La fuerte y desprolija poda de subsidios
*Por Salvador Treber. De acuerdo a la información oficial, en 2011 los subsidios explícitos de jurisdicción nacional sumaron 77.848 millones de pesos
Lo cual implica un incremento interanual del 62,1 por ciento respecto de 2010 y nada menos que del 133,5 por ciento frente a 2009.
De mantenerse esta tendencia fuertemente alcista, seguramente en 2012 se habría necesitado disponer aproximadamente de 125 mil millones de pesos, con lo que se comprometería la cuarta parte del total de fondos presupuestarios.
Si se revisan datos de períodos precedentes, surge con nitidez que esta curva ascendente en algún momento debía ser contenida, por el alto riesgo de chocar contra la imposibilidad de seguir manteniéndola con semejante continuidad.
Cinco años atrás, en 2007, totalizaban apenas 14.625 millones de pesos y en ese lapso se multiplicaron en forma inusitada (5,3 veces). De allí que era urgente la introducción de modificaciones sustanciales que las frenaran.
La composiciónde los subsidios. En 2011, el 54,9 por ciento de esos aportes –42.700 millones de pesos– fue afectado a disminuir el precio que pagan los usuarios del servicio de "transportes", incluido el combustible que insumen en la prestación, a través de pagos directos a las empresas prestatarias, en especial dentro del Gran Buenos Aires.
El segundo gran rubro, equivalente al 28,8 por ciento del total (22.420 millones), contribuyó a abaratar el consumo, tanto empresario como doméstico, de las diversas fuentes de energía.
En tercer término, aunque muy distantes de las cifras antes expuestas, los subsidios identificados como "sociales", que se caracterizan por ser percibidos por los beneficiarios directos, dentro de los cuales la asignación universal por hijo (AUH) y la que atiende a futuras madres (embarazadas) fueron los cuantitativamente más importantes, con un total de 9.235 de millones.
Es obvio que, en términos relativos respecto de los dos primeros, su concreción empalidece en medida muy notoria y pierde significación relativa, lo cual suma argumentos a la necesidad de hacer cambios para que sean más efectivos.
Llama mucho la atención que, según las previsiones insertas en el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública para 2012 al ser enviado al Congreso en septiembre pasado, para su posterior tratamiento y aprobación, no se tocara el tema ni tampoco mereciera la más mínima observación por parte de los integrantes de las bancadas opositoras.
Conviene advertir que en todos los países adecuadamente organizados del mundo, la discusión del presupuesto se convierte en el momento propicio para examinar toda la política económico-social que se pretende implementar, ya que es la oportunidad que los legisladores tienen para analizarla y aportar iniciativas e ideas superadoras.
Por lo visto, en nuestro caso, pasa casi inadvertido, pues nada de eso ocurrió. Fue aprobado casi a "libro cerrado", como si se tratara de un mero trámite burocrático, sin la mayor relevancia.
Un abrupto cambio de ritmo. En noviembre, con marcado apresuramiento pero con objetivos todavía no muy concretos, se comenzó a tomar una serie de medidas para eliminar beneficiarios –con criterio selectivo– en las áreas de transporte y energía, manteniéndolos sólo para quienes los funcionarios a cargo del tema consideren adecuado y justo; es decir, a los titulares con menor poder adquisitivo.
Resulta obvio que, bajo tal enfoque, se requiere identificarlos y ello ha generado un proceso no muy simple ni rápido, que plantea serias dificultades.
Las primeras decisiones apuntaron a suprimir tales beneficios a los que viven en barrios y/o zonas preferenciales, de reconocidos altos ingresos dentro del área del Gran Buenos Aires, lo cual fue seguido de una convocatoria para que se adhieran en forma voluntaria aquellos que reconocieran poder afrontar el automático incremento de dichos gastos, aunque sin saber a cuánto llegaría la suba.
Hasta la fecha, no ha tenido un mayor eco y, pese a que se optó de inmediato por ampliar esa "invitación", el avance es casi nulo.
