La investigación por la muerte de Diego Maradona será elevada a juicio antes de fin de año: habría un nuevo acusado

La investigación iniciada hace exactamente un año, que intenta dilucidar las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, está casi finalizada. Los fiscales de San Isidro que llevan adelante el expediente consideran que ya no necesitan escuchar más testigos ni incorporar más elementos de prueba. Están convencidos de que la causa está lista para ser enviada a juicio oral con la grave acusación de homicidio con dolo eventual contra siete profesionales de la salud. De hecho, según fuentes del caso, ya comenzaron a redactar el escrito de elevación a juicio aunque una presentación realizada por uno de los abogados querellantes retrasó los tiempos. La única duda que ronda por la cabeza de los investigadores es si suman a una persona más a la lista de acusados.

Los imputados formalmente hasta hoy son el cirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni y la nexo con la empresa de medicina prepaga Nancy Forlini. Los más complicados de todos ellos son el núcleo central del staff médico personal de Diego. Es decir, Luque, Cosachov y Diaz.

Los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, coordinados por el fiscal general de San Isidro John Broyad, consideraron en distintas presentaciones realizadas a lo largo de estos 365 días que los tres médicos cometieron serias irregularidades en el tratamiento al que sometieron a Diego.

Puntualmente, en el escrito del 20 de mayo de este año, en el que los investigadores solicitan las indagatorias para los imputados, señalan que los tres acusados principales “omitieron asistir adecuadamente a Diego Armando Maradona, accionar con el cual, en definitiva, impidieron que recibiera la debida atención médica que hubiese evitado el deceso, particularmente la referida al campo cardiológico”. Además agregaron que “libraron al paciente a su suerte”.

Desde un comienzo, la investigación se centró, principalmente, en lo que sucedió en la fatídica internación domiciliaria realizada en el barrio cerrado San Andrés de Benavidez, donde Diego finalmente murió el 25 de noviembre de 2020. Allí fue trasladado el 11 de noviembre del año pasado, luego de haber sido operado de un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos.

La casa donde se alojó a Maradona por 14 días hasta su muerte no contaba con las comodidades que necesitaba el ex capitán de la selección argentina. Eso quedó acreditado en el expediente de diversas maneras. Desde las testimoniales de aquellas personas que pasaron por la casa hasta el análisis de expertos, todos coincidieron en que en ese lugar era imposible realizar un seguimiento médico adecuado. La falta de elementos necesarios para asistir a una persona que recién salía de una operación importante fue la principal crítica.

Más allá de la extensa cantidad de pruebas que juntaron los fiscales en los casi 40 cuerpos que componen el expediente, uno de los puntos fundamentales de la investigación tuvo que ver con los audios recuperados del teléfono de Leopoldo Luque, hechos públicos por Infobae. Allí se escuchan conversaciones que resultaron reveladoras para la causa y que tenían que ver con el tipo de tratamiento que recibió Diego, la frecuencia con que sus médicos lo visitaban y la medicación que recibía. También reflejaba la manera despectiva con la que se referían al ídolo mundial.

El mismo mediodía del 25 de noviembre del 2020, cuando Maradona acababa de morir, Luque le dejó un mensaje de audio a un amigo con una frase que se hizo tristemente célebre: “El gordo se va a cagar muriendo”. Además agregaba: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”

Otra prueba fundamental para la justicia fue el documento que confeccionó una junta médica de especialistas de distintas ramas de la medicina, entre peritos oficiales y de parte, muchos ellos de renombre como Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Las conclusiones de ese trabajo, que duró varias semanas, se presentaron el 30 de abril de este año.

Allí los peritos médicos que analizaron distintos aspectos de la salud de Diego y de la internación domiciliaria concluyeron: “El actuar del equipo de salud que atendía a Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario. La internación domiciliaria no fue tal, ya que no existieron los lineamientos mínimos de tal internación en un paciente de la pluripatología compleja que presentaba DAM”.

En esos 14 días que Maradona estuvo internado en Tigre recibió múltiples visitas médicas. Desde el propio Luque y la propia Cosachov hasta acompañantes terapéuticos que fueron echados por el entorno. Pero también pasó a verlo un médico clínico llamado Pedro Di Spagna. Sólo fue a visitarlo una vez, pero podría tomar un rol preponderante en estos días porque los fiscales evalúan sumarlo como el octavo imputado del expediente. A los investigadores no les queda claro aún a quién y de qué manera informó cómo vio a Diego en esa visita y si en realidad él era quien debía controlar la internación domiciliaria.

Incluso, la propia Cosachov lo menciona en su indagatoria: “Del 11 al 25 de noviembre, el seguimiento clínico del paciente estuvo a cargo del Dr. Pedro Di Spagna”.

Una vez que los fiscales resuelvan la situación del médico clínico elevarán finalmente la causa a juicio. Antes, deberán resolver una nueva situación presentada en la marcha del expediente.

El lunes 15 de noviembre, el abogado querellante Mario Baudry, que representa a Dieguito Fernando, hijo de Maradona, presentó un escrito en el que solicitó la recusación de los fiscales al juez de la causa, Orlando Díaz. Entre los argumentos presentados en ese documento de 103 páginas, el letrado asegura que no se le permitió acceder al expediente de manera completa, algo que los propios fiscales refutaron.

En los próximos días se realizará una audiencia en la que se definirá este pedido.

Una de las grandes incógnitas con respecto al caso en este año de investigación tuvo que ver con Matías Morla. Desde el inicio de las actuaciones judiciales se rumoreó y especuló con su posible imputación, al igual que la de su cuñado y secretario privado de Diego, Maximiliano Pomargo. Ninguno de los dos, finalmente, formó parte de la lista de acusados sino que fueron llamados en los últimos días como testigos.

La realidad en el expediente apunta a la falta de evidencias concretas para vincular a Morla con el objeto puntual de la investigación que se centró en lo que pasó en los 14 días de la Internación domiciliaria, que es donde los especialistas coinciden que se deterioró de manera significativa la salud de Diego.

En el caso de Pomargo, su desvinculación del caso como posible imputado tuvo que ver con un audio que se conoció a mediados del curso de la investigación. Se trató de la grabación clandestina de una reunión que se dio en una oficina de la Clínica Olivos horas antes de que Maradona fuera dado de alta. Allí estaban presentes las hijas de Diego, Verónica Ojeda y Víctor Stinfale, entre otros.

En el audio, que alguno de los presentes grabó ocultamente, se escucha que a Pomargo le dan una sola indicación: que no haya alcohol en la casa de Tigre. Efectivamente los estudios complementarios realizados al cuerpo de Diego determinaron que falleció sin haber ingerido ningún tipo de bebida alcohólica, por lo que la responsabilidad del cuñado de Morla se diluyó.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la elevación a juicio oral se dará antes de fin de año. Luego de que eso suceda llegará un aluvión de apelaciones por parte de los abogados defensores que se irán resolviendo durante gran parte del 2022. Recién cuando concluyan esos pasos procesales, un tribunal oral deberá fijar una fecha para el debate público.

Los pronósticos más optimistas hablan de un juicio para los últimos meses del 2023. Los más realistas pronostican que podría realizarse recién a mediados del 2024.