La economía política de los antiácidos

Por ejemplo, si una persona poseía un kiosco, una estación de servicio o intereses en una cadena de supermercados, no podía, desde la sanción de la Ley de la Nación 26.567 del año 2009, comercializar en dichos locales medicamentos de venta libre. A principios de este año la justicia porteña autorizó a esta clase de locales a expender dichos medicamentos, haciendo lugar a una medida cautelar presentada por la dueña de un kiosco. Hoy, la Legislatura de la Ciudad se halla en proceso de comenzar el tratamiento de una ley en consonancia con dicho fallo.

En los argumentos que se utilizan para persuadir a las autoridades legislativas de promulgar este tipo de disposiciones limitativas, la justificación es siempre la protección del interés público. Sin embargo, la presión casi nunca proviene de los consumidores, los supuestos beneficiados. Por el contrario, se origina en los miembros de la misma ocupación. ¿Por qué?

Los trabajos de Mancur Olson y del Premio Nobel de Economía Gary Becker nos proveen de una clara respuesta. Todos somos productores y consumidores; sin embargo, dedicamos mucha mas atención a nuestra actividad como productores que como consumidores, dado que consumimos miles de artículos y normalmente participamos en la provisión de unos pocos bienes y servicios. El resultado es que las personas con el mismo oficio tienen un intenso interés en el tema y están dispuestos a dedicar una gran cantidad de tiempo, dinero y energía en pro de su interés común. El interés del consumidor es accidental, el tema representa una fracción mínima de su gasto, por ello los grupos de productores han de tener mucha mayor influencia en la acción legislativa que los grupos de consumidores.

Resulta sencillo ilustrar esta interpretación a la luz de la actual disputa. El tema ha generado un interesante cruce de opiniones. ¿Ha sido llevado a cabo por distintos grupos de consumidores? Nada más lejos de la realidad. Los principales participantes han sido el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y la Confederación Farmacéutica Argentina, por un lado; y la Unión de Kiosqueros y la Cámara de Especialidades Medicinales de Venta Libre, por el otro. Como no podía ser de otra forma, el interés público ha sido siempre el argumento.

Luis Antún, director del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital, opinó, refiriéndose al fallo judicial de enero: El fallo es perjudicial para la salud porque ningún medicamento es inocuo. Por su parte, el presidente de la Unión de Kiosqueros, Eduardo Medaglia, se mostró satisfecho con dicho fallo y destacó que la principal beneficiada es la gente, que hasta ahora fue rehén de una pelea comercial y hoy puede comprar un antiácido o curar un dolor de cabeza en el kiosco sin caminar demás ni perder tiempo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Aizcorbe, sostuvo que: La venta fuera de las farmacias se convirtió en un problema sanitario gravísimo. Por reacciones adversas a medicamentos, muchos de ellos comprados fuera de la farmacia, hubo cerca de 100.000 internaciones en el país. Finalmente, el Director de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre acotó que hay que poner en primer lugar el interés de la gente. Cuando te duele la cabeza, necesitás conseguir una aspirina con comodidad. Cuando se trata de un remedio de venta libre, que sea accesible es clave.

Evidencia más clara imposible. ¿El interés público o la economía política de las regulaciones? Queda en sus manos amigo lector el juzgarlo. Si al hacerlo le provoca acidez y son altas horas de la noche, le propongo que ponga en la balanza el salir a buscar una farmacia de turno, en la segura Argentina en la cual nos hemos acostumbrado a vivir, o tome un vaso de agua tibia con sal y espere a la mañana. Ninguna regulación que nos limite la libertad es gratuita, es hora que nos demos cuenta de ello.