La Justicia postergó el desalojo de la toma de tierras de Guernica

La Justicia aprobó el pedido del Gobierno para postergar hasta el 1 de octubre la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica, resuelta por el juez de la causa, Martín Rizzo, mientras siguen las negociaciones para una salida "sin violencia", con la asistencia de la Mesa de Articulación, integrada por organismos de la provincia de Buenos Aires y organizaciones barriales.

La solicitud fue presentada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió postergar el desalojo previsto para este miércoles hasta el 1 de octubre, informó una fuente gubernmental a Télam.

Además, precisaron que el pedido al juez se acompañó de los resultados del censo finalizado el lunes, en el que se relevó a 1.904 personas, de las cuales 650 indicaron que son de Guernica y el resto proviene de distritos cercanos. Almirante Brown, con 75 familias, es el segundo partido en cantidad de personas que ocupan los terrenos en forma ilegal.

El pedido fue aceptado por el juez que entiende en causa. El desalojo estaba previsto para el martes por la mañana, en el marco de un operativo que será comandado por el ministerio de Seguridad bonaerense.

Mientras tanto la Mesa de Articulación en la que intervienen organismos del Gobierno provincial aguarda una audiencia con el juez de la causa para intentar establecer una prórroga en el desalojo.

La Mesa de Articulación para tratar la problemática de los terrenos en Guernica está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; las subsecretarías de Hábitat de la Comunidad y de Políticas Sociales, y los organismos de la Niñez y Adolescencia.

También está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo.

Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

Además, establece que "deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran".

La cámara estableció también que "deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

En los últimos meses, la toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, habían provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron.