La Iglesia le pide al Gobierno medidas urgentes para frenar el avance del narcotráfico en Rosario

El problema de las adicciones y el narcotráfico en el país se está convirtiendo en una tormenta perfecta: el consumo de drogas aumenta en medio de una creciente tolerancia social, el narcotráfico se expande con la complicidad de sectores de poder y el Estado no proporciona las respuestas que debería dar en todos los frentes por complicidad, ineptitud o, simplemente, desinterés. Rosario es el peor escenario, pero sectores del gran Buenos Aires empiezan a parecerse.

La Iglesia hace más de dos décadas que viene advirtiendo tanto por la mayor ingesta de drogas como por el aumento del tráfico. Cuando hace unos años estalló una de las tantas polémicas sobre la despenalización de los estupefacientes, los curas villeros advirtieron en una declaración que la droga “está despenalizada de hecho” en las villas. Habría que agregar que también lo está en lugares acomodados, como los countries, porque su consumo crece en todas las clases sociales.

Atrás quedó en el tiempo la realidad que se expresaba con la frase “la Argentina es un país de tránsito, no de consumo”. Hoy, por caso, somos el país con mayor consumo de cocaína de América Latina, según la ONU. Con respecto a la marihuana -una droga de iniciación que viene cada vez más tóxica- solo es cuestión de salir a la calle para ver cuánto se la consume. Y las llamadas drogas de diseño como el éxtasis son “normales” en boliches y recitales.Hace más de una década el Congreso aprobó –con el aliento de la Iglesia- la ley 26.586 que establecía el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas que incluye una serie de acciones en favor de la concientización en todos los niveles de la educación, promoviendo incluso un espíritu crítico frente a los mensajes relacionados con las drogas. La ley, sin embargo, nunca fue reglamentada.

En los medios eclesiásticos dicen que su implementación es cada vez más necesaria frente a las deficiencias afectivas que sufren muchos chicos como consecuencia de las crisis familiares y de la necesidad de los padres de trabajar más y, por tanto, deben estar más tiempo fuera de su casa; el crecimiento de la pobreza y, por extensión, de la marginalidad. Y, en fin, ante una sociedad que prioriza el consumo a los valores y la espiritualidad.

La Iglesia puso en marcha hace 15 años los llamados Hogares de Cristo para la atención de los adictos de las villas. Hoy son más de 150 instalados en barrios populares a lo largo y a lo ancho del país. Al frente está el padre Pepe Di Paola -emblema de los curas villeros y amenazado hace unos años por los narcos- que actualmente está recorriendo el país al frente de una campaña contra las adicciones bajo el lema. “Ni un pibe menos”.

Paralelamente, el avance narco no tiene freno. También en este aspecto hace mucho que la Iglesia alzó su voz, consciente de que, a medida que el tráfico de drogas avanza es más difícil combatirlo. En ese sentido, los expertos definen claramente las distintas etapas del proceso delictivo que lleva a corromper políticos y jueces y al empleo del sicariato llegando a utilizar a adolescentes para cometer los asesinatos.

En los primeros años de su pontificado, Francisco advirtió que la Argentina corría el riesgo de “mejicanizarse” -en obvia referencia a la grave situación en México por el accionar narco-, lo que cayó mal en el país azteca y obligó al Papa a una disculpa. Más allá de si se trata o no de países con iguales condiciones como para que en uno se replique lo que le sucede al otro, el señalamiento fue claro.

El agravamiento de la situación en Rosario -la cantidad de muertos en enero y primeros días de febrero preanuncia la posibilidad de un nuevo récord de asesinatos este año tras el alcanzado en 2022- determinó que la Iglesia rosarina difundiera esta semana una declaración en la que atribuye en parte el crecimiento de las adicciones y el narcotráfico al “cobijo de sectores del poder”.

Sostiene que esta situación “clama al cielo por la falta de respuestas de los distintos niveles del Estado” y pide “políticas públicas lúcidas, decididas y valientes necesarias como tantas veces hemos reclamado”. Subraya que “son las autoridades las que cuentan con mayores recursos tanto para eliminar las causas como las nefastas consecuencias de la violencia criminal”.

Finalmente, exhorta a “la dirigencia política, económica y social, para que dejando de lado intereses y mezquindades, arriben a los consensos imprescindibles que deberán ser la base de esas políticas a implementar por los magistrados y funcionarios actuales, y los que en cada oportunidad sean elegidos democráticamente”.

Mientras tanto, no solo los políticos no se sientan a una mesa y entre todos definen acciones, sino que ministros de la Nación y gobernadores se culpan mutuamente, por “no entender el problema” o “no hacerse cargo”, mientras más gente muere y el miedo en la población crece.

Cabe preguntarse si existe entre las autoridades y los políticos en general una cabal conciencia de hacia dónde va la Argentina en materia de adicciones y narcotráfico y, en tal caso, que están proyectando para detener tantas muertes por consumo y por las balas, detalla el periodista Sergio Rubin para TN.