La lucha por la tierra y la vivienda en épocas de pandemia

Eduardo Belliboni

Dirigente y vocero del Polo Obrero.

En las últimas semanas se vienen produciendo tomas de tierras y ocupaciones que recorren la geografía nacional y han desatado un debate en los medios y se ha instalado en la agenda política.

El fenómeno no es nuevo, pero sin embargo está ligado a causas antiguas y a otras más actuales y presentes a partir de la enorme crisis mundial que es anterior al Covid y que naturalmente se ha profundizado con la pandemia.

La crisis habitacional está en su pico más alto y se agrava con la caída de los ingresos por los despidos y la caída salarial imparable desde hace años, los alquileres por su lado no han parado de subir y redunda en el hacinamiento de varias generaciones viviendo en una misma casa o en un mismo terreno.

En ese marco no sorprende que hayan crecido las tomas de tierras y que por otro lado se levante una campaña reaccionaria de ciertos medios y un arco político donde no hay grietas y que va de Sergio Berni (un hombre del riñón de CFK) hasta Sergio Massa y por supuesto todo el macrismo para demonizar a los ocupantes.

Una historia de lucha por la tierra

Podemos decir que en la historia de los últimos 50 años las ocupaciones de tierra han sido la forma que encontraron las masas desposeídas para satisfacer la necesidad de la vivienda propia.

La “adquisición” de un pedazo de tierra para poder vivir de parte de los trabajadores con salarios más bajos, los precarizados, desocupados y los trabajadores no registrados, se realizó concretamente, en la historia de esa manera, buscar donde vivir, para una pareja joven de trabajadores es una tarea imposible y entonces aparece la posibilidad de ocupar un terreno generalmente abandonado durante décadas que nadie ha utilizado para ningún fin.

La ocupación de enormes predios son la respuesta desesperada de enormes contingentes de personas que arriesgar sus pocas pertenencias y hasta su integridad física para conseguir un pedazo de tierra donde vivir, esta desesperación es aprovechada por los punteros de los municipios para “vender” terrenos y hacer negocios con la necesidad de la gente, nunca ningún policía detuvo a estos delincuentes.

No podría ser de otra manera ya que el acceso a la tierra y a la vivienda es prácticamente imposible para sectores muy amplios de los trabajadores que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza y que no tienen ningún acceso al crédito ( “quien me dará un crédito, mi señor», decía Charly en los ’70).

Entre el 45 y el 50 % de los trabajadores está en “negro” o con trabajos no registrados, lo que deja al derecho a la vivienda y la tierra en un papel mojado.

La pandemia agravó todo esto, la desaparición de las changas, los despidos y la crisis económica ha dejado a familias, sobre todo jóvenes, sin poder pagar los alquileres que es casi la única forma de tener “el techo propio” y salir del hacinamiento en el que varias generaciones malviven en una sola casa.

En los fines de la década del ’70 la dictadura militar erradicó y desalojó con mano de acero barrios y asentamientos en la Capital, a punta de bayoneta y con camiones volcadores arrojó a cientos de miles de trabajadores en los alrededores de la Ciudad, en el conurbano bonaerense, en terrenos que eran inhabitables y por lo tanto invendibles.

Ya en los ’80 esas ocupaciones forzadas se convirtieron en barrios obreros y los trabajadores se organizaron y lucharon para su urbanización, luz, asfalto, agua fueron batallas para conquistar eso. Así cientos de miles conquistaron su derecho a la Tierra y se construyeron sus viviendas. Al tiempo se conquistaron las primeras leyes de expropiación para eso barrios impulsadas por las mismas comisiones vecinales.

En los ’90 el gobierno provincial de Duhalde largó una ley tierras de tenencia precaria, que planteaba una “Regularización Dominial o “Ley Pierri”, un régimen que permite regularizar su propiedad a los ocupantes de buena fe de inmuebles urbanos, destinados a vivienda única, que acrediten su ocupación con causa lícita, en forma pública, pacífica y continua, con anterioridad al 1° de enero de 1992” ( ley 24374).

Algunos de los requisitos eran: “destino excluyente para vivienda única y permanente No tener otras propiedades a Causa lícita de posesión, que no existan causas judiciales vigentes al inmueble”.

Recién luego de 10 años se podría iniciar, según la ley del puntero del PJ de La Matanza, el título de propiedad, pero le permitía de esa manera la Provincia cobrar los servicios e impuestos y valorizar tierras que años atrás eran inhabitables.

Una enorme segunda ola de ocupaciones de tierra se produjo en la crisis del 2001 y en la crisis previa de desocupación récord e hiperinflación. Es decir, en cada crisis los sectores más golpeados por las políticas de los gobiernos de los últimos 50 años han salido a resolver por la acción directa lo que los gobiernos no solo no resolvieron sino que la agravaron.

