La impunidad de los colectiveros

Según un informe del gobierno porteño, sobre un total de 1271 infracciones labradas contra conductores de colectivos durante los últimos doce meses, 1159 (un 90 por ciento) se originaron por el cruce de semáforos en rojo. El 10 por ciento restante se produjo, en su mayoría, por exceso de velocidad.

Por sí solas estas cifras pueden resultar impactantes y hacer pensar que se ha avanzado un trecho considerable en pos de terminar con la impunidad de muchos colectiveros, pero si se las pone en contexto quedan muy relativizadas: esos 1271 conductores sancionados en doce meses representan un número ínfimo si se tiene en cuenta que las unidades que realizan 9000 viajes por la ciudad de Buenos Aires son conducidas por más de 20.000 choferes que hacen turnos de seis horas.

A comienzos de este mes, la muerte de una mujer en Forest y Federico Lacroze elevó a 16 el número de personas que fallecieron en lo que va del año, sólo en la ciudad de Buenos Aires, atropelladas por colectivos. Tuvo que ocurrir un hecho semejante para que autoridades nacionales y porteñas volvieran sobre el tema y retomaran viejas ideas que nunca se terminan de poner en práctica.

Cabe recordar que uno de esos proyectos apuntaba a la instalación en cada unidad de equipos de GPS, de manera de tener un control sobre cómo y por dónde conducen los colectiveros. Ello no ocurrió hasta el momento, al menos con la masividad que la situación demanda. Y tampoco se advierte que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) haya puesto en marcha otro antiguo proyecto según el cual se obligaría a las empresas a que ampliaran el tiempo de recorrido, como una manera de quitar presión a los conductores.

Cualquiera que viaje o no en colectivo puede observar y padecer las peligrosas maniobras que realizan los conductores para llegar en horario a los distintos controles que pasan durante su recorrido.

Hay, sin embargo, cosas más graves aún por las cuales la situación sigue fuera de control y es la manifiesta falta de decisión que se observa para actuar con rigor sobre los infractores.

A estas alturas, resulta inadmisible que un colectivero que pase una luz roja y sea detenido, pueda seguir haciendo su trabajo a partir de que sólo se le retira su licencia de conducir y se le entrega en el momento un permiso provisional que puede utilizar durante 40 días, lapso en el cual debe presentarse a pagar la multa para recuperar el registro original. La idea de una norma que directamente impida al conductor seguir su camino fue muchas veces debatida y otras tantas archivada.

Sería, por cierto, una medida odiosa para los pasajeros que verían interrumpido su viaje, pero, al mismo tiempo, constituiría un correctivo de enorme significación para empresas y conductores.

Tampoco se avanzó en la unificación de criterios respecto de la quita de puntos por la vía del scoring , que sólo se sigue aplicando para quienes hayan sacado su licencia en la ciudad de Buenos Aires.

Además de verificar el estado y funcionamiento de las unidades, cosa que no hace a juzgar por la cantidad de vehículos que producen una contaminación sonora y ambiental de proporciones, la CNRT debería impedir que las empresas la mayoría de las veces rechacen identificar al conductor de un colectivo que ha incurrido en la violación de la luz roja o en otro tipo de infracción.

Por ello, la firma, el jueves último, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de un decreto para la renovación del 92 por ciento de la flota del autotransporte público de pasajeros que circula por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a través de una línea de crédito subsidiada por el Estado nacional, puede considerarse una medida auspiciosa. Es de esperar que las nuevas unidades cuenten con la tecnología necesaria para brindar no sólo un mejor servicio a los usuarios sino también seguridad, además de disminuir la ya mencionada contaminación ambiental y sonora.

No se puede dejar de señalar otro aspecto importante del problema y es el comportamiento, tanto en la Capital Federal como en el conurbano, de las autoridades policiales y de tránsito, que parecen estar más atentas a las infracciones que cometen los particulares que a las de los colectiveros. En efecto, sólo el uno por ciento de los cuatro millones de multas anuales que se labran en la ciudad de Buenos Aires recaen sobre colectivos. Y la misma proporción se registra en distritos del conurbano bonaerense.

Frente a semejante dato hay dos posibilidades: o es el temor o la complicidad de las autoridades lo que arroja datos tan sorprendentes para lo que se puede observar a diario que ocurre en cualquier calle o avenida.

Vista la gravedad de un problema que se lleva la vida de muchas personas y deja a muchísimas más con daños serios, irreparables en muchos casos, es incomprensible que las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses no admitan que, en este caso, la ciudad y el conurbano conforman una suerte de distrito único que necesita de una normativa uniforme que ponga a la seguridad de los ciudadanos por encima de mezquindades políticas, gremiales y comerciales.