La inflación: ¿una política oficial?

En el proyecto de presupuesto ingresado al Congreso Nacional se insiste en estimar una inflación tres veces inferior a la que surge de todas las previsiones. Recientes medidas fogonean el incremento de los precios, que impactan en los rubros que afectan a los sectores más empobrecidos, principalmente en los alimentos.

Aunque no se lo admita, los subsidios tarifarios indiscriminados y el tipo de cambio actúan como anclaje antiinflacionario. La experiencia enseña que esta distorsión de precios no resulta inocua ni tiene virtuosa perdurabilidad. Sus consecuencias ya son evidentes. Los costos aumentan en dólares; además, alienta la entrada de fondos especulativos que obtienen suculenta rentabilidad. En su visita a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete restó importancia a lo que preocupa a nuestros compatriotas. Lo mismo hizo el ministro de Economía.

Se argumenta que la inflación no es mala y es el costo del crecimiento; obviamente que este falso diagnóstico esta desmentido por lo que sucede en la región, donde la inflación no supera un dígito. De allí que no se dispongan instrumentos para ampliar la capacidad instalada que llega a su límite, ni para que los turnos y las horas extras se transformen en nuevos puestos de trabajo registrado. Ello explica por qué estamos entre los siete países con esa magnitud del flagelo, que más temprano que tarde incidirá en el crecimiento y el comercio exterior.

El superávit comercial en los primeros nueve meses se achicó el 21% y las importaciones crecieron el doble que las exportaciones, pese a las elevadas cotizaciones de nuestros commodities por la demanda y la debilidad del dólar. Deberíamos estar atentos ante la "guerra de monedas" y los flujos comerciales de nuestros principales mercados.

Para quien escribe, la inflación tiene manifestaciones monetarias y en las expectativas, ahuyenta inversiones y no contribuye a la armonía social. Sus causas son complejas. En nuestro caso, se corresponden con el déficit fiscal, pese a la creciente presión impositiva, y con el subdesarrollo, que nos condena a transferir riqueza al exterior, porque no es lo mismo precio que valor-trabajo-innovación. Imputándola a una puja distributiva -según lo expuesto por el jefe de Gabinete-, al mismo tiempo que se la niega se anuncia que no se hará nada, aunque signifique un ajuste encubierto. ¿Cuántos compatriotas caen en la pobreza por cada punto de inflación? En todo caso, la puja surge cuando se advierte el deterioro en el poder adquisitivo y la eventual descapitalización, no antes.

Para el Gobierno, la inflación es una política de aliento del consumo, que también puede amesetarse, porque la capacidad de endeudamiento de los sectores medios tiene techo y su costo es oneroso. El aumento del consumo de bienes durables, motivado en proteger sus ahorros y la imposibilidad de acceder a la vivienda, por ejemplo, no es acompañado por el proceso de inversión, que es del 21% del PBI, incluida la inversión pública sin prioridades.

Cinco puntos menos que lo necesario para sostener un crecimiento genuino y sostenido.

Lo que no se dice es que mediante este desorden, el Gobierno logra capturar mayores ingresos fiscales por lo que extrae del Banco Central, por la toma de fondos de los jubilados por debajo de la inflación y por el aumento de recaudación, que surge del más cruel y regresivo impuesto inflacionario que recae sobre los asalariados, más aún entre los despojados de cobertura en paritarias, sobre los jubilados y los que reciben programas sociales. ¿Se supone que la inflación licuará las deudas estatales en pesos sin damnificados?

Nada más contraindicado que apelar a las recetas recesivas. Ningún momento internacional más propicio que el actual para atraer inversiones locales y extranjeras directas, impulsar la producción energética y financiar las actividades que generen empleos con salarios dignos. Se trata de ampliar la oferta, para no tener que importar lo que pueden hacer nuestros empresarios y trabajadores. Al discurso industrialista lo desmiente la evolución de la inversión reproductiva prevista para este año, comparada con 2008.

La alteración de las reglas de juego tienen un costo social. La tentación de eludir los controles institucionales, tanto del Congreso como de la Justicia y de la prensa independiente, aumenta la desconfianza que promueven las recurrentes declaraciones de los más encumbrados funcionarios.

En realidad, lo que se reitera es la ficción de creer que la mentira, utilizada como estrategia de gestión, puede conducir al país a un mejor destino. Esta maniobra es un recurso sólo utilizado por los que se muestran impotentes para modificar la realidad. Sus resultados son temidos, porque el tiempo perdido no se recupera y, menos aún, el daño que se ocasiona a los que menos tienen: con estas políticas son condenados a la inequidad social, contradiciendo la aspiración de progresar.

Insistir en la manipulación del Indec nos impone pagar tasas duplicadas. Soslayar el debate necesario distrae y posterga la posibilidad de revertir la tendencia inflacionaria al tiempo que se recupera competitividad y se mejora la eficiencia global de la economía mediante el desarrollo con criterio federal.