La energía como derecho humano y bien común
El derecho a una vida digna es, entre otros, uno de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948 por la mayoría de los países del mundo
La ONU ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación, salud y agua potable no es posible la dignidad humana, es decir: los derechos de las personas están anulados.
La vida digna es aquella que se vive en libertad, trabajando y recibiendo una retribución en relación con la labor que desarrollamos; y entre tantos otros atributos que implican una vida digna está el vivir en una vivienda adecuada capaz de satisfacer las necesidades básicas que tenemos los seres humanos: dormir cómodamente y al amparo de las acechanzas climáticas, alimentarnos saludablemente, poder acceder a la salud y disfrutar del ocio. Es decir, una vida digna, tal como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye el acceso al agua, a la luz, a los servicios que hacen a la posibilidad y al derecho de desarrollarnos como verdaderos seres humanos.
Cuando hace pocas horas atrás el ex ministro Juan José Aranguren expresó que el acceso a la energía no es un derecho humano, no hizo otra cosa que ignorar no solo un deber fundamental que le corresponde al Estado para con los ciudadanos -el de garantizar su bienestar- sino también burlarse del desamparo y la extrema necesidad que padecen millones de personas que en nuestro país no acceden -o acceden malamente- a los servicios más elementales.
En tal sentido, la energía eléctrica es la base de derechos básicos como acceso al agua potable, alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación. Además de derecho humano, la energía es un bien común. Así, por medio de la energía conservamos alimentos y medicinas; se brindan servicios de seguridad y de telecomunicaciones; nos higienizamos y esterilizamos herramientas de salud; etcétera.
La energía también facilita nuestro bienestar social e individual. Como fuerza productiva, la energía mueve a la industria y a la economía en su conjunto. Y también cumple una función social: ¿acaso la energía en épocas de calor y de frío no acondiciona hospitales y escuelas? ¿Qué ocurriría si, rigiéndonos por la maximización de la ganancia empresarial, dejásemos hospitales y escuelas sin energía? ¿No sería un problema social el analfabetismo y la enfermedad?
La energía es un derecho humano porque por medio de ella las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que otorga un piso de igualdad y dignidad humana. Lejos de restringir el acceso a la energía, los gobiernos deben generar políticas públicas para posibilitar que la misma llegue a toda la población.