La inflación y la censura oficial

Las graves sanciones impuestas por el gobierno nacional a empresas consultoras e institutos de investigación privados por difundir estudios sobre el aumento del costo de vida cuyas conclusiones difieren de las cada vez menos confiables estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pone en juego la propia libertad de expresión.

Ayuda a corroborar esta apreciación una reciente presentación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco de una causa judicial en la que se discute una exorbitante multa dispuesta por la Dirección de Comercio Interior a la consultora Economía y Regiones por difundir índices de inflación que el gobierno kirchnerista consideró inexactos, en supuesta infracción a la ley de lealtad comercial.

En un amicus curiae , escrito que aporta argumentos al tribunal que entiende en una causa,la ADC sostuvo que la información sobre la marcha de la economía del país, incluidas las estimaciones inflacionarias, es de interés general. Más aún, cuando se trata de temas de controversia pública, como la cuestión de la inflación, que es una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El escrito señala que la difusión de informaciones acerca de cuestiones de interés público constituye el núcleo de la protección de la libertad de expresión. Por lo tanto, esas expresiones no pueden ser sancionadas con el pretexto de que son erróneas o porque induzcan a error o engaño.

Es que el sistema interamericano de derechos humanos y nuestra Constitución otorgan un margen de protección frente al error, ya que esto es esencial para promover un debate amplio sobre las cuestiones que interesan a la sociedad. Como señala la ADC, sólo cuando se verifican las condiciones dispuestas por las doctrinas de la real malicia, podrían aplicarse sanciones por la difusión de informaciones inexactas vinculadas con cuestiones de interés general.

Según la presentación de la citada organización no gubernamental, en la causa judicial en estudio, el Estado no ha acreditado fehacientemente el daño ni la relación de causalidad que existiría entre la difusión de las cifras y el aumento del proceso inflacionario o la generación de un estado de incertidumbre en la población. E incluso en ese caso las autoridades nacionales podrían recurrir a canales alternativos para contrarrestar la información que consideran errónea, difundir las estadísticas que creen correctas o cuestionar la seriedad y credibilidad de los estudios de las consultoras, sin necesidad de aplicar sanciones.

Un aspecto que agrava la persecución que sufren por parte del Gobierno las consultoras o institutos que miden el aumento del costo de vida es que las sanciones impuestas por la Dirección de Comercio Interior resultan desproporcionadas y tan excesivas que provocan un efecto inhibitorio en el debate público. Como se señaló desde esta columna oportunamente, multas de 500.000 pesos pueden ser tildadas lisa y llanamente de confiscatorias e interpretadas como una intimidación a los responsables de los estudios sobre la inflación, tendiente a que dejen de ocuparse de cuestiones cuya difusión es molesta para los intereses del oficialismo.

Una vez más, hay que recordar que distintos juzgados argentinos han solicitado a las consultoras cuestionadas por el Gobierno información sobre el costo de vida, con el fin de utilizarla en juicios por alimentos o en demandas de ajustes salariales.

Cabe reiterar que la problemática de la inflación y la controversia que suscita la medición del Indec es una cuestión de interés público, que no puede ser objeto de censura alguna.

A tal punto resulta vital este debate que, con muy sano criterio, representantes de bloques opositores del Congreso de la Nación acordaron difundir un índice del costo de vida sustentado en información brindada por los institutos y consultoras censurados por el Poder Ejecutivo. Ayer, se conoció el dato de la inflación medida por estas organizaciones correspondiente a noviembre, que arrojó un aumento del 1,44 por ciento.

Es de esperar que, en la nueva etapa política iniciada, los legisladores continúen apoyando la actividad de investigación desarrollada por aquellos institutos que contribuyen a que la sociedad cuente con información adicional a la que nos entrega un organismo oficial devaluado y manipulado desde principios de 2007. Cabe aguardar también que la Justicia actúe con la suficiente independencia para impedir la consolidación de un camino de opresión y de censura.