juicio oral la causa en la que está imputado Mauricio Macri por escuchas ilegales.
Ese mismo día, el juez Ariel Lijo decidió unificar las dos causas que tenía su juzgado sobre Boudou, la que heredó del desplazado Daniel Rafecas donde se investiga si el entonces ministro de Economía favoreció a empresarios amigos para que se hagan cargo de la ex imprenta Ciccone (que hoy imprime los billetes de 100 pesos y tiene un contrato millonario con el Estado) y la segunda donde todo el círculo íntimo del Vicepresidente está acusado de enriquecimiento ilícito.
Pero esto no fue todo. Como derivado de la primera de las causas que pesan sobre Boudou, el llamado caso Ciccone, esta semana el Senado comenzó a analizar el pliego de Daniel Reposo, el hombre que la Presidenta propuso como jefe de todos los fiscales del país quien, si tiene el aval de la Cámara alta, remplazará a Esteban Righi, una de las primeras víctimas que se cargó el Vicepresidente luego de que acusó a su estudio de abogados de tráfico de influencias judiciales. Reposo genera rechazos en casi todas las organizaciones de abogados del país y en la Justicia consideran una afrenta que un hombre sin trayectoria jurídica sea propuesto para comandar el Ministerio Público.
A primera vista, las noticias judiciales del miércoles último serían todas positivas para la Casa Rosada, pero como ninguna de las causas es cosa juzgada, habrá que esperar su seguramente lenta resolución. Repasemos: Macri a punto de ir a juicio; los Schoklender presos y su mentora, Hebe de Bonafini, sin imputaciones; el fiscal Carlos Rívolo, quien acorraló con pruebas a Boudou en la causa Ciccone, corrido de la investigación por el juez Lijo (quien al unificar las dos causas dejó a Di Lello como único fiscal).
Recordemos que Rívolo fue quien allanó un departamento de Puerto Madero que Boudou alquila a un ciudadano argentino que vive en Europa, en el cual se encontraron pruebas materiales que indican que quien realmente habitaba el inmueble es Alejandro Vandenbroele, el monotributista que maneja la nueva Ciccone (beneficiada por decisiones de Boudou y la AFIP para levantar una quiebra durante 2010), a quien el Vicepresidente jura no haber visto ni en fotos. Sólo faltó ese día que algún enemigo de la Casa Rosada intra-peronismo se viera comprometido por una decisión judicial.
Quien tiene varios flancos abiertos es Hugo Moyano, pero no es el único sindicalista que tiene causas judiciales que, de tener por estas horas avances, podrían generar mucho ruido en un momento político muy delicado ya que se están cerrando las paritarias y está en ebullición la pelea por la nueva conducción de la CGT.
La sintonía fina, por usar la metáfora del ajuste que usa la Presidenta, llegó a los tribunales. Muchas de las grandes peleas que tiene el Gobierno, contra quienes considera sus enemigos, se dirimen en los juzgados, desde la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la intervención judicial dictada por el juez mendocino Walter Bento, a pedido de Daniel Vila y José Luis Manzano, sobre la empresa Cablevisión (Grupo Clarín), que por decisión de Néstor Kirchner en 2007 se fusionó con Multicanal.
Entre tantas novedades judiciales, esta semana pasó casi desapercibida la visita que hizo el titular de la Anses, Diego Bossio, al Congreso. El joven economista recordó a los legisladores de todos los bloques que la Presidenta quería que se terminaran -por ley- los regímenes especiales de jubilación que tienen algunos sectores. Pero se enfocó básicamente en el que tienen jueces y funcionarios judiciales. Entre otras cosas, Bossio dijo que el juez jubilado que más gana cobra 67 mil pesos y que en promedio, los magistrados se retiran con haberes de 22 mil pesos.
"Esto significa que cobran diez veces más que un jubilado que percibe la media general (que es de 2.230 pesos)". Además, Bossio pidió a los senadores y diputados que elaboren leyes para evitar que los magistrados del fuero laboral dejen de ordenar actualizaciones de las jubilaciones sin contemplar el impacto económico de las mismas. "Se han transformado en co-legisladores", sostuvo.
La oposición se quedó bien impresionada por el economista K, pero persistió la sensación de que la Presidenta no enviará por ahora ninguna ley para acabar con los "regímenes de privilegio" de los magistrados y que la visita de Bossio fue sólo un foto más de la presión gubernamental contra el Poder Judicial. Sí tiene forma de proyecto de ley, en cambio, una propuesta para limitar las medidas cautelares que los jueces dictan contra el Estado cuando un particular solicita un amparo.
Los cinco diputados K más avezados en materia constitucional presentaron la iniciativa hace dos meses y están esperando el momento oportuno para transformarla en ley. Así, quedarán limitadas las medidas de no innovar que frenaron, por ejemplo, el primer decreto por el cual el Tesoro usó las reservas del Banco Central para pagar deuda o la transferencia de los subtes a la Capital Federal.
Como telón de fondo, comienzan a darse prematuramente las peleas por las elecciones generales de 2015 que encontrarán a la Presidenta inhabilitada para un nuevo período salvo que se cambie la Constitución. La puja por la sucesión, dentro del peronismo, será una auténtica batalla por el poder real. El cristinismo es consciente de que deberá construir un sucesor o un plan re-eleccionista, pero mientras tanto se está encargando de sembrar espinas en el camino de sus posibles rivales y las noticias judiciales de esta semana son apenas un ejemplo de esto.