La pista del dinero

Hay una intencionalidad obvia, aunque no manifiesta, en la cobertura de los diarios tradicionales sobre el affaire de los hermanos Juliá y el decomiso de 944 kilos de droga en España. El empeño está puesto en sostener que la Argentina es un colador donde nadie controla nada, y que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) es casi casi un cartel de la droga uniformado. No es motivo de esta columna analizar qué porcentaje de verdad contendría esta certeza aparente: hay evidencia suficiente en la investigación para determinar qué rol cumplieron (o dejaron de cumplir, mejor dicho) funcionarios de la FAA en el caso, sobre todo si se confirma que la droga se cargó en Morón (como anticipó Tiempo Argentino), y no en Ezeiza, como se sugirió apenas estalló el escándalo estival. Lo curioso es que sea este diario el único que menciona las redes políticas y comerciales que derivan del Challenger 604 de Medical Jet, la aeronave que transportó la cocaína hacia España. Claro que es importante saber, por ejemplo, que hubo un ingeniero, Alejandro Boffa, que se comunicó con los hermanos Juliá apenas el avión aterrizó en el aeropuerto de El Prat, el 2 de enero. No debe desconocerse tampoco que los hijos del brigadier menemista, según informes de la policía española, habrían hecho dos vuelos previos, con otra aeronave, llevando hacia la península cargamentos (alijos, los llaman los sabuesos antinarcóticos ibéricos) similares al descubierto. Pero esto no deja de ser una parte del todo, que sólo adquiere relevancia si el enfoque que prevalece busca sostener la idea –fantástica– de que un cartel colombiano opera en el riñón mismo de la seguridad aeroportuaria nacional, con impunidad garantizada desde altos niveles del Estado.
Este relato es legítimo, es tentador y es, también, muy útil para invisibilizar otra línea de investigación periodística: la que se circunscribe a la escena del crimen, donde fue hallada la prueba del delito (la cocaína), es decir, el Challenger 604. Hércules Poirot o el Padre Brown comenzarían por preguntarse quién es el verdadero dueño del narcojet. Y acá comienza una trama, que es prolijamente omitida hasta ahora.
La semana pasada, Tiempo Argentino reveló que Gustavo Juliá comparte abogado con Luis Barrionuevo. Antes se había consignado que durante la gestión barrionuevista en el PAMI, Medical Jet era habitual proveedora, mientras Juliá –en una actitud incompatible– se desempeñaba como funcionario del mismo organismo, hasta que Néstor Kirchner lo despidió. Hay documentos de la justicia electoral que comprueban que la misma empresa de los Juliá hizo aportes a la campaña del gastronómico; y hasta Luis Barrionuevo y su mujer, Graciela Camaño, admitieron que usaban seguido sus servicios aéreos.
Esto no involucra a Barrionuevo en la comisión de ningún delito vinculado con el contrabando de drogas. El azar a veces propone estos juegos sin que signifiquen nada. Sin embargo, una cosa es reconocer que el destino suele divertirse con las coincidencias y otra ignorar que estas existan.
Por ejemplo, Tiempo Argentino accedió, en exclusiva, a la lista de pasajeros del último vuelo a Mar del Plata del Challenger, registrado el 7 de diciembre de 2010, que fue el bautismo de la nave en la Argentina. Allí viajaron Gustavo Juliá, Diego Bucking, Mariano Pinciroli, Horacio Raúl Ferro Méndez, Claudio Burgueño, María Alonso y Rodolfo Alonso. El jet llegó a las 14:15 al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, procedente de la Base Aérea de Morón, y decoló hacia la ciudad balnearia a las 15:08. Por ahora, se desconocen los motivos del vuelo. Lo que sí se sabe es que Bucking es un joven abogado de 28 años. Que Ferro Méndez es un hombre bien relacionado en el ambiente sindical, más precisamente con Barrionuevo y Amadeo Genta, del SUTECBA, y que ahora asesora legalmente a Gustavo Juliá. Que Pinciroli, curiosamente, es otro de los abogados a los que el jefe gastronómico recurre cuando se presentan problemas judiciales. Que los Alonso son una familia ligada al negocio de la medicina, tanto desde la función pública como por sus emprendimientos privados. En 2002, hombre ducho en cuestiones sanitarias, fue designado por Eduardo Duhalde, gerente de la Administración de Programas Especiales (APE), el área que lleva adelante el control de los fondos de las obras sociales. Un dato más: cuando se dispuso la intervención de La Bancaria, la obra social del gremio que encabezaba Juan José Zanola antes de ser detenido y procesado, Alonso fue nombrado "interventor informante". Cosas del destino, en ese momento, el abogado querellante no era otro que Pinciroli. Azar puro.
Volviendo a Rodolfo Alonso, hoy es vicepresidente de la empresa Emprendimientos Médicos Hospitalarios SA, que cuenta con su sanatorio central en suelo marplatense. En cuanto a Claudio Burgueño, su presencia se limita al hecho de ser quien piloteaba el jet. El mismo que días después aterrizó en El Prat con 944 kilos de cocaína.
Como en toda historia policial, y la del Challenger 604 no sólo lo es, sino que además reviste apasionantes ribetes, el enigma se va descubriendo en etapas.
Hay un hecho objetivo: un avión con droga. Se supone que los Juliá lo adquirieron en leassing, a nombre de una empresa cuyos integrantes no son fácilmente rastreables. Tuvieron que poner una suma importante, casi medio millón de dólares, y comprometerse a pagar cuotas eternas. Alejandro Stojadinovic, un empresario aerocomercial, aparece mencionado con alguna participación en ese acuerdo. Su nombre lo puso a rodar Miguel Fonrouge, copiloto del vuelo que trajo el avión a la Argentina, para entregárselo a los Juliá.
Entre lo investigadores, sin embargo, se sospecha de un importante prestamista, que habría acercado el dinero inicial para la compra. Se trataría de una persona de extrema confianza de los Juliá que pensaba descontar la plata adelantada usando a futuro el jet como taxi aéreo. Quizá durante la campaña electoral.
Tal vez esto explique por qué se habla tanto de la ausencia de controles y nada, o casi nada de la pista del dinero.