La paradoja del control K
*Por Mario Fiore. El Gobierno interviene con Moreno en el mercado de divisas y de importaciones. Pero no vigila lo que los empresarios amigos...
... hacen con los subsidios y hace caso omiso de los pedidos de informes de la oposición.
El kirchnerismo está lleno de paradojas, por eso su gran afición fue en los últimos tres o cuatro años la construcción de un "relato" oficial que pudiera hacer convivir las más indisimulables contradicciones internas con una voz épica que gritara que la política ha vuelto, que un nuevo país más justo se está construyendo y que, para ello, hay que pisar cabezas de todos los grupos de poder habidos y por haber, salvo de los que estratégicamente sean socios del Gobierno.
Hoy asistimos a una nueva paradoja K, que se presenta como novedosa porque funciona como un orificio en ese relato épico que desde la Presidencia para abajo todos reproducen en el Gobierno.
Se trata de un choque entre la obsesión oficial por controlar e intervenir en todos los eslabones de la economía (para sostener el superávit comercial evitando la fuga de dólares y pisar una inflación que amenaza "el modelo"), contra la vista gorda de la que el propio Gobierno ha hecho culto cuando se trata de controlar los negocios concesionados a sus amigos.
Esta obsesión por el control del "otro" se dejó ver también en la ley anti-terrorista sancionada por el oficialismo en diciembre, que permite a un juez interpretar como terrorista una protesta social y también quedó expuesta en las controvertidas acciones de "espionaje" de Gendarmería en los conflictos gremiales.
Cristina Fernández inventó el término "sintonía fina" para corregir los errores y desidia que los gobiernos de su esposo y de ella misma arrastraron por años en temas clave como la política energética o de transporte, que hoy crujen por todos lados.
Como ya no tiene un genuino superávit fiscal y no quedan cajas a las que echar mano para sostener el ritmo del gasto público, las consecuencias políticas ahora debe enfrentarlas sola, por más que busque culpables entre los capitalistas y políticos que su esposo y ella recrearon durante ocho años y los señale como los nuevos malos de la película.
La tragedia del tren siniestrado en Once, con sus 51 muertos, puso al desnudo el caos de los subsidios al transporte y mostró la cara de los empresarios amigos del Gobierno. Miles de millones de pesos destinados al sostén de un pasaje subsidiado a precio de regalo para reactivar la economía y para que los trabajadores argentinos puedan viajar (ya que asistimos al fenómeno de empleados pobres, con sueldos largamente insuficientes) se sumaron a otros miles de millones de pesos que los empresarios mimados por la Casa Rosada no destinaron a las mejoras del sistema de trenes.
El Gobierno tuvo desde 2008 en sus manos los elementos para rescindir la concesión al grupo Cirigliano, que controla casi la mitad de los trenes del conurbano bonaerense, por su escasa inversión y la enorme cantidad de multas que acumuló año a año.
Pero los hermanos Cirigliano fueron hasta ahora socios tácticos del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien esperaba que fueran ellos los que incursionaran -con una empresa creada ad hoc- en la importación de combustible de Qatar.
El lunes, desde Rosario, la Presidente dijo que "tres años me llevó poner en marcha esta bendita tarjeta", en referencia a la SUBE, que trenes, colectivos y subtes porteños usan para cobrar sus pasajes y cuyos usuarios serán los únicos que mantendrán desde el 10 de marzo la tarifa subsidiada.
Cristina Fernández aseguró que es la única herramienta que su gobierno tiene a mano para controlar los subsidios. Sin embargo, fue la propia Secretaría de Transporte la que permitió que la tarjeta "Monedero" creciera primero y luego coexistiera con la SUBE, lo que demuestra que se pensó como un sistema de cobro electrónico para eliminar el trajín de las monedas y no como una herramienta de control de los subsidios a los empresarios "malos" que no invierten en trenes ni en nada.
La paradoja se repite con el grupo Petersen, comandado por uno de los banqueros favoritos de Néstor Kirchner, Enrique Eskenazi. Fue el ex presidente quien hizo entrar a Eskenazi a YPF gracias a férreas negociaciones con Madrid, permitiéndole pagar su paquete accionario -un 25%- con los dividendos de los primeros años de la operación de la compañía.
