La Justicia ante el caso Schoklender

Debido a su actitud francamente oficialista, las acciones e inacciones del juez federal Norberto Oyarbide en las causas que caen en sus manos y que resultan comprometedoras para el Gobierno se prestan siempre a graves sospechas y grandes escándalos.

Esas fundadas sospechas recrudecen al observar su lentísima investigación sobre la presunta administración fraudulenta de parte de los 765 millones de pesos entregados por el Estado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En esa causa se analiza el papel de Sergio y Pablo Schoklender y de varios socios de ambos. Las figuras penales que emplea el juez son las de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y encubrimiento.

A la lentitud de Oyarbide, y en congruencia con ella, hay que sumarle sus increíbles actitudes y afirmaciones.

Su morosidad ante un asunto de suma gravedad que compromete tanto al Gobierno como a uno de los más conocidos organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo sólo se explicaría a partir de razones políticas. Por ejemplo, demorar las indagatorias hasta después de las elecciones presidenciales del mes próximo.

Paradójicamente, uno de quienes sostienen esa tesitura es Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según las denuncias, junto con su hermano y otros socios, habrían comprado viviendas en countries, autos y yates para uso personal con los dineros públicos que habrían sido desviados a través de la empresa Meldorek, de la que Sergio Schoklender sería el dueño del 90 por ciento de las acciones.

Contrariado porque Oyarbide no procedía a indagarlo, Schoklender afirmó: "Querían que pasaran los días hasta después de las elecciones; que no hablara hasta octubre, pero no pienso esperar", y amenazó con una conferencia de prensa, que finalmente no se concretó. En cambio, y cuando sus abogados defensores ya habían renunciado debido a esa amenaza, presentó un escrito en la fiscalía y luego denunció en una entrevista con la revista Noticias que la titular de Madres, Hebe de Bonafini, tendría cuentas bancarias en España, Italia y Francia; que el secretario de Obras Públicas, José López, pediría y recolectaría coimas para liberar fondos de los planes de vivienda, y que la Fundación financió las campañas electorales de Amado Boudou, Cristina Kirchner y Abel Fatala, el subsecretario de Obras Públicas.

También sostuvo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, "digita" al juez Norberto Oyarbide en la causa para "salvar a las Madres de Plaza de Mayo", y que importantes y comprometedores documentos relacionados con sus denuncias que él había aportado a Oyarbide permanecían en la caja fuerte del magistrado sin tener trámite judicial.

Por supuesto, habrá que probar la veracidad de estas gravísimas denuncias. El problema consiste en que es Oyarbide quien debe hacerlo. Como dándole la razón a Schoklender, apenas se conocieron esas acusaciones el juez descongeló el expediente dormido y, la misma noche del viernes último en que se conocía la entrevista de Schoklender, realizó varios allanamientos para luego afirmar que "se trata de un caso difícil de desentrañar, pero no imposible".

Su repentina celeridad prueba que no se mueve a partir de las constancias del expediente sino exclusivamente cuando se siente acorralado por las acusaciones. En cuanto a que se trata de "un caso difícil", es bueno recordar que no hay casos difíciles ni fáciles, sino bien y mal investigados. La frase del juez significa que no hay que esperar que lleve a cabo grandes avances. Por increíble que parezca, éstos, entonces, serán responsabilidad de uno de los grandes sospechosos: Schoklender.

La actitud de Oyarbide en una causa de estas características resulta inadmisible. Demora las indagatorias; acepta como querellante a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que, por lo menos en esta etapa, debería ser considerada tan sospechosa como los Schoklender; no investiga las pruebas recolectadas, y se manifiesta pesimista.

Ese proceder, regido por los tiempos electorales y no por el sano afán de un juez independiente que busca la verdad, abona aún más las sospechas sobre la posible vinculación de importantes figuras del Gobierno con las maniobras investigadas.

Lo que en definitiva consiguen jueces como Oyarbide es que fueran cuales fuesen las conclusiones a las que finalmente arribe algún lejano día, serán siempre sospechadas de parciales y favorables a la autoridad política, como ha ocurrido con su sobreseimiento al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. Estos jueces se caracteriza por manchar para siempre los sumarios que caen en sus manos. Seguramente, no por accidente.