En efecto, la crisis del 2001 parió una devaluación y una política de exportaciones, sobre todo agropecuaria, de la mano de los altísimos precios internacionales de la soja, que expulsó a las poblaciones rurales pobres del campo y las arrojó a los bordes de las ciudades, creando barriadas precarias que se fueron organizando en torno a changas eventuales y trabajos precarios en los alrededores de las grandes ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

Enormes ocupaciones de tierra en el barrio “2 de Abril”, en Rafael Calzada, con más de 10.000 personas ocupando cientos de hectáreas de una enorme propiedad ociosa de la Iglesia católica, cuya extensión cruzaba ¡dos distritos!; en 1983, la ocupación y creación de barrios enormes a lo largo de toda la extensión del Camino Negro; la ocupación de los campos aledaños al Riachuelo en Lanús, desde el Puente La Noria hasta Valentín Alsina; la ocupación del campo Tongui en Lomas en el 2011/2013 con miles haciéndose de su propia tierra para vivir, entre otras y solo refiriéndonos al conurbano bonaerense, son una muestra de que la tierra y la vivienda no es un fenómeno actual y que clava sus raíces profundas en las necesidades insatisfechas de enormes masas trabajadoras y desposeídas de su salario, de su jubilación, de su trabajo y de lo que ha sido una política consciente de despojo, desalojos, desarraigos al servicio de la ganancia del capital.

La tercera gran ola la estamos empezando a vivir y las razones sobran

El déficit habitacional superaba las 3 millones y medio de familias antes de la pandemia y como ocurre con todos los indicadores sociales, seguramente se ha incrementado. El gobierno ha anunciado un plan que ni registra este cuadro y que está dictado por el ajuste y el sometimiento del presupuesto nacional al FMI.

El programa Argentina Construye, creado por el Gobierno Nacional y que ya cuenta con la adhesión de varias provincia y fue anunciado el mes pasado, supone una inversión de $28.000 millones. De acuerdo con información del Ministerio de Hábitat y Vivienda, el programa prevé la construcción de 5.500 viviendas y la continuidad de las 30.000 viviendas en las que estaba trabajando. ¡Apenas un 3 % del déficit habitacional! Menos que una gota de agua en el desierto, a este ritmo el déficit demoraría siglos en resolverse.

Por otro lado Grabois y la burocracia sindical de la Uocra, la de la Unión Ferroviaria y otros burócratas proponen un “plan Marshall criollo”, que es profundamente antiobrero: “… frente a la crisis de la sociedad salarial, es indispensable la creación del salario universal como sugirió el Papa Francisco en su carta pascual a los movimientos populares. En nuestra visión, se trata de un ingreso fijo mensual que permita a todo ciudadano mayor de edad la satisfacción de sus necesidades básicas a cambio de una contraprestación mensual de 32 horas de trabajo comunitario. Estas 320 millones de horas mensuales de trabajo, organizadas en un plan estratégico, posibilitarían transformar profundamente la Argentina y recuperar de verdad la cultura del trabajo … Asimismo, frente a la crisis de sobreurbanización, es fundamental desarrollar una política nacional de repoblamiento que permita una mejor distribución de nuestra población en el extenso y prodigioso territorio argentino. Nos sobra tierra para ofrecerle a cada familia una pequeña chacra o un lote para que pueda escribir su propia historia….” (ámbito, 2/9). Grabois coincide con la conductora Susana Giménez, que mandó a la gente al campo.

La precarización laboral se esconde en la llamada “economía social” y en un sometimiento al ajuste del FMI del gobierno de los Fernández, del que el hombre del Papa y la burocracia sindical forman parte, el desarraigo es disfrazado de “distribución de nuestra población” .

Más útil sería que Grabois le diga a su amigo Francisco que devuelva las tierras que “usurpa” la iglesia desde hace 500 años.

Un derecho que no se cumple es una reivindicación por la que hay que luchar

Hasta el artículo 14‐bis de la Constitución Argentina consagra el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país a una vivienda digna y de calidad y la cláusula 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se plantea la “obligatoriedad del poder público de generar las condiciones de acceso y el goce del derecho a la vivienda adecuada” .

Sin embargo nunca, bajo ningún gobierno, se garantizó para los trabajadores esos derechos, sino más bien todo lo contrario. Es decir, las ocupaciones de tierras son una lucha que han tenido que librar los trabajadores a los que no se les reconoce ese elemental derecho que es esencial y estratégico y que las masas desposeídas toman a en sus manos y a su modo.

Las organizaciones que luchamos en las barriadas obreras apoyamos esa lucha por la tierra en todas sus formas y contra los gobiernos que no garantizan ni un trabajo ni un pedazo de tierra para vivir.

Es necesario elaborar un programa con sindicatos, organizaciones sociales y políticas para elaborar un programa desde los trabajadores, que parta de la creación de un banco de tierras disponibles, la expropiación de la tierra ociosa o improductiva, el reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades originarias, por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio para la construcción 1 millón de viviendas populares, con los recursos del no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y a las grandes rentas.