La hipocresía electoral de la clase política
Nada hay por ahora que evidencie que la clase política haya entendido el "que se vayan todos". Cerca ya de cumplirse una década en las pretensiones ciudadanas de una profunda reforma política, a menos de un año para las elecciones generales y a 8 meses de la fecha que se prometió debieran ser elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, todavía no se sabe con qué reglas se votará.
Empecinadamente se sostiene la incógnita tanto en el orden nacional, como a nivel provincial y municipal. Todos los protagonistas de esta comedia ya ni disimulan la priorización de sus intereses sectoriales, personales y familiares. El oficialismo, para manejar el camino hacia las urnas; los opositores, para evitar que sus profundas divisiones, enconos y vanidades, terminen diluyendo en los hechos lo que la ciudadanía les expresó en las últimas elecciones de 2009.
En la Justicia, al igual que en la oposición, se recela y crece la preocupación por los puntos oscuros que mantiene la ley electoral sancionada por el Congreso a fines del año pasado y que el Gobierno se demora en reglamentar. Para completar el cuadro de descarada ignorancia de los intereses de los ciudadanos electores, a nivel provincial los intendentes negocian con el gobierno de Jaque para mantener las viejas reglas de juego en la definición de los candidatos.
La incertidumbre abarca todos los rubros: no hay presupuesto asignado para actualizar los padrones; se desconoce si se autorizarán o no las "listas colectoras"; no existen especificaciones sobre el criterio que se usará para distribuir la publicidad audiovisual (sólo se podrán utilizar espacios otorgados por el Estado) y hay enormes dudas acerca de cómo se controlará el financiamiento de las campañas.
Los temores de la Justicia ya se filtraron en una advertencia pública de la jueza electoral porteña, María Servini de Cubría, en particular por la imposibilidad de actualizar los padrones.
En la provincia el Gobierno provincial amagó con un proyecto de reforma electoral hace ya 4 meses -que implicaba adhesión en general a la ley nacional que aprobó el Congreso- pero no concretó nunca el envío de la propuesta a la Legislatura.
Y lo que es más, acaba de protagonizar una reunión con los intendentes justicialistas, en la que prácticamente se acordó que en el oficialismo provincial las internas se harán con los viejos métodos que usan los mandamás departamentales para sostener sus respectivos poderes vecinales.
Es más, los caciques municipales del oficialismo local pretenden que las internas se hagan del modo en que les permita mantener sus privilegios. Los mismos que hace unos meses -antes de la muerte de Néstor Kirchner- proponían separarse de la contienda nacional ahora no sólo quieren ir con Cristina en la boleta sino que propician adelantar las internas para hacer jugar pronto sus aparatos municipales en la definición de las candidaturas para 2011.
Desde los ámbitos político y judicial coinciden ahora en marcar una ventaja operativa para el oficialismo, porque es el único que sabe de antemano cómo se van a definir esos temas sensibles para el desempeño electoral.
A nivel nacional se cuestionan algunos aspectos en los que la ley aprobada por el Congreso es demasiado vaga y se temen picardías electorales del poder sectorial del kirchnerismo. Hay varios ítems que se acordaron, pero que parecen no estar ahora en condiciones de entrar en vigor. Uno de ellos, por ejemplo, es el reparto de publicidad. Nada está claro con la posibilidad de reiterar el uso de subterfugios "colectores" tanto en las internas como en el comicio nacional.
No es verdad que a la ciudadanía no le importe el ejercicio político. Es más, se ha mostrado claramente interesada en esclarecer el camino hacia la selección de las candidaturas zonales, vecinales y provinciales, para tener una evidencia próxima y real de propuestas y candidatos.
Lo que rechaza son los subterfugios, los engaños e hipocresías que sólo permiten consolidar el manejo del poder por parte de verdaderos clanes familiares, nacionales, provinciales y municipales.