La línea aérea de los amigos

Antes bien, se trata por lo común de cortesanos astutos o intrigantes duchos en el arte de enriquecerse aprovechando los favores oficiales, personas como Sergio Schoklender que, con habilidad llamativa, logró hacer de la alianza "estratégica" del gobierno kirchnerista con las Madres de Plaza de Mayo, convertidas éstas en gerentes de una constructora de viviendas supuestamente populares, una fuente casi inagotable de ingresos. También se han visto beneficiados por la voluntad kirchnerista de crear una "burguesía nacional" comprometida con su causa una serie de operadores mediáticos y, desde luego, los encargados actuales de Aerolíneas Argentinas, una empresa antes respetada que ha sido arruinada por una combinación de impericia administrativa por parte de personajes vinculados con La Cámpora, rapacidad sindical, politización insensata y, desde luego, casos de corrupción.

El conflicto más reciente que, como los anteriores, ha perjudicado gravemente a miles de pasajeros frustrados, de los que sólo algunos recibirán la indemnización correspondiente, se debe al enfrentamiento del gobierno nacional con la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA). Según los voceros oficiales, es debido a la negligencia o peor de APTA que la mitad de la flota de aviones de larga distancia no está en condiciones de volar, ya que los miembros del gremio son reacios a cumplir las tareas de mantenimiento, situación que el jefe del sindicato cuestionado, el ex subsecretario de Política Aerocomercial, Ricardo Cirielli, atribuye a la gestión defectuosa del presidente de la empresa, Mariano Recalde, un militante de La Cámpora que, para más señas, es hijo del abogado del mandamás de la CGT, el camionero Hugo Moyano, antecedentes que, por supuesto, resultaron ser más que suficientes como para hacer de él la persona idónea para asumir la responsabilidad por la administración de una gran empresa pública. En un intento de reafirmar su autoridad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó cancelar los vuelos internacionales, además de devolver el control aéreo a las Fuerzas Armadas, y pidió a la Justicia la suspensión de la personería gremial de APTA por estar detrás de un "paro encubierto". Aunque tales medidas sirvan para restaurar un simulacro de normalidad, sólo se tratará de una tregua breve ya que a esta altura nadie supone que sin reformas radicales Aerolíneas pueda funcionar con un grado aceptable de eficacia y previsibilidad, ya que son demasiados los intereses contrapuestos que están en juego.

Para el gobierno kirchnerista, fue muy fácil hacer de una empresa emblemática como Aerolíneas Argentinas una parte del botín político: por llevar la bandera nacional y porque algunas décadas atrás había gozado de una buena reputación entre los usuarios, a la mayoría no le gustaba la idea de dejarla en manos de la empresa española Marsans. Sin embargo, tanto los métodos empleados para convencer a los españoles de que les convendría abandonar el negocio como la decisión del gobierno de dar a sus aliados políticos una oportunidad para probar que eran administradores natos plenamente capaces de manejar una aerolínea con la eficiencia debida, transformándola en una empresa modelo, sirvieron para crear la situación caótica actual. Para que Aerolíneas Argentinas no caiga en bancarrota, los contribuyentes tendrían que aportarle dos millones de dólares cada día, pero parecería que nadie está en condiciones de aplacar la sed de los siete sindicatos que, con ánimo competitivo, se esfuerzan por obligar al gobierno a privilegiar sus intereses respectivos. Puede preverse entonces que Aerolíneas siga sorprendiendo a quienes se arriesguen a comprar pasajes dejándolos varados en Ezeiza u otros aeropuertos, que a cada tanto la presidenta se sienta constreñida a intervenir, y que los funcionarios, políticos, jefes sindicales y otros continúen intercambiando acusaciones tremendas.