La Mesa tira el lazo
* Por Martín Granovsky. La pulseada comienza hoy. O, en todo caso, la Mesa de Enlace busca que el Gobierno recoja el guante y libre un duelo como si el país estuviera en la crisis de 2008.
La apuesta de la gremial ruralista es tirar el lazo y que haya pulseada sí o sí. Y que tenga escala nacional.
Hasta ahora, al menos, ni el gobierno nacional ni el gobierno bonaerense de Daniel Scioli parecen dispuestos a repetir el 2008 ni en el discurso ni en el nivel de confrontación. Más bien optan por señalar algunos números. Para el diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino, por ejemplo, la descripción contiene estos puntos:
- Dice que el 62 por ciento del total de partidas inmobiliarias rurales no sufrirá cambios de valuación.
- Pide que se reconozca la diferenciación entre el sudeste de Buenos Aires, donde la unidad productiva es de 400 o 500 hectáreas, y Pergamino, por caso, donde a su juicio la unidad productiva ideal tiene un piso de 80 a 100 hectáreas.
- Según Lorenzino, por debajo de esas superficies se hallan los que ubica dentro de los pequeños productores.
- Destaca que ARBA, la agencia provincial de recaudación impositiva, va a afinar sus cálculos por regiones y que comenzará a estudiar la incidencia impositiva y la ganancia mínima presunta de quienes arriendan y la operatoria de los pools de siembra.
El cálculo oficial, si hoy fuera el primer día del año, es que 2012 debería terminar redondeando una recaudación, por revalúo, de 450 millones de pesos.
Hasta donde pudo establecer este diario no hay, todavía, un conocimiento preciso por parte del Estado provincial y del nacional de cómo el revalúo afectará el impuesto al patrimonio, con alícuotas que funcionan por encima de los 300 mil pesos. Muchas de las extensiones más grandes están en manos de sociedades anónimas, que como no son personas físicas, con nombre y apellido, están exentas del impuesto patrimonial.
El paro que comienza hoy no sólo es la búsqueda de una pulseada. También se trata de un precalentamiento. Por el sistema de envío de boletas en la provincia de Buenos Aires (cinco al año), los papeles con los nuevos valores llegarán en julio. Y volverán a llegar a manos de los productores en septiembre. El mes que viene, pues, será el escenario para el conflicto buscado por la Mesa de Enlace.
Si la nacionalización del revalúo bonaerense es una meta de los ruralistas, sus mensajes de los últimos días, sobre todo por boca de Hugo Luis Biolcati, muestran la búsqueda de que la Mesa de Enlace se convierta otra vez en la representante de la bronca de un sector de la clase media. Ahora el odio podría venir del síndrome de abstinencia que provoca la dificultad de comprar dólares para franjas influyentes tanto en ciudades de entre 50 o 100 mil habitantes como en los grandes centros urbanos.
En 2008 el gobierno nacional planteó el conflicto como un enfrentamiento con lo que denominó "oligarquía". Del mismo modo que la resolución original de retenciones móviles, la famosa 125, no distinguió de verdad entre sectores sociales dentro de los propietarios rurales, tampoco lo hizo la estrategia política. Por eso la Mesa de Enlace, hasta entonces carente de representatividad, se hizo representativa y los grandes medios la bendijeron como una herramienta de castigo al Gobierno.
En 2008 el kirchnerismo eligió una táctica que después abandonaría: criticar a los sectores agrarios por su carácter de patronales. Era una contradicción con una política que no es anticapitalista sino de reforma con una búsqueda simultánea de mayores márgenes de justicia social. La otra cara del 2008 fue que la falta de intervención oficial en la cadena de valor hizo que las grandes exportadores de cereales y aceites, como Bunge, Aceitera General Deheza y Cargill, terminaran por apropiarse no solo de una parte de la renta que corresponde al Estado sino también de ganancias de los productores.
Como informó Página/12, desde 2009 la AFIP se propuso cobrar 800 millones de esa renta y ya superó los 350 millones de dólares. Si el Estado termina de recuperar dinero que le corresponde porque su pago fue eludido con maniobras irregulares en la declaración de exportaciones y, a la vez, avanza sobre la cadena de valor, se hará de dólares que necesita y ganará legitimidad ante los productores. También pagará menos costos si evita la táctica y el discurso del 2008 y, por el contrario, se recuesta en el tono práctico que adoptaron la propia Presidenta y el Ministerio de Agricultura desde que fue creado y quedó al frente al actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
Nacionalizar el conflicto, agudizarlo y ampliar la base social es el objetivo de la Mesa de Enlace. El desafío simétrico que se les plantea al Estado y al oficialismo es dar con la táctica adecuada para evitar un duelo que parece no convenirles. Es una buena oportunidad para examinar lo que pasa dendeveras en el mundo rural, para estudiar cómo se forman las rentas y las rentas extraordinarias y para que el Estado aplique otra vez, como con TBA y con YPF, el criterio de que hay algo peor que cambiar tarde: no cambiar.
