La gran estafa nicaragüense
* Por Emilio J. Cárdenas. Los cables del Departamento de Estado norteamericano que fueran filtrados por Wikileaks, que siguen apareciendo regularmente en los medios internacionales, nos sirven de recordatorio de una realidad hábilmente disimulada: la manipulación de las instituciones políticas.
Los miles de cables del Departamento de Estado norteamericano que fueran insólitamente filtrados por Wikileaks, que siguen apareciendo regularmente en los medios internacionales, nos sirven -de repente- de recordatorio (triste) de una realidad hábilmente disimulada: la que tiene que ver con la manipulación de las instituciones políticas, de manera que la apariencia oculte bajo diversas cortinas de humo una lamentable realidad: la ausencia de democracia real en muchos países de nuestra región, cuyas estructuras institucionales han sido desnaturalizadas, de modo de transformar sus democracias en una suerte de Kabuki.
El último llamado de atención apareció en la edición de El País de España el 1º de abril pasado. Por sus enseñanzas, para todos, no debe pasar desapercibido.
Me refiero a los comentarios que allí describen el quién es quien de la fraudulenta democracia sandinista nicaragüense. Y nos recuerdan realmente que ese ámbito está dominado por una suerte de asociación -oculta y perversa- entre Daniel Ortega y el líder del Partido Liberal Constitucionalista (presuntamente opositor), Arnoldo Alemán.
Ortega, que administrara primero a su país entre 1985 y 1990 y luego entre 1996 y el 2001, gobierna nuevamente a Nicaragua desde el 2007 y ahora se apresta a ser re-electo, a pesar de que la Constitución de su país lo prohíbe expresamente. Para ello logró una interpretación judicial favorable, dictada por jueces que no ocultan su carácter de adictos al régimen que conduce, que es impugnada por la enorme mayoría de sus con-ciudadanos. Pero sigue adelante.
Alemán, por su parte, fue presidente de Nicaragua desde 1997 hasta el 2002. Al año siguiente, fue condenado a 20 años de cárcel por un enorme peculado. Con la ayuda de Ortega, logró que la Corte Suprema de su país, no obstante, lo sobreseyera. Ahora es nuevamente candidato a presidente. Con esto impide que la oposición se unifique, lo que podría permitir, una vez más, a la minoría sandinista a quedarse con el poder político.
Desde 1999, Ortega y Alemán habrían (a estar a las noticias publicadas en el medio español) sellado un lamentable pacto mafioso que, no obstante, parece haber operado exitosamente, por el cual se reparten el control de las instituciones nicaragüenses. Para esto, el manejo del Poder Judicial ha sido esencial. Dicho de otra manera, la ausencia de jueces independientes e imparciales ha permitido que un grupo de magistrados sumisos y/o venales pudiera contribuir a desfigurar la democracia nicaragüense, hasta hacerla irreconocible.
Esos mismos jueces, se nos dice, han permitido a Daniel Ortega eludir sus responsabilidades penales por haber cometido crímenes imprescriptibles contra miles de civiles inocentes, entre 1981 y 1982. Cuando el duro conflicto armado interno que asolara a Nicaragua. Me refiero a la persecución marxista de los indios miskitos que se alzaron entonces contra el régimen de Ortega.
También se nos recuerda que posibilitaron, en los hechos, que la violación por parte de Daniel Ortega (el héroe revolucionario) de su propia hijastra, Zoiloamérica Narváez, haya finalmente quedado también impune. Primero, por la cobertura brindada a Ortega por su inmunidad parlamentaria, que lo protegió por años (como protege también a otros políticos, incluyendo en nuestro medio) y luego por el manejo subterráneo de los tribunales con la que se logró que lentamente se esfumaran las acusaciones, hasta desaparecer y quedar en la nada, al que insólitamente contribuyera, a estar a los cables, la esposa de Ortega, la ambiciosa Rosario Murillo, madre de Zoiloamérica. Y que el asesinato del joven Jean Paul Genie, de 16 años, por parte de guardaespaldas de Ortega, en una ruta nacional, tampoco haya generado responsabilidad alguna.
Esos mismos cables filtrados nos recuerdan asimismo que los jueces adictos se usaron también para conseguir la absolución del boxeador Ricardo Mayorga, acusado de una supuesta violación de una joven en un hotel céntrico de Managua, a cambio de transformarse en propagandista activo del régimen de Ortega, dentro y fuera de Nicaragua; así como para lograr la impunidad de quienes asesinaron al periodista radial William Hurtado.
La antedicha es tan sólo una apretada síntesis de cual es la triste realidad nicaragüense. Lo grave es que ella evidencia un mal muy extendido: la artera manipulación de la justicia, hoy epidémico en nuestra región.
Cuando los jueces o funcionarios que tiene a su cargo los mecanismos de control y auditoría de la administración pública se designan en función de sus ideologías o posiciones políticas, o (peor) son frecuentemente parientes, allegados, familiares o amigos la independencia de la justicia toda queda en grave riesgo.
Entonces, cuando las causas que afectan al poder público y sus personajes y allegados se empantanan siempre, como si esto fuera normal, de manera de hacerlas eternas para así permitir que corran los plazos de las prescripciones y todo quede en la nada; o cuando los sobreseimientos se demoran para mantener la presión judicial (a la manera de espada de Damocles) contra los opositores, adversarios o disidentes, la falta de independencia de los jueces resulta obvia. Si a esto se agrega el uso sistemático y abusivo del poder de policía administrativo, los aprietes antidemocráticos quedan en evidencia.