Ahora, Cristina descubrió que la inversión realizada por la petrolera es deficiente y que por eso la Argentina ha perdido su autonomía energética y debe destinar 9.000 millones de dólares a importar combustibles. Pero fue ella y su marido quienes permitieron a un empresario amigo no reinvertir los dividendos para que así pudiera comprar sus acciones a los españoles.
En rigor, el kirchnerismo nunca se sintió cómodo con los controles a su gestión, no sólo los realizados por la oposición sino incluso los que envían a ministros y secretarios de Estado, funcionarios de carrera de las áreas más sensibles.
Como se sabe, la Auditoría General de la Nación (AGN) elevó varios informes demoledores contra los trenes del grupo Cirigliano que no fueron tenidos en cuenta por De Vido. Por eso muchos sectores de la oposición se mostraron irritados cuando el propio Gobierno se presentó ante la Justicia para que ésta lo tome como querellante en la causa por la tragedia de Once.
De hecho, ayer la Presidente dijo que los "insumos" que tiene la AGN, que depende del Congreso y comanda el radicalismo, los brindó la Administración Central, lo que demuestra que el Gobierno siempre supo del ruinoso estado de trenes y vías.
Se trata de una cultura política de no dar explicaciones que encuentra fundamento en la misma épica que grita que se está refundando el país y que del lado de enfrente están los "vende patria" a los que hay que anular por más que pidan informes de transparencia y calidad.
Sólo el ministro de Justicia, Julio Alak, suele frecuentar el Congreso nacional cuando diputados o senadores se lo solicitan. Los demás, consideran las invitaciones provenientes de otro poder del Estado como meras artimañas para derrocarlos.
Por otro lado, los pedidos de informes que hacen ONG y los propios legisladores caen muchas veces en saco roto pese a que hay un decreto de Acceso a la Información Pública firmado por la propia Presidente. La ley propuesta por la oposición en 2010 duerme el sueño de los justos.
Los informes de gestión que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe hacer bimestralmente al Congreso son esporádicos. En 2011, Aníbal Fernández -hoy senador- fue sólo una vez a la Cámara alta.
Por eso suena nuevamente paradójico que algunos oficialistas piensen en avanzar en una reforma constitucional que instaure el sistema parlamentario, donde el primer ministro debe asistir sí o sí, casi todas las semanas, a ambas Cámaras.
El kirchnerismo está lleno de paradojas, por eso su gran afición fue en los últimos tres o cuatro años la construcción de un "relato" oficial que pudiera hacer convivir las más indisimulables contradicciones internas con una voz épica que gritara que la política ha vuelto, que un nuevo país más justo se está construyendo y que, para ello, hay que pisar cabezas de todos los grupos de poder habidos y por haber, salvo de los que estratégicamente sean socios del Gobierno.
Hoy asistimos a una nueva paradoja K, que se presenta como novedosa porque funciona como un orificio en ese relato épico que desde la Presidencia para abajo todos reproducen en el Gobierno.
Se trata de un choque entre la obsesión oficial por controlar e intervenir en todos los eslabones de la economía (para sostener el superávit comercial evitando la fuga de dólares y pisar una inflación que amenaza "el modelo"), contra la vista gorda de la que el propio Gobierno ha hecho culto cuando se trata de controlar los negocios concesionados a sus amigos.
Esta obsesión por el control del "otro" se dejó ver también en la ley anti-terrorista sancionada por el oficialismo en diciembre, que permite a un juez interpretar como terrorista una protesta social y también quedó expuesta en las controvertidas acciones de "espionaje" de Gendarmería en los conflictos gremiales.
Cristina Fernández inventó el término "sintonía fina" para corregir los errores y desidia que los gobiernos de su esposo y de ella misma arrastraron por años en temas clave como la política energética o de transporte, que hoy crujen por todos lados.
Como ya no tiene un genuino superávit fiscal y no quedan cajas a las que echar mano para sostener el ritmo del gasto público, las consecuencias políticas ahora debe enfrentarlas sola, por más que busque culpables entre los capitalistas y políticos que su esposo y ella recrearon durante ocho años y los señale como los nuevos malos de la película.
