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La guerra narco en la Villa 31 ya dejó seis muertos

Se trataría de un enfrentamiento entre dos bandas que históricamente operan en el lugar.

Una guerra entre dos bandos narcos se desató en plena Villa 31, a solo 25 cuadras de la Casa Rosada. La disputa entre dos clanes, se habría cobrado al menos seis vidas desde el 20 de noviembre y aún no termina. 

La última, esta madrugada: un policía de la Ciudad -adicto y con problemas de conducta durante el servicio activo, según se informó- que había ido al barrio a comprar estupefacientes cuando fue acribillado. 

Según una fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, los crímenes se deben a una disputa por el territorio entre ambos clanes. Al mismo tiempo, afirmó que si bien se hicieron reclamos a la Justicia Federal para realizar allanamientos no tuvieron respuesta por parte de los funcionarios judiciales. 

La hipótesis, según informaron fuentes judiciales, es que los homicidios se produjeron en medio de un enfrentamiento entre las dos bandas que, históricamente, operan en la villa 31. De un lado, la organización que en su momento estuvo liderada por el peruano César Morán de la Cruz, el mítico Loco César , y del otro, Los Sampedranos , un clan de guaraníes oriundos, precisamente, de la ciudad de San Pedro, Paraguay.

El hito del recrudecimiento de esta guerra parece estar situado en noviembre, cuando se inscribió el primer homicidio de esta seguidilla. Fue cinco meses después de que el hermano del Loco César fuera asesinado por un vecino de la villa, cansado de los crímenes y aprietes que lo rodeaban.

"Con el Loco preso, sus laderos quedaron al mando del negocio narco. Por el lado de Los Sampedranos está como cabecilla un tal Pili", afirmó un importante jefe policial al tanto de las investigaciones.

La fiscal en lo criminal y correccional porteña Marcela Sánchez estuvo de turno entre el 11 y el 20 de febrero pasado. En ese lapso ocurrieron dos homicidios que ahora está investigando con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía Federal .

El primero de los asesinatos que investiga la fiscal Sánchez ocurrió el 15 del mes pasado, a las 16. La víctima fue identificada por fuentes judiciales como Kevin Granados Ayala, peruano, de 24 años. Fue acribillado en la Plaza de los Lápices, del asentamiento de Retiro. Su cuerpo tenía siete orificios de bala.

Cuatro días después, a las 0.20, fue asesinado Lucas Báez, un chaqueño de 34 años. Este hombre habría sido testigo del homicidio de Granados Ayala y la principal sospecha es que lo habrían matado para que no contara lo que había visto, especularon fuentes judiciales..

"Todavía no está acreditado en el expediente, pero según información que obtuvo la policía el homicidio de Granados Ayala estaría vinculado con una disputa narco entre las dos bandas que históricamente pelean por el territorio", afirmó una fuente de la investigación.

No es la primera vez que la villa 31 es sacudida por una serie de homicidios vinculados a una guerra narco por el territorio. Entre el 26 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016 hubo cinco asesinatos que tuvieron relación con el negocio ilegal de las drogas. Aquel raid criminal había comenzado cuando fue hallado un cuerpo atado de pies y manos con alambre. El cadáver estaba dentro de un contenedor de basura, detrás de la terminal de ómnibus de Retiro.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, tras esta nueva serie de asesinatos en la villa 31 la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) comenzó a colaborar con los funcionarios judiciales porteños que están a cargo de las investigaciones por los crímenes.

"Por las edades de las víctimas está claro que están matando a los denominados soldaditos [jóvenes encargados de vigilar los puntos de venta]", dijo una importante fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

El fiscal federal Jorge Di Lello y su equipo de colaboradores tuvieron una investigación que puso el foco en los negocios de la droga de la villa 31 y 31 bis , que dan el contexto a la seguidilla de homicidios. La causa por comercialización de estupefacientes, a cargo del juez federal porteño Ariel Lijo, tuvo avances importantes y en ella se procedió a la detención de más de 20 sospechosos.

"Si bien una importante cantidad de miembros de las organizaciones narcocriminales están detenidos, el negocio continúa y el poder está en plena disputa", explicó una calificada fuente judicial.

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