Todas estas son señales de falta de democracia que no pueden quedar inadvertidas. En ninguna parte. Por ello lo de que algunas democracias latinoamericanas hoy son más teatrales (Kabuki) que otra cosa.
El último llamado de atención apareció en la edición de El País de España el 1º de abril pasado. Por sus enseñanzas, para todos, no debe pasar desapercibido.
Me refiero a los comentarios que allí describen el quién es quien de la fraudulenta democracia sandinista nicaragüense. Y nos recuerdan realmente que ese ámbito está dominado por una suerte de asociación -oculta y perversa- entre Daniel Ortega y el líder del Partido Liberal Constitucionalista (presuntamente opositor), Arnoldo Alemán.
Ortega, que administrara primero a su país entre 1985 y 1990 y luego entre 1996 y el 2001, gobierna nuevamente a Nicaragua desde el 2007 y ahora se apresta a ser re-electo, a pesar de que la Constitución de su país lo prohíbe expresamente. Para ello logró una interpretación judicial favorable, dictada por jueces que no ocultan su carácter de adictos al régimen que conduce, que es impugnada por la enorme mayoría de sus con-ciudadanos. Pero sigue adelante.
Alemán, por su parte, fue presidente de Nicaragua desde 1997 hasta el 2002. Al año siguiente, fue condenado a 20 años de cárcel por un enorme peculado. Con la ayuda de Ortega, logró que la Corte Suprema de su país, no obstante, lo sobreseyera. Ahora es nuevamente candidato a presidente. Con esto impide que la oposición se unifique, lo que podría permitir, una vez más, a la minoría sandinista a quedarse con el poder político.
Desde 1999, Ortega y Alemán habrían (a estar a las noticias publicadas en el medio español) sellado un lamentable pacto mafioso que, no obstante, parece haber operado exitosamente, por el cual se reparten el control de las instituciones nicaragüenses. Para esto, el manejo del Poder Judicial ha sido esencial. Dicho de otra manera, la ausencia de jueces independientes e imparciales ha permitido que un grupo de magistrados sumisos y/o venales pudiera contribuir a desfigurar la democracia nicaragüense, hasta hacerla irreconocible.
Esos mismos jueces, se nos dice, han permitido a Daniel Ortega eludir sus responsabilidades penales por haber cometido crímenes imprescriptibles contra miles de civiles inocentes, entre 1981 y 1982. Cuando el duro conflicto armado interno que asolara a Nicaragua. Me refiero a la persecución marxista de los indios miskitos que se alzaron entonces contra el régimen de Ortega.
También se nos recuerda que posibilitaron, en los hechos, que la violación por parte de Daniel Ortega (el héroe revolucionario) de su propia hijastra, Zoiloamérica Narváez, haya finalmente quedado también impune. Primero, por la cobertura brindada a Ortega por su inmunidad parlamentaria, que lo protegió por años (como protege también a otros políticos, incluyendo en nuestro medio) y luego por el manejo subterráneo de los tribunales con la que se logró que lentamente se esfumaran las acusaciones, hasta desaparecer y quedar en la nada, al que insólitamente contribuyera, a estar a los cables, la esposa de Ortega, la ambiciosa Rosario Murillo, madre de Zoiloamérica. Y que el asesinato del joven Jean Paul Genie, de 16 años, por parte de guardaespaldas de Ortega, en una ruta nacional, tampoco haya generado responsabilidad alguna.
Esos mismos cables filtrados nos recuerdan asimismo que los jueces adictos se usaron también para conseguir la absolución del boxeador Ricardo Mayorga, acusado de una supuesta violación de una joven en un hotel céntrico de Managua, a cambio de transformarse en propagandista activo del régimen de Ortega, dentro y fuera de Nicaragua; así como para lograr la impunidad de quienes asesinaron al periodista radial William Hurtado.
La antedicha es tan sólo una apretada síntesis de cual es la triste realidad nicaragüense. Lo grave es que ella evidencia un mal muy extendido: la artera manipulación de la justicia, hoy epidémico en nuestra región.
Cuando los jueces o funcionarios que tiene a su cargo los mecanismos de control y auditoría de la administración pública se designan en función de sus ideologías o posiciones políticas, o (peor) son frecuentemente parientes, allegados, familiares o amigos la independencia de la justicia toda queda en grave riesgo.
Entonces, cuando las causas que afectan al poder público y sus personajes y allegados se empantanan siempre, como si esto fuera normal, de manera de hacerlas eternas para así permitir que corran los plazos de las prescripciones y todo quede en la nada; o cuando los sobreseimientos se demoran para mantener la presión judicial (a la manera de espada de Damocles) contra los opositores, adversarios o disidentes, la falta de independencia de los jueces resulta obvia. Si a esto se agrega el uso sistemático y abusivo del poder de policía administrativo, los aprietes antidemocráticos quedan en evidencia.
Todas estas son señales de falta de democracia que no pueden quedar inadvertidas. En ninguna parte. Por ello lo de que algunas democracias latinoamericanas hoy son más teatrales (Kabuki) que otra cosa.