La Justicia, adelante con claroscuros
La independencia del Poder Judicial está garantizada, aunque los reclamos por mayor presupuesto y más personal sean adecuados.
En el acto inaugural del año judicial, realizado en el Palacio de Justicia de Córdoba, los oradores principales fueron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Domingo Sesin, respectivamente. Esto tiene un significado que va más allá de las formalidades y el protocolo, ya que implica un reconocimiento a la tradición jurídica cordobesa y una afirmación del principio federal en materia de administración de justicia.
Constituye, además, una prueba de la vigencia de la independencia de los poderes del Estado, que es una de las normas básicas de la Constitución Nacional. El Poder Judicial ha hablado por intermedio de dos de sus más altos representantes, quienes expusieron con claridad y objetividad los problemas que afectan a esa instancia fundamental del ordenamiento institucional.
Por otra parte, tales problemas son casi comunes para los poderes judiciales de la Nación y las provincias: la falta de presupuestos adecuados, la gran cantidad de vacantes sin cubrir, la demora en la adecuación de algunas leyes procesales a las necesidades de los tiempos modernos.
Lorenzetti lo dijo con todas las letras, cuando pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que "entiendan que el Poder Judicial es importante" y que es necesario que "haya más jueces, más presupuesto y leyes procesales más ágiles". Y agregó: "Ninguna de estas cuestiones dependen de nosotros", sino de esos otros dos poderes del Estado.
Por su parte, Sesin expuso datos oficiales que señalan que en los últimos 10 años el presupuesto para la Justicia de Córdoba aumentó 30 por ciento, los recursos humanos 21 por ciento y la litigiosidad –es decir, el número causas sometidas a consideración de los jueces– se incrementó en 153 por ciento. Pero este aumento de la litigiosidad tiene su aspecto positivo, sostuvo el magistrado, ya que demuestra que es cada vez mayor la cantidad de gente que aspira a resolver sus problemas por vía judicial, lo que relativizaría esa idea tan difundida de un descreimiento ciudadano en la Justicia y del uso de la violencia propia para dirimir conflictos.
En realidad, se trata de una cuestión más compleja, ya que la gente cree y a la vez no cree demasiado en la Justicia, según las situaciones y los avatares que a cada uno le toca atravesar, de acuerdo a las últimas encuestas sobre el tema.
Por otro lado, hay veces en que la independencia de la Justicia respecto del poder político es puesta seriamente en duda, como en los casos de los magistrados federales María Romilda Servini de Cubría y Norberto Oyarbide, acusados en reiteradas oportunidades de favorecer de manera ostensible los designios del poder político de turno. Y de este estado de sospecha se tienen que hacer cargo también quienes integran las instancias más altas del Poder Judicial.