La jurisprudencia Porfirio

El tribunal se reunió ayer y analizó la posición del fiscal Alejandro Dalla Lasta, quien desistió de hacer acusación alguna en contra del procesado por considerar que no existen elementos suficientes para avanzar en tal sentido.

Es la misma posición que asumió el primero de los fiscales asignados al jury contra González. Y Dalla Lasta llegó al proceso luego de que tres de sus colegas se excusaran de accionar. Así, los miembros del jury evalúan ahora qué hacer.

Aunque algunos sostienen que el dictamen de Dalla Lasta no es vinculante, y que podría buscarse otro fiscal que acuse o bien elucubrar alguna maniobra para continuar con el procedimiento de destitución al margen de la opinión del fiscal, está demasiado fresco el antecedente de lo ocurrido con el actual juez de Garantías Ramón Porfirio Acuña, quien fue restituido al Poder Judicial luego de librar un largo litigio en el que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se anuló lo decidido por un jury que lo había destituido en febrero de 2001 por supuesta "ignorancia inexcusable del derecho".

El caso Porfirio Acuña es uno de los más humillantes para las instituciones de Catamarca, porque dejó expuesta una palmaria injusticia cometida en contra del juez en el marco de una típica operación tendiente a disciplinar a magistrados insumisos al poder político.

Más de siete años después de la destitución, que se produjo en términos tan agraviantes como imputarle a un juez y docente la ignorancia en su materia, Acuña logró que lo restituyeran y, encima, trabó una millonaria demanda en contra del Estado por el daño moral provocado y los salarios adeudados por todo el tiempo en que se lo había privado de ejercer su cargo.

El proceso se disparó por una acusación del camarista Edgardo Rubén Álvarez, que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales tomó y siguió hasta la destitución a pesar de que el fiscal Jorge Silva Molina había solicitado la absolución del procesado. El acusador Álvarez había tenido que plantear el ataque contra su colega en soledad, porque sus dos compañeros camaristas, Raúl Da Prá y Juan Carlos Reynaga, se negaron a acompañarlo.

El caso de González tiene varios elementos que lo distinguen del de Acuña. El contexto político es diferente. En Santa María hay sectores sociales movilizados que exigen su cabeza con el respaldo de legisladores de la oposición. Pero, para enrarecer aún más el clima, la acusación originaria fue planteada por la intendente de la municipalidad de San José, Mónica Hernández, a quien González investiga por supuestas malversaciones de las regalías mineras.

De modo que, desde el vamos, no están demasiado claras las intenciones de la embestida, más allá de que el fiscal ya ha sido objetado en otras oportunidades e incluso mereció sanciones de la Corte de Justicia. EL ANCASTI informó en su momento en detalle sobre la cuestión, antes de que nadie se diera por enterado de la tensa situación santamariana.

 El hecho de que una intendente investigada fuera quien impulsara el jury obliga a actuar con prudencia. Las otras acusaciones que se fueron sumando al expediente fueron desestimadas, sea por falta de sustento o porque González ya fue juzgado y absuelto por ellas.

Pero al margen del confuso contexto político en que el jury contra González se desarrolla, lo cierto es que no hay acusación del Ministerio Público en su contra. Es lo mismo que ocurrió con Porfirio Acuña, y que terminó con su triunfo rotundo y onerosas costas para el Estado catamarqueño que, por supuesto, no afectarán el bolsillo de quienes se encapricharon en destituirlo.