La política al rescate
Puede que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni esté en lo cierto cuando jura que nunca se le había ocurrido que en al menos cinco de los departamentos que le pertenecen se practicara la prostitución y que, al enterarse, se haya sentido tan sorprendido como los demás, pero así y todo debería entender que le corresponde dar una explicación convincente de la situación anómala en que, es de suponer por descuido, se encuentra.
También debería entender que es natural que lo revelado por la organización no gubernamental La Alameda haya motivado un revuelo, ya que no es nada común que un miembro de la Corte Suprema de un país democrático se vea vinculado, aunque sólo fuera indirectamente, con una actividad tan inapropiada para un hombre que, por lo que representa, tiene que respetar en su vida personal pautas éticas muy rigurosas.
Sin embargo, hasta ahora Zaffaroni no ha hecho un intento serio por disipar las dudas legítimas planteadas por el asunto. Antes bien, se ha limitado a procurar hacer pensar que es la víctima inocente de una campaña sucia en su contra, actitud esta que comparten los muchos que se han puesto a defenderlo con su virulencia habitual, acusando a quienes se niegan a pasar por alto lo que en su opinión es un asunto meramente anecdótico de tratar de desprestigiar a un jurista supuestamente intachable. ¿Realmente creen que sería mejor que los medios optaran por autocensurarse como tantos hicieron durante el Proceso militar? Parecería que sí.
El que el escándalo protagonizado por Zaffaroni se haya politizado de manera tan flagrante es grave. Quiere decir que a demasiadas personas les importa mucho menos la autoridad moral de los jueces de la Corte Suprema que su presunta ubicación ideológica. De más está decir que, si Zaffaroni fuera un jurista de ideas conservadoras, los "progresistas" que están protestando contra la difusión de ciertos detalles sobre lo que sucedía en sus propiedades, y firmando solicitadas en que la atribuyen a la voluntad de los medios periodísticos cuya existencia les molesta de "conservar privilegios de dudoso origen", estarían reclamando su renuncia inmediata, tratando el asunto como una manifestación más de la hipocresía burguesa.
En otras palabras, el destino de Zaffaroni no dependerá de hechos concretos sino de su militancia política que, felizmente para él, ha sido últimamente del agrado de un sector influyente, uno que incluye al gobierno nacional, al que no le interesa en absoluto el prestigio de la Justicia como tal que, es innecesario decirlo, se ha visto perjudicado no sólo por las denuncias que se han formulado sino también por la politización impúdica del caso.
Muchos dan por descontado que, cuando un político, funcionario o juez insiste en que es blanco de "una campaña" conspirativa, es evidencia de su culpabilidad. Así, pues, a un jurista como Zaffaroni que, según sus partidarios, se destaca por su inteligencia y rectitud, le hubiera convenido mucho más reconocer que es lógico que tantos se hayan sentido desconcertados por lo ocurrido y que por lo tanto debe al país una explicación coherente. Por desgracia, su reacción ha sido otra.
En vez de esforzarse por convencer a la ciudadanía de que todo es consecuencia de malentendidos lamentables pero dadas las circunstancias naturales, eligió "victimizarse" como si confiara más en la capacidad para defenderlo de los militantes oficialistas que en su propia condición de jurista "brillante". Es posible que la estrategia así supuesta le ahorre un juicio político o la necesidad de renunciar por entender que, a pesar suyo y sin haber cometido ningún delito, se halla en una posición insostenible, pero no contribuirá en absoluto a asegurar su propio prestigio o aquel de la Corte Suprema de la que es el integrante mejor conocido.
Por el contrario, de resultas del escándalo de los prostíbulos se ha renovado el interés de los memoriosos en la trayectoria de quien fuera durante años un "juez del Proceso" que, entre otras cosas, había jurado por el estatuto confeccionado por la dictadura militar y, en sus escritos, había defendido posturas que son radicalmente distintas de las reivindicadas por el gobierno kirchnerista, además de haber sido, antes de entrar en la Corte, un evasor impositivo confeso que, para parafrasear al entonces senador radical Raúl Baglini, logró cambiar el traje a rayas del evasor por la toga a rayas.