La inversión educativa
En el ranking universal de los presupuestos educativos, confrontados con el PBI, nuestro país ascendió así al puesto 19º, a partir del 84º en que se hallaba.
La ley de inversión educativa, sancionada a fines de 2005, rigió entre los años 2006 y 2010 y permitió elevar de modo gradual los recursos financieros del área que se incrementaron hasta alcanzar la meta fijada del 6 por ciento del PBI. En el ranking universal de los presupuestos educativos, confrontados con el PBI, nuestro país ascendió así al puesto 19º, a partir del 84º en que se hallaba. La norma fue promovida para "garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica."
El enunciado del destino de las nuevas partidas apuntó a objetivos de relieve que principalmente fueron: incluir en el nivel inicial el total de la población escolar de 5 años y asegurar, a la vez, la incorporación creciente de los menores de 3 y 4 años, con prioridad para los sectores sociales menos favorecidos; procuraba, también, la creciente incorporación de niños o adolescentes con necesidades educativas especiales; buscaba garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria y que por lo menos un 30 por ciento de los alumnos en educación básica pudiera acceder a escuelas de jornada extendida, dando también prioridad a sectores sociales y zonas geográficas desfavorecidas; asimismo, aspiraba a que el sistema educativo ganara en calidad y equidad, se fortaleciera la enseñanza técnica y la formación profesional; mejoraran las condiciones laborales y salariales de la docencia y se jerarquizara la investigación.
La evaluación de los resultados alcanzados por dicha ley en el quinquenio de su vigencia obliga a estimar lo que se ha logrado en relación con los objetivos de su diseño. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento (Cippec) ha dado a conocer un informe elaborado por Axel Rivas, Florencia Mezzadra y Pablo Blezem, en el que analiza con seriedad un tema tan significativo. De ese examen se desprende que los logros más apreciables son de carácter cuantitativo, como el aumento generalizado de la población escolar de 5 años, que creció en un 11 por ciento, y la multiplicación de las salas de 4 años (25%). Hubo avance, asimismo, del salario real de los maestros y profesores en un 50%.
El panorama de los resultados cambia cuando se observan aspectos que expresan en su fondo una problemática económico-social que afecta los rendimientos de la oferta educativa, a pesar de las mejoras financieras. Esta cuestión se plantea ante el alto número de desertores y repitentes, cuestión que preocupa a la escuela media, sobre todo. Más allá de las cifras está la declinante calidad educativa de los aprendizajes, tema básico de las evaluaciones PISA, de prestigio internacional, que han demostrado la mediocridad de los rendimientos logrados en las escuelas de nuestro país. En este cuadro de consideraciones es menester reiterar la severa brecha de desigualdades que dañan a nuestra enseñanza y que se advierten tanto en la inversión educativa que el Estado realiza por alumno, como en las diferencias de los salarios docentes provinciales o el hecho de que la educación más pobre en medios es la de las regiones menos favorecidas (a pesar de lo que puntualiza la ley).
La norma que amplió la inversión educativa ha dado frutos sin duda, pero es mucho lo que se necesita mejorar. El 6 por ciento del PBI no debe ser un tope que marque un non plus ultra, máxime si se piensa que el 92 por ciento de la financiación educativa está absorbida por los salarios de la docencia, con lo cual quedan muy limitados los recursos para la indispensable mejora de la enseñanza, que reclama, entre otras medidas, una reestructura de la escuela media, una incorporación efectiva y eficiente de las tecnologías de la educación y un perfeccionamiento de la formación de los educadores.