La deuda social con los jóvenes indígenas
* Por Alejandro Rebossio. De tan previsible puede que no sea noticia..
Así lo confirma un informe que a finales de 2011 publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y que se titula "Salud de la población joven indígena en América latina". Este reporte indagaba en la situación socioeconómica de los jóvenes de los pueblos originarios para comprender las causas de sus condiciones sanitarias peores que las del resto de la población.
La educación es un factor clave para la distribución del ingreso. El analfabetismo, consecuencia de la falta de instrucción escolar, afecta sobre todo a los jóvenes indígenas de 15 a 24 años de Guatemala, Paraguay y Venezuela. Allí entre 20 por ciento y 30 por ciento no sabe leer ni escribir. En Brasil, Costa Rica, Honduras y México el analfabetismo de este sector de la población oscila entre el 10 por ciento y el 20 por ciento. En Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú los jóvenes indígenas analfabetos representan menos del 10 por ciento del total. En todos los países, con la excepción de Nicaragua, es mayor la proporción de jóvenes indígenas que no saben leer ni escribir que la de los no indígenas.
Los programas de alfabetización y de extensión de la cobertura de la educación primaria han llevado a que entre los jóvenes indígenas haya una proporción menor de analