La libertad de prensa en el país

Para comprender la gravedad de la carta que el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de enviar a la presidenta argentina, debe comenzar por decirse que su tono no es nada habitual. En esa misiva se expresó la "más profunda preocupación por el debilitamiento de la libertad de prensa".

Si se descartan las situaciones más patológicas del estado de la libertad en el continente, como pueden ser los casos de Cuba y de Venezuela, y en alguna menor medida Ecuador, resulta vergonzoso que una organización constituida para velar por la prensa libre se vea en la necesidad de manifestarse de manera tan negativa como lo ha hecho sobre la Argentina.

Al cabo del viaje que realizó a Buenos Aires una delegación de la entidad, el presidente de la SIP esperó seis días para enviar a la Presidenta por escrito las preocupaciones que de otra manera le hubiera transmitido de manera personal. Cristina Fernández de Kirchner no recibió a los visitantes y derivó la tarea en el ministro del Interior y el secretario de Comunicación Pública. También aceptaron encontrarse con la delegación de la SIP los jefes de los bloques del oficialismo en el Congreso de la Nación y el secretario general de la CGT.

Este último, en su condición de jefe de los camioneros, era la persona indicada para recibir la protesta por el hecho inaudito de que su gente hubiera bloqueado en reiteradas oportunidades la salida de publicaciones de sus plantas gráficas, entre ellas La Nacion y Clarín. Por su parte, el diputado Agustín Rossi y el senador Miguel Angel Pichetto eran las autoridades señaladas para explicar por qué se retacea la sanción de una ley de acceso a la información pública. Se habrán visto en figurillas para explicar por qué no se convierte en ley hoy lo que la actual Presidenta reclamaba cuando resolvió hacer rancho aparte, como senadora por Santa Cruz, en relación con el bloque entonces mayoritario del peronismo.

La delegación de la SIP se entrevistó con un amplio abanico de personalidades, desde la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta miembros de organizaciones no gubernamentales, religiosas y periodísticas. El cuadro de situación obtenido de esa manera permitió a la entidad afirmar, al cabo de la visita a la Argentina, que más que confirmar las preocupaciones expuestas en años de llamados de atención al gobierno nacional, lo que cabía era observar, por encima de los hechos atentatorios de la libertad y de la dignidad del oficio periodístico, que en la Argentina está en marcha "una estrategia gubernamental integral para lograr el control de los medios y golpear a la prensa independiente".

Algunas voces representativas del delirio setentista que hundió al país en la violencia, y que aún tienen la osadía de pretender reivindicarlo, procuran desviar aquellas críticas con la cantinela goebbeliana de que la prensa hizo poco frente a los excesos del gobierno militar de entonces. Son voces de personas acostumbradas a victimizarse hasta de una manera profesional. Así, no alcanzan a comprender -o no lo quieren comprender- que los gobiernos de fuerza atentan antes que nada contra la libertad de expresión, y si hoy mismo, en plena democracia, hay empresarios que provocan vergüenza ajena por su pusilánime comportamiento frente al Gobierno, calcúlese cuál era entre ese tipo de marionetas la sensibilidad a flor de piel en medio de una dictadura.

Tanto la SIP como ADEPA y otras organizaciones destinadas a la defensa de la libertad de prensa han actuado en todo tiempo en consonancia con lo que debía esperarse de ellas. Piénsese en la paradoja que se produciría en treinta años más si, por uno de esos azares inverosímiles de la política, ETA se expandiera por España. ¿Con qué títulos van a reclamarles sus voceros a la prensa española y mundial que hizo poco por sus derechos a expresar la voluntad de que el País Vasco y, de ser posible, España volaran por los aires?

En el largo plazo la situación de la prensa argentina tal vez se juzgue como un incordio, una pesadilla en la que ninguno de los actores ocupaba el papel que en realidad le correspondía. Millones y millones de pesos del erario mantienen a medios y programas audiovisuales de todo tipo para atender el insaciable espíritu narcisista del gobierno kirchnerista. Se lo acaba de decir la SIP y, por añadidura, que utilizan esos dineros para atacar a medios de comunicación y periodistas independientes.

Quienes deberían estar pidiendo perdón a la sociedad por haber dañado la primera prenda por la que corresponde velar desde el poder, que es la unión nacional, tienen el descaro de repartir a diestra y siniestra soeces descalificaciones contra quienes no temen enfrentar su irracionalidad política. Hasta el más vulgar panfletista asume en ese menester el aire prestado de un intelectual. En los términos utilizados por el presidente de la SIP en nota a la relatoría especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es sorprendente el menoscabo de la libertad de expresión, el clima de intolerancia y polarización promovido por el Gobierno, y su consecuencia, el debilitamiento del debate público.

Ha llegado la hora de que se deponga desde el poder tanta hostilidad hacia otros argentinos. Ha llegado la hora de concertar todas las fuerzas capaces de reconstruir la patria de la que nos han privado, y en esa tarea las próximas elecciones serán una etapa más dentro de una misión histórica indeclinable.