Hasta ahora, al menos, ni el gobierno nacional ni el gobierno bonaerense de Daniel Scioli parecen dispuestos a repetir el 2008 ni en el discurso ni en el nivel de confrontación. Más bien optan por señalar algunos números. Para el diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino, por ejemplo, la descripción contiene estos puntos:
- Dice que el 62 por ciento del total de partidas inmobiliarias rurales no sufrirá cambios de valuación.
- Pide que se reconozca la diferenciación entre el sudeste de Buenos Aires, donde la unidad productiva es de 400 o 500 hectáreas, y Pergamino, por caso, donde a su juicio la unidad productiva ideal tiene un piso de 80 a 100 hectáreas.
- Según Lorenzino, por debajo de esas superficies se hallan los que ubica dentro de los pequeños productores.
- Destaca que ARBA, la agencia provincial de recaudación impositiva, va a afinar sus cálculos por regiones y que comenzará a estudiar la incidencia impositiva y la ganancia mínima presunta de quienes arriendan y la operatoria de los pools de siembra.
El cálculo oficial, si hoy fuera el primer día del año, es que 2012 debería terminar redondeando una recaudación, por revalúo, de 450 millones de pesos.
Hasta donde pudo establecer este diario no hay, todavía, un conocimiento preciso por parte del Estado provincial y del nacional de cómo el revalúo afectará el impuesto al patrimonio, con alícuotas que funcionan por encima de los 300 mil pesos. Muchas de las extensiones más grandes están en manos de sociedades anónimas, que como no son personas físicas, con nombre y apellido, están exentas del impuesto patrimonial.
El paro que comienza hoy no sólo es la búsqueda de una pulseada. También se trata de un precalentamiento. Por el sistema de envío de boletas en la provincia de Buenos Aires (cinco al año), los papeles con los nuevos valores llegarán en julio. Y volverán a llegar a manos de los productores en septiembre. El mes que viene, pues, será el escenario para el conflicto buscado por la Mesa de Enlace.
Si la nacionalización del revalúo bonaerense es una meta de los ruralistas, sus mensajes de los últimos días, sobre todo por boca de Hugo Luis Biolcati, muestran la búsqueda de que la Mesa de Enlace se convierta otra vez en la representante de la bronca de un sector de la clase media. Ahora el odio podría venir del síndrome de abstinencia que provoca la dificultad de comprar dólares para franjas influyentes tanto en ciudades de entre 50 o 100 mil habitantes como en los grandes centros urbanos.
En 2008 el gobierno nacional planteó el conflicto como un enfrentamiento con lo que denominó "oligarquía". Del mismo modo que la resolución original de retenciones móviles, la famosa 125, no distinguió de verdad entre sectores sociales dentro de los propietarios rurales, tampoco lo hizo la estrategia política. Por eso la Mesa de Enlace, hasta entonces carente de representatividad, se hizo representativa y los grandes medios la bendijeron como una herramienta de castigo al Gobierno.
En 2008 el kirchnerismo eligió una táctica que después abandonaría: criticar a los sectores agrarios por su carácter de patronales. Era una contradicción con una política que no es anticapitalista sino de reforma con una búsqueda simultánea de mayores márgenes de justicia social. La otra cara del 2008 fue que la falta de intervención oficial en la cadena de valor hizo que las grandes exportadores de cereales y aceites, como Bunge, Aceitera General Deheza y Cargill, terminaran por apropiarse no solo de una parte de la renta que corresponde al Estado sino también de ganancias de los productores.
Como informó Página/12, desde 2009 la AFIP se propuso cobrar 800 millones de esa renta y ya superó los 350 millones de dólares. Si el Estado termina de recuperar dinero que le corresponde porque su pago fue eludido con maniobras irregulares en la declaración de exportaciones y, a la vez, avanza sobre la cadena de valor, se hará de dólares que necesita y ganará legitimidad ante los productores. También pagará menos costos si evita la táctica y el discurso del 2008 y, por el contrario, se recuesta en el tono práctico que adoptaron la propia Presidenta y el Ministerio de Agricultura desde que fue creado y quedó al frente al actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
Nacionalizar el conflicto, agudizarlo y ampliar la base social es el objetivo de la Mesa de Enlace. El desafío simétrico que se les plantea al Estado y al oficialismo es dar con la táctica adecuada para evitar un duelo que parece no convenirles. Es una buena oportunidad para examinar lo que pasa dendeveras en el mundo rural, para estudiar cómo se forman las rentas y las rentas extraordinarias y para que el Estado aplique otra vez, como con TBA y con YPF, el criterio de que hay algo peor que cambiar tarde: no cambiar.