La herida que no caduca
La democracia uruguaya se sometió a una dura prueba: respetar la voluntad popular de una ley de caducidad de los delitos de la dictadura o llevarlos a juicio y castigar a los culpables.
Si algo puede afirmarse con absoluta certeza es que las huellas dejadas por las dictaduras militares que golpearon y dañaron la vida institucional en la mayor parte de los países de América latina durante la década de 1970 son perdurables. Dejaron marcas indelebles y traumas sociales de difícil resolución.
Con la violación sistemática de elementales derechos humanos como norma, las Fuerzas Armadas tomaron por asalto los estados, degradaron sus instituciones y las utilizaron para encarcelar, torturar, humillar y asesinar personas en el marco de la denominada doctrina de la seguridad nacional.
Muchas de esas instituciones, en particular los ejércitos y las policías, todavía andan a tientas buscando cómo reacomodarse ante la sociedad, luego de semejante desnaturalización de sus objetivos y funciones. Los gobiernos democráticos de la región también lo han hecho y han tenido actitudes disímiles, cambiantes y contradictorias. Por esa encrucijada, por caso, acaba de atravesar Uruguay horas atrás.
En abril pasado, la Cámara de Senadores anuló la denominada ley de caducidad, sancionada a fines de 1986 en un marco político y con un contenido similar al que dio origen en nuestro país a las leyes de obediencia debida y punto final. Esa ley dispuso la caducidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de la dictadura militar desde 1973 a 1985.
En la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados no pudo avanzar en la sanción de la norma, al resultar empatada la votación en 49 sufragios, tras el retiro de un legislador del Frente Amplio. Esta agrupación había impulsado el proyecto pese a la existencia de dos plebiscitos en contra y el rechazo del presidente José Mujica, ex guerrillero tupamaro y que milita en las filas del Frente Amplio. El ahora concluido proceso legislativo había cobrado impulso a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El apoyo a la ley de caducidad por dos referendos (1989 y 2009) generó una contradicción difícil de resolver para la democracia uruguaya: por un lado, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas; por el otro, si el Estado –representado por sus poderes– debe buscar la verdad y castigar a los culpables, a partir de la adhesión a los tratados internacionales que garantizan la vigencia de los derechos humanos.
Se trata de una encrucijada en la que algunos países han sido colocados por el dislate institucional que significaron los golpes militares.
Cada país debe resolver tan delicada situación según un camino propio. Pero la segunda certeza que se puede formular sobre estos dolorosos episodios es que no pueden ser ignorados ni olvidados, sino resueltos en un marco de legalidad y transparencia, que permita construir una plataforma sólida y común, como punto de partida para mirar hacia el futuro.