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La Iglesia y los planes sociales

Sin oponerse a los planes sociales, la Iglesia Católica advirtió que la continuidad de éstos en el tiempo puede llegar a afectar la necesaria cultura del trabajo.

Las autoridades deberían tener en cuenta esta opinión, ya que se trata de una institución cuyos sectores de base están en permanente contacto con los más humildes.

No se trató de una crítica, sino de un llamado de atención, con la seriedad que el caso exige. Ante el anuncio de la Presidenta de la Nación sobre el incremento de la Asignación Universal por Hijo, la Iglesia Católica advirtió que la perpetuación de algunos de los planes sociales puedan llegar a afectar la necesaria cultura del trabajo.

La relación entre el Episcopado y las dos últimas gestiones gubernamentales ha atravesado momentos difíciles, que se vivenciaron en la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de establecer un sistema itinerante en las misas del 25 de Mayo al no aceptar las críticas que el Arzobispo realizó en la Catedral Metropolitana;  también hubo diferencias profundas en oportunidad de la designación del embajador argentino ante El Vaticano. Aunque con la gestión de Cristina Kirchner hubo algunos acercamientos que se manifestaron en la reunión que ella mantuvo con representantes del Episcopado en la Casa Rosada.

La Iglesia, con sus miles de parroquias distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, es quien primero suele captar las inquietudes y  necesidades sociales. De allí que, con sus declaraciones, marca tendencias en la opinión pública, las que generalmente no son del agrado de algunos funcionarios que responden con términos a veces fuera de lugar, priorizando politizar la situación en lugar de las necesarias aclaraciones.

En ese marco de situación, la Iglesia brindó en numerosas oportunidades su opinión, con el objetivo de alcanzar consensos que fortalezcan la paz social. En oportunidad del conflicto entre el Gobierno y los dirigentes del campo, planteó la necesidad de priorizar el diálogo y reclamó a los ruralistas que revean las estrategias de reclamo.

Cuando el Gobierno decidió enviar la resolución 125 al Congreso, los obispos manifestaron su satisfacción por un medida que permitiría encontrar la solución al problema. En otras ocasiones, el Episcopado planteó la necesidad de la implementación de políticas públicas a favor de los más pobres y excluidos, haciendo hincapié en que es el mayor desafío que tienen los argentinos por delante, dando a conocer un documento en el que exigía alcanzar acuerdos básicos y así trabajar para la erradicación de la pobreza y la exclusión social, reclamando a la dirigencia política un verdadero proyecto de país.

Los obispos también apoyaron la Asignación Universal por Hijo, esencialmente en lo que hace a la exigencia que establece que los padres deben cumplir con una educación y una salud adecuada para sus hijos. Por eso calificó como buena noticia el aumento de 220 a 270 pesos en ese rubro, aunque inmediatamente advirtió que esa ayuda, de continuar por tiempo indefinido, corre el riesgo de convertirse "en un arma de doble filo, ya que puede llevar a que se caiga en el conformismo y en pérdida de entusiasmo por buscar un trabajo seguro".

El Gobierno debería tomar nota de la advertencia realizada por los obispos. Es que sin poner en tela de juicio la necesidad de los planes que concurren en ayuda de los más necesitados, debe señalarse también que el trabajo dignifica a las personas. Para que ello suceda, deberán establecerse las metodologías que permitan la apertura de fuentes laborales en lugar de priorizar leyes que muchas veces ponen trabas a quienes tienen la sana intención de invertir en algún tipo de actividad económica.