La libertad de prensa, seriamente amenazada
En su última reunión, la SIP presentó dos resoluciones sobre la relación hostil del Gobierno con los medios privados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), institución que desde 1942 reúne a propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América, declaró 2011 como el año de la libertad de expresión, en un esfuerzo por poner este delicado tema en el candelero. Paradójicamente, días pasados, en ocasión del cierre de su sesión 67ª en Lima, Perú, debió reconocer que ha sido un período en el que las trabas, las agresiones, las amenazas y muertes de periodistas han aumentado de manera alarmante en todo el hemisferio.
Con la representación de 1300 publicaciones de las tres Américas, así como también socios europeos, se destacó en este prestigioso ámbito que los intentos por silenciar a la prensa libre han sido intensos y que se han valido de la violencia física, del crimen, de la impunidad, de las detenciones arbitrarias, de los ataques verbales y de la manipulación de la publicidad oficial, entre otros variados artilugios, al servicio de impedir la libre expresión y el libre acceso a la información.
La SIP advirtió que los medios libres y privados de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, Nicaragua y la Argentina son duramente hostilizados desde los respectivos gobiernos cuando se propugna el desarrollo de redes estatales y oficiales en su contra, al tiempo que expresó, a la luz de los hechos recientes, su seria preocupación por las derivaciones geopolíticas.
El informe presentado por Daniel Dessein, ex presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ante la Asamblea de la SIP, ahondó también en las turbulencias que atraviesa la libertad de prensa en nuestro país, aseverando, de forma enfática, que su defensa ha resultado una tarea poblada de obstáculos y riesgos. Reflejar y analizar la gestión del Gobierno con una mirada independiente requirió hacer frente a las abusivas intromisiones en el control de contenidos de los que los medios críticos son actualmente blanco, a los problemas que suscita la provisión de papel, la asignación de licencias, el manejo arbitrario de la publicidad oficial, las amenazas, así como las persecuciones administrativas y el hostigamiento fiscal. Toda una cruzada cotidiana.
Recordemos que una embajada de notables de la SIP visitó este año la Argentina para evaluar sin intermediarios la situación de la prensa local. La agenda incluyó contactos con miembros del Gobierno, con diarios colegas, miembros de partidos opositores, referentes de la opinión pública y organizaciones periodísticas que representan genuinamente a distintos sectores. De allí que las dos resoluciones especiales referidas a la Argentina, emanadas de la institución en ocasión de la Asamblea General de estos días, surgen de un acabado conocimiento de la situación local.
A través de ellas, la SIP instó al gobierno nacional a utilizar criterios técnicos para la asignación de la publicidad oficial y a encauzar su relación con los medios independientes en el marco de una deseable convivencia democrática. Impulsó también el respeto hacia el rol constitucional de la prensa y el trato equitativo, no discriminatorio ni estigmatizante, de editores y periodistas en razón de la línea editorial de sus medios. Exhortó también a que el Gobierno concluya la escalada de agresiones contra periodistas y medios críticos, y alertó sobre la "colonización mediática" que utiliza cuantiosos recursos del Estado para monopolizar las vías informativas, y reclamó que cesen las presiones sobre la Justicia en temáticas vinculadas a las actividades de los medios. Dedicó finalmente un pedido al Congreso Nacional para que impida la intervención estatal en la producción y comercialización del papel en el país a fin de preservar el libre ejercicio del periodismo.
En la víspera de un nuevo acto electoral, sería sumamente deseable que vientos renovados y menos confrontativos inauguren esta nueva etapa en pos de asegurar la pluralidad de opiniones y el respeto por el derecho constitucional de los ciudadanos a ser informados a través de medios privados y libres. No se trata de cuestiones que sólo revisten importancia para un sector de la sociedad, como muchos erróneamente creen. Si la ciudadanía no alcanza a comprender su real significación para la vida cotidiana de cada uno y opta por desentenderse, la sociedad libre peligra y, junto con los 21 periodistas asesinados este año, perecerán también los frutos de la libertad en sus más cotidianas expresiones.
Es de esperar que en esta nueva instancia, el Gobierno surgido de las urnas deje atrás el autoritarismo y acepte el desafío de respetar a las voces disidentes. La madurez democrática a la que aspiramos así lo exige.