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La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para Jeanine Áñez

La ex Presidenta está acusada de sedición, conspiración y terrorismo. 


Este domingo, la Fiscalía Nacional de Bolivia solicitó que se dicten seis meses de detención preventiva para la expresidenta Jeanine Añez, detenida el viernes, acusada de participar en un golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales. 

El pedido se basa en la imputación formal que fue emitida en el caso del supuesto “golpe de Estado”. El requerimiento debe ser resuelto por un juez cautelar en las próximas horas e incluye a los exministros de la administración de Añez, Alvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), para quienes se solicita la detención en la penitenciaría de San Pedro.

La exmandataria y los exministros fueron acusados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La imputación fue firmada por los fiscales Harold Jaramillo, Rudy Terrazas y Omar Mejillones.

Añez, junto sus exministros Coimbra y Guzmán, fue detenida en Trinidad luego de un operativo policial que se desarrolló el viernes 12 de marzo. Las exautoridades fueron trasladadas hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

“Se busca que se defiendan en libertad porque la detención preventiva es de última ratio (última razón) en el proceso penal vigente. Están dispuestos a asumir su defensa y están conscientes de su inocencia, por eso ellos se encuentran con relativa tranquilidad“, manifestó el abogado John Riveros, que forma parte del equipo jurídico que asiste a los detenidos.

La causa e investigación judicial por presunto “golpe de Estado” fue abierta por Lidia Patty, exdiputada del MAS (Movimiento Al Socialismo, actualmente al frente del gobierno nacional), por la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

A eso se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales Morales ganó sin necesidad de un balotaje con su principal rival, Carlos Mesa. Morales debió exiliarse primero en México y luego en la Argentina y afirmó que su vida corrió peligro en medio de la agitación desatada en Bolivia.

La querella contra Añez señaló que la exautoridad no fue elegida como Presidenta del Senado en las horas previas en la que asumió las riendas del gobierno transitorio, que fue reconocido con la Ley 1270.

Añez envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que les pidió la presencia de una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva” su arresto.

Entregó los escritos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la UE en Bolivia, Michael Doczy, y allí denunció una “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.

Por eso solicitó que en el marco de la Carta Democrática Interamericana se mande una “misión oficial de observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas con mis dos exministros”.

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