La Justicia, más allá del paro
*Por Pablo Grillo Ciocchini. El paro de los empleados judiciales retrasa y complica la administración de justicia. ¿Pero ese retraso es relevante frente a las demoras propias de un diseño obsoleto y una dinámica que ya no da respuestas?
Desde hace algunas semanas los empleados del Poder Judicial de la Provincia realizan varias medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales que, aparentemente, no se han visto satisfechas hasta ahora. Así, se suceden durante los últimos días asambleas, paros y movilizaciones. Algunos tribunales permanecen cerrados o casi cerrados y otros atienden solamente las cuestiones urgentes, mientras un último grupo trabaja con relativa normalidad.
Frente al ejercicio del legítimo derecho a la huelga de los trabajadores judiciales suele escucharse que el conflicto genera perjuicios para los abogados y para los justiciables. ¿Pero esto es así? Y, en cualquier caso ¿en qué medida?
FASTIDIO
Empecemos por los abogados: es cierto que la incertidumbre sobre si tal o cual juzgado estará de paro o trabajando normalmente, sobre si podremos o no dejar nuestros escritos y retirar cédulas u oficios resulta fastidiosa. El fastidio puede crecer si el paro nos sorprende en otra jurisdicción (o si lo que esperamos es un cheque por honorarios). Pero el fastidio es casi inherente a la abogacía, y una profesión que vive en y por el conflicto no está hecha para quienes no puedan soportar una frustración aquí o allá.
Los principales afectados no son los fastidiados abogados, sino las personas que deben recibir la tutela judicial continua y efectiva que promete el art. 15 de la Constitución Provincial y que es inherente al Estado de Derecho. En los hechos esa tutela judicial prometida -y debida- no es continua ni efectiva ni -mucho menos- provee a la decisión de las causas en un tiempo razonable.
Pero ¿el problema es el paro?
Cuando no hay paro, cuando no hay movilizaciones ni huelga ¿cómo funciona el sistema de justicia?
Los juicios son lentos y largos trámites escritos, en los que nada se hace rápido ni sencillo. Trámites eternos en los que se siguen los mismos pasos para un reclamo millonario que para cobrar la cuota de un televisor; para la reparación de una bicicleta que para la indemnización de una muerte. Procesos pensados a principios del Siglo XX y que tramitan en Juzgados diseñados en el Siglo XIX para otra cantidad de juicios y con otros apuros. Juzgados que atienden medio día, sin ningún control de horarios y en los que cualquier novedad se aborta en conjunto entre jueces, empleados y abogados, en lo único en que nos ponemos espontáneamente de acuerdo: en que todo siga siempre igual.
Esos juicios lentos y pesados, con sus densos escritos cosidos en expedientes que juntan polvo apilados, se detienen además 45 días cada año por el descanso del único poder del Estado que cierra por vacaciones. En un juicio de cuatro años de duración, seis meses de esos cuatro años los consume la feria judicial.
Teniendo en cuenta cómo funciona la justicia en situación "normal" (y dejando a salvo, claro está, las cuestiones en las que la libertad y la seguridad de las personas, las familias y los menores están involucrados) quizás el problema no son las demoras ni los fastidios que el ejercicio del derecho de huelga puede causar a terceros. Quizás el problema no es el paro, sino lo que jueces, empleados judiciales, legisladores y abogados hacemos o consentimos todos los días.