La Justicia investiga un presunto caso de violencia de género de Alberto Fernández a Fabiola Yañez

Sorpresa. Incredulidad. Indignación. Y una pregunta que consumió los nervios de unos pocos -poquísimos- funcionarios judiciales: “¿Qué hacemos con esto?” La bomba venía mezclada entre cientos de fojas y datos levantados del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández cuyo celular fue secuestrado y peritado por la justicia en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, donde se investiga la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial. Uno de esos brokers, Héctor Martínez Sosa, se alzó con cientos de millones de pesos de fondos públicos en concepto de comisiones logradas sin mover un dedo. O sí: el que usaba para marcar el teléfono y exprimir sus contactos. Martínez Sosa es el marido de María Cantero, y al igual que ella íntimo de Fernández.

Hasta ahí, el escabroso caso de corrupción destapado por Ricardo Roa en Clarín en febrero. Aquella publicación causó un expediente judicial, que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. En el marco de esa investigación es que los peritos de la Policía Federal extrajeron todo el contenido del celular de Cantero desde 2019 y hasta este año, un fragmento del cual acaba de ser publicado este viernes.

Pero en ese mismo aparato había información mucho más sórdida para Fernández. En un sobre cerrado, cuyo contenido apenas vio la luz y conocen contadas personas, el juzgado fue anoticiado de que en el teléfono había pruebas de la posible comisión de un delito: golpizas a Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido, el presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.

Como no se trataba de un posible delito federal, y para preservar la intimidad de Yañez -que no está involucrada en la causa por corrupción- el 13 de junio Ercolini abrió un legajo reservado en el expediente de los seguros, es decir un anexo secreto, que ni siquiera el fiscal Rivolo conoce.

Pero la pregunta seguía en el aire: “¿qué hacemos con esto?” Clarín pudo reconstruir la respuesta.

El 26 de junio, el juzgado decidió compartir -siempre de forma ultrareservada, en un sobre cerrado y firmado- ese material con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde fue analizado por una de sus máximas directivas, que recomendó citar a la persona agredida.

El día siguiente, 27 de junio, los periodistas acreditados en Comodoro Py lo vieron ingresar al abogado Juan Pablo Fioribello, quien representó a Fabiola Yañez y a Estanislao Fernández -el hijo mayor de Alberto- en demandas por difamación que finalmente ganaron. El letrado, conocido por sus intervenciones mediáticas pero de consulta frecuente por empresarios y políticos de todos los partidos, ingresó al despacho de Ercolini a las 10 de la mañana, y salió de allí una hora y media después. Detalle histórico: el juez y Fioribello son viejos conocidos, pues trabajaron en la Oficina Anticorrupción creada por Fernando De la Rúa en 2000.

Aunque ninguno de ellos lo confirmó a este diario, en ese encuentro se habría acordado contactar a Fabiola para decirle lo que había surgido del teléfono Samsung gris IMEI 354233760030535 de María Cantero, utilizado con una tarjeta SIM Movistar número 8954075144581339831: fotografías de ella con signos de violencia en su cuerpo, y chats de texto y de audio en los que Yañez acusaría a su marido por esos supuestos golpes. Los diálogos, mensajes y fotos son de distintos momentos, incluso de cuando Yañez estaba embarazada, lo que quedó consignado en las angustiadas expresiones con que la mujer le cuenta a Cantero en chats y audios lo que supuestamente le habría hecho su marido.

Clarín investigó el tema durante dos semanas y lo informa con la responsabilidad que requiere: sin divulgar imágenes o diálogos que pudieran revictimizar a Yañez.

En el teléfono habría cuatro fotos de la exprimera dama, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado por supuestos golpes y otra con visibles moretones en todo el costado derecho del tronco, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado. La justicia también tendría en su poder un video en el que se vería una persona identificable como Fernández en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.

Ese mismo jueves 27 de junio, el juez y el abogado organizaron un Zoom con Fabiola Yañez, que vive en España con su hijo Francisco. Según pudo establecer este diario, en esa reunión virtual la mujer fue anoticiada de las fotos y pruebas que fueron encontradas en el teléfono de la secretaria de Fernández y confidente, conversaciones e imágnees que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.

Ercolini le preguntó a Yañez si quería hacer la denuncia correspondiente: la violencia de género es “un delito público dependiente de instancia privada”, cuya persecución solo puede ocurrir si la víctima lo requiere. Fabiola respondió que no tenía intención de viajar al país a hacer la denuncia.

El juzgado volvió a ponerse a disposición de ella, y resumió el incómodo episodio en una breve resolución de cinco páginas en la que no menciona a Fernández. Allí recordó que la supuesta víctima está residiendo en Europa (alejada de su esposo) y por lo tanto no correría peligro de nuevos actos de violencia doméstica. El juez recuerda, sin embargo, que el archivo de las actuaciones podría ser modificiado en el futuro, si la víctima cambia de idea. Clarín se contactó con el abogado Fioribello, para conocer el descargo de Fernández y de su exmujer.

Cabeza de un gobierno vapuleado en las urnas, durante su paso por el poder el expresidente protagonizó varios escándalos. ¿El más famoso? La oprobiosa fiesta en Olivos durante el tramo más duro de la cuarentena que él mismo le había impuesto a todos los argentinos. Esa reunión, que negó hasta a sus más íntimos aún cuando ya se habían conocido las fotos y un video de ese encuentro, y que ante la inutilidad de esa mentira le atribuyó a “mi querida Fabiola”.

El caso de los seguros, en el que está acusado y más temprano que tarde será indagado, es más oneroso para el Estado. La información que hoy difunde Clarín -estrictamente basada en fuentes judiciales, policiales y personas cercanas al expresidente y su esposa- es otro episodio que echa sombra sobre su autopercibida honorabilidad.