Al margen del riesgo que provoca la premura con que se actúa, el peor de todos es incurrir en acciones de injusticia social abarcando de modo indiscriminado a ciertas franjas de la clase media que no están pasando por un buen momento, a la par de poner en marcha su traslado a precios, punto de partida de todas las "corridas" entre precios y salarios.
Alarma que no haya una evaluación, siquiera aproximada, de lo que puede representar en esta oportunidad su incidencia sobre el costo de vida, ya sea en forma directa o inducida por factores reales o psicológicos.
Por ello, urge disponer de datos numéricos sobre los ingresos de los usuarios, antes de realizar la quita.
Signos de incertidumbre. También suscita cierta inquietud la actualización de los subsidios que originalmente se identificaron como "sociales" para el ejercicio 2012, ya muy perjudicados por los inadecuados incrementos que reconoce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Es evidente que el eje de las inquietudes es por conocer dónde pasará la "tijera de la poda" en cuanto a los principales.
Dado que, según el presupuesto, se prevé incrementar en 105.357 el número de beneficiarios ya existentes de la AUH e incluso se anuncia la distribución gratuita de un millón de netbooks a alumnos y docentes del ciclo secundario, en igual medida se amplía el peligro de que, ante la aparición de ciertas carencias, opten por extender en forma inconsulta el ámbito de eliminación de beneficios, abarcando a franjas que siguen gozando de ellos.
Tampoco ha sido muy feliz la implementación masiva de la tarjeta Sube, que en principio identificaría a quienes mantendrían el subsidio a los pasajes de transporte.
Al margen de los tropiezos que ha venido enfrentando, su emisión obligó a ampliar el plazo dos veces, sin precisar cuál será y por cuánto tiempo aliviará a los destinatarios.
Donde ya rige, la carencia de información es total y, para completar el cuadro de desconcierto, el ministro del ramo reconocía insólitamente que todavía no se había calculado a cuánto ascendería el boleto para los excluidos y qué beneficios tendrían sus tenedores.
Un verdadero testimonio de impericia que puede traer en un futuro próximo grandes dolores de cabeza.
De mantenerse esta tendencia fuertemente alcista, seguramente en 2012 se habría necesitado disponer aproximadamente de 125 mil millones de pesos, con lo que se comprometería la cuarta parte del total de fondos presupuestarios.
Si se revisan datos de períodos precedentes, surge con nitidez que esta curva ascendente en algún momento debía ser contenida, por el alto riesgo de chocar contra la imposibilidad de seguir manteniéndola con semejante continuidad.
Cinco años atrás, en 2007, totalizaban apenas 14.625 millones de pesos y en ese lapso se multiplicaron en forma inusitada (5,3 veces). De allí que era urgente la introducción de modificaciones sustanciales que las frenaran.
La composiciónde los subsidios. En 2011, el 54,9 por ciento de esos aportes –42.700 millones de pesos– fue afectado a disminuir el precio que pagan los usuarios del servicio de "transportes", incluido el combustible que insumen en la prestación, a través de pagos directos a las empresas prestatarias, en especial dentro del Gran Buenos Aires.
El segundo gran rubro, equivalente al 28,8 por ciento del total (22.420 millones), contribuyó a abaratar el consumo, tanto empresario como doméstico, de las diversas fuentes de energía.
En tercer término, aunque muy distantes de las cifras antes expuestas, los subsidios identificados como "sociales", que se caracterizan por ser percibidos por los beneficiarios directos, dentro de los cuales la asignación universal por hijo (AUH) y la que atiende a futuras madres (embarazadas) fueron los cuantitativamente más importantes, con un total de 9.235 de millones.
Es obvio que, en términos relativos respecto de los dos primeros, su concreción empalidece en medida muy notoria y pierde significación relativa, lo cual suma argumentos a la necesidad de hacer cambios para que sean más efectivos.
