La onda expansiva del caso Schoklender

Una es: ¿Hasta dónde llegará la onda expansiva? La otra también se cae de madura, ¿cuánto salpicará a Hebe de Bonafini la investigación judicial? Y la tercera, de fondo, es ¿seguirá, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, blindada como hasta ahora? Los comunicadores de la administración encontraron una salida de manual: despegar a Hebe y defender la investigación judicial contra su ex protegido. La otra salida, la judicial, parece encaminarse hacia la misma dirección. Tanto el fiscal Jorge Di Lello como el juez Norberto Oyarbide están muy preocupados en averiguar si, en efecto, Schoklender defraudó a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Casi tanto más que en saber quiénes y cómo distribuyeron los fondos, y qué tipos de controles se realizaron en el camino.
Hay una evidencia que salta a primera vista. Los emprendimientos de Sueños Compartidos, y todas las acciones de las Madres financiadas por el Estado no eran pasibles de auditorías oficiales ni de preguntas incómodas. De hecho, la escandalosa contabilidad de la fundación era un dato conocido desde hace por lo menos tres años. Lo sabía Néstor Kirchner, lo sabía la presidenta Cristina Fernández y también el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. A éste último, la propia Hebe de Bonafini le ofreció hacerse cargo del desaguisado ni bien renunció a su puesto en el gobierno, el 23 de julio de 2009. Fernández, antes de contestar, pidió que le mostraran los números. Tardó menos de veinticuatro horas en responder que tenía demasiado trabajo con su flamante consultora. La designación de la ex ministra de Economía Felisa Miceli fue por descarte. La verdad es que nadie quería agarrar semejante papa caliente, porque casi todos sabían que tarde o temprano ‘la bomba’ podía llegar a estallar.
El otro problema es que es muy probable que la presidenta de Madres no fuera la beneficiaria de las maniobras financieras que le adjudican a quien fuera su protegido. Los que la conocen sostienen que Hebe sigue viviendo en la misma casa y de la misma forma austera de siempre. Sin embargo, la firma de Bonafini aparece en casi todos los documentos y las aceptaciones de las millonarias partidas para construir casas y recibir diferentes tipos de subsidios. ¿Podrá, en este caso, el juez Oyarbide, presentar las cosas de manera que no salpiquen a una de las dirigentes más emblemáticas de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo?
Para responder la pregunta de fondo habrá que esperar. Desde la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre pasado, la imagen de Cristina Fernández y su intención de voto no dejaron de crecer. Solo empezó a caer, pero muy poco, con los incidentes del Indoamericano. Los infantiles errores de la oposición cristalizaron la supremacía, y todavía no hay ningún indicio que pueda hacer pensar que el triunfo del Frente para la Victoria corre peligro si al final la presidenta hace lo que todos esperan que haga: postularse para la reelección. ¿Hasta cuándo perdurará el denominado ‘voto emoción’ que hoy le permite a la jefa de Estado contar con una intención de voto superior al 40 por ciento? ¿Cuándo será el momento en que deje de ser vista como una mujer afectada por el dolor a la que hay que ayudar e incluso votar para empezar a ser considerada como una dirigente más, con sus defectos, sus virtudes, y la ambición por continuar en el poder?
Nadie tiene una respuesta contundente. La mayoría de los encuestadores sostienen que el aura puede durar, sin problemas, hasta la fecha de las elecciones, incluso todavía más. Una minoría supone que se desvanecerá después del resultado electoral, que consideran favorable. Y un sociólogo que no le acerca encuestas al gobierno está muy ansioso para saber cómo reaccionarán los electores después de semejante escándalo y luego del acuerdo de Ricardo Alfonsín con Francisco De Narváez y Javier González Fraga.
Faltan más de cuatro meses para las elecciones presidenciales. Nada, en la Argentina, puede estar escrito con semejante anticipación.