La libertad de expresión atacada por inadmisibles bloqueos a diarios

El bloqueo que realizó un grupo de aproximadamente 50 personas, algunas de las cuales tenían distintivos del sindicato de Camioneros y otras se identificaron como ex delegados gremiales de operarios gráficos, a las plantas de impresión de los diarios Clarín y La Nación constituye un capítulo más, pero marcadamente grave, que puede inscribirse en un proceso orientado a limitar seriamente la libertad de expresión en el país. Ese objetivo quedó patentizado con mayor crudeza en el caso de Clarín, cuando el grupo de manifestantes impidió la salida del diario, desobedeciéndose además los fallos judiciales preexistentes que le habían ordenado al Gobierno que impidiera la reiteración de ese tipo de acciones.

Cabe detallar que el bloqueo había sido anticipado por la agencia oficial Telam una hora antes de que efectivamente se iniciara el piquete y unas dos horas antes de la salida de los diarios. Frente a la planta de La Nación, el cerco que impedía la salida de los vehículos con los ejemplares se prolongó hasta las 3 de la mañana del domingo, lo que trajo graves perjuicios para su distribución. Por su parte, la imposibilidad de cargar el diario Clarín en los camiones se extendió hasta el mediodía de anteayer e impidió la distribución de los ejemplares.

Se sabe que poco antes de que se concretaran los bloqueos la Policía Federal no acató una orden emitida por la fiscal titular de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, para que esa fuerza impidiera primeramente el hecho e hiciera, luego, cesar el bloqueo, identificando además a sus autores mediante fotografías y filmaciones. Como se ha dicho, la autoridad policial de la zona no cumplió con esos mandatos.

Pero más allá de fallos y de las órdenes de la Justicia que están siendo desoídas por los manifestantes, que tampoco son acatadas por la Policía y que el gobierno nacional pareciera no esmerarse en hacer cumplir, está claro también que con acciones de este tipo se ven quebrantados derechos y garantías esenciales de la Constitución. Derechos y garantías que costó mucho conquistar, que deben ser respetados a todo trance y que forman parte de la identidad más fidedigna de nuestro país.

La censura previa, la intimidación a los medios periodísticos, a escritores, a periodistas y pensadores, constituyen gravísimas amenazas a uno de los pilares fundamentales del sistema democrático de vida y deben ser firmemente repudiados y denunciados. Tal ha sido la conclusión en estas horas, no sólo de dirigentes políticos de partidos opositores, sino también numerosos intelectuales y artistas, así como de los representantes de los más diversos sectores de la sociedad, que coincidieron también en reclamarle a la máxima autoridad del país que haga respetar a la Constitución.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) denunciaron una flagrante violación a la libertad de prensa, mientras medios de comunicación de España y de América latina se hicieron eco de los acontecimientos y los relacionaron con las investigaciones judiciales sobre el secretario general de la CGT y sus presuntos vínculos con el Gobierno.

Es de esperar, por consiguiente, que no se reproduzcan estas penosas experiencias, que apuntan a restringir la libertad de expresión.

Parece sobrada ya la hora -ante la inquietante repetición de sucesos como los ocurridos en las últimas horas- para que desde los Poderes públicos se pongan límites a las desmesuras y no se permitan metodologías que constituyan delitos flagrantes y generen graves perjuicios a terceros y a la paz social. No actuar en estos casos equivale a tutelar actitudes despóticas, antidemocráticas y anticonstitucionales. Y lo que falta es escuchar la voz de las autoridades, que en rigor no sólo deberían repudiar episodios tan ofensivos y lamentables sino que deberían hacer todo lo posible para evitarlos.