La tragedia del tren siniestrado en Once, con sus 51 muertos, puso al desnudo el caos de los subsidios al transporte y mostró la cara de los empresarios amigos del Gobierno. Miles de millones de pesos destinados al sostén de un pasaje subsidiado a precio de regalo para reactivar la economía y para que los trabajadores argentinos puedan viajar (ya que asistimos al fenómeno de empleados pobres, con sueldos largamente insuficientes) se sumaron a otros miles de millones de pesos que los empresarios mimados por la Casa Rosada no destinaron a las mejoras del sistema de trenes.
El Gobierno tuvo desde 2008 en sus manos los elementos para rescindir la concesión al grupo Cirigliano, que controla casi la mitad de los trenes del conurbano bonaerense, por su escasa inversión y la enorme cantidad de multas que acumuló año a año.
Pero los hermanos Cirigliano fueron hasta ahora socios tácticos del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien esperaba que fueran ellos los que incursionaran -con una empresa creada ad hoc- en la importación de combustible de Qatar.
El lunes, desde Rosario, la Presidente dijo que "tres años me llevó poner en marcha esta bendita tarjeta", en referencia a la SUBE, que trenes, colectivos y subtes porteños usan para cobrar sus pasajes y cuyos usuarios serán los únicos que mantendrán desde el 10 de marzo la tarifa subsidiada.
Cristina Fernández aseguró que es la única herramienta que su gobierno tiene a mano para controlar los subsidios. Sin embargo, fue la propia Secretaría de Transporte la que permitió que la tarjeta "Monedero" creciera primero y luego coexistiera con la SUBE, lo que demuestra que se pensó como un sistema de cobro electrónico para eliminar el trajín de las monedas y no como una herramienta de control de los subsidios a los empresarios "malos" que no invierten en trenes ni en nada.
La paradoja se repite con el grupo Petersen, comandado por uno de los banqueros favoritos de Néstor Kirchner, Enrique Eskenazi. Fue el ex presidente quien hizo entrar a Eskenazi a YPF gracias a férreas negociaciones con Madrid, permitiéndole pagar su paquete accionario -un 25%- con los dividendos de los primeros años de la operación de la compañía.
Ahora, Cristina descubrió que la inversión realizada por la petrolera es deficiente y que por eso la Argentina ha perdido su autonomía energética y debe destinar 9.000 millones de dólares a importar combustibles. Pero fue ella y su marido quienes permitieron a un empresario amigo no reinvertir los dividendos para que así pudiera comprar sus acciones a los españoles.
En rigor, el kirchnerismo nunca se sintió cómodo con los controles a su gestión, no sólo los realizados por la oposición sino incluso los que envían a ministros y secretarios de Estado, funcionarios de carrera de las áreas más sensibles.
Como se sabe, la Auditoría General de la Nación (AGN) elevó varios informes demoledores contra los trenes del grupo Cirigliano que no fueron tenidos en cuenta por De Vido. Por eso muchos sectores de la oposición se mostraron irritados cuando el propio Gobierno se presentó ante la Justicia para que ésta lo tome como querellante en la causa por la tragedia de Once.
De hecho, ayer la Presidente dijo que los "insumos" que tiene la AGN, que depende del Congreso y comanda el radicalismo, los brindó la Administración Central, lo que demuestra que el Gobierno siempre supo del ruinoso estado de trenes y vías.
Se trata de una cultura política de no dar explicaciones que encuentra fundamento en la misma épica que grita que se está refundando el país y que del lado de enfrente están los "vende patria" a los que hay que anular por más que pidan informes de transparencia y calidad.
Sólo el ministro de Justicia, Julio Alak, suele frecuentar el Congreso nacional cuando diputados o senadores se lo solicitan. Los demás, consideran las invitaciones provenientes de otro poder del Estado como meras artimañas para derrocarlos.
Por otro lado, los pedidos de informes que hacen ONG y los propios legisladores caen muchas veces en saco roto pese a que hay un decreto de Acceso a la Información Pública firmado por la propia Presidente. La ley propuesta por la oposición en 2010 duerme el sueño de los justos.
Los informes de gestión que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe hacer bimestralmente al Congreso son esporádicos. En 2011, Aníbal Fernández -hoy senador- fue sólo una vez a la Cámara alta.
Por eso suena nuevamente paradójico que algunos oficialistas piensen en avanzar en una reforma constitucional que instaure el sistema parlamentario, donde el primer ministro debe asistir sí o sí, casi todas las semanas, a ambas Cámaras.