Llama mucho la atención que, según las previsiones insertas en el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública para 2012 al ser enviado al Congreso en septiembre pasado, para su posterior tratamiento y aprobación, no se tocara el tema ni tampoco mereciera la más mínima observación por parte de los integrantes de las bancadas opositoras.
Conviene advertir que en todos los países adecuadamente organizados del mundo, la discusión del presupuesto se convierte en el momento propicio para examinar toda la política económico-social que se pretende implementar, ya que es la oportunidad que los legisladores tienen para analizarla y aportar iniciativas e ideas superadoras.
Por lo visto, en nuestro caso, pasa casi inadvertido, pues nada de eso ocurrió. Fue aprobado casi a "libro cerrado", como si se tratara de un mero trámite burocrático, sin la mayor relevancia.
Un abrupto cambio de ritmo. En noviembre, con marcado apresuramiento pero con objetivos todavía no muy concretos, se comenzó a tomar una serie de medidas para eliminar beneficiarios –con criterio selectivo– en las áreas de transporte y energía, manteniéndolos sólo para quienes los funcionarios a cargo del tema consideren adecuado y justo; es decir, a los titulares con menor poder adquisitivo.
Resulta obvio que, bajo tal enfoque, se requiere identificarlos y ello ha generado un proceso no muy simple ni rápido, que plantea serias dificultades.
Las primeras decisiones apuntaron a suprimir tales beneficios a los que viven en barrios y/o zonas preferenciales, de reconocidos altos ingresos dentro del área del Gran Buenos Aires, lo cual fue seguido de una convocatoria para que se adhieran en forma voluntaria aquellos que reconocieran poder afrontar el automático incremento de dichos gastos, aunque sin saber a cuánto llegaría la suba.
Hasta la fecha, no ha tenido un mayor eco y, pese a que se optó de inmediato por ampliar esa "invitación", el avance es casi nulo.
Al margen del riesgo que provoca la premura con que se actúa, el peor de todos es incurrir en acciones de injusticia social abarcando de modo indiscriminado a ciertas franjas de la clase media que no están pasando por un buen momento, a la par de poner en marcha su traslado a precios, punto de partida de todas las "corridas" entre precios y salarios.
Alarma que no haya una evaluación, siquiera aproximada, de lo que puede representar en esta oportunidad su incidencia sobre el costo de vida, ya sea en forma directa o inducida por factores reales o psicológicos.
Por ello, urge disponer de datos numéricos sobre los ingresos de los usuarios, antes de realizar la quita.
Signos de incertidumbre. También suscita cierta inquietud la actualización de los subsidios que originalmente se identificaron como "sociales" para el ejercicio 2012, ya muy perjudicados por los inadecuados incrementos que reconoce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Es evidente que el eje de las inquietudes es por conocer dónde pasará la "tijera de la poda" en cuanto a los principales.
Dado que, según el presupuesto, se prevé incrementar en 105.357 el número de beneficiarios ya existentes de la AUH e incluso se anuncia la distribución gratuita de un millón de netbooks a alumnos y docentes del ciclo secundario, en igual medida se amplía el peligro de que, ante la aparición de ciertas carencias, opten por extender en forma inconsulta el ámbito de eliminación de beneficios, abarcando a franjas que siguen gozando de ellos.
Tampoco ha sido muy feliz la implementación masiva de la tarjeta Sube, que en principio identificaría a quienes mantendrían el subsidio a los pasajes de transporte.
Al margen de los tropiezos que ha venido enfrentando, su emisión obligó a ampliar el plazo dos veces, sin precisar cuál será y por cuánto tiempo aliviará a los destinatarios.
Donde ya rige, la carencia de información es total y, para completar el cuadro de desconcierto, el ministro del ramo reconocía insólitamente que todavía no se había calculado a cuánto ascendería el boleto para los excluidos y qué beneficios tendrían sus tenedores.
Un verdadero testimonio de impericia que puede traer en un futuro próximo grandes dolores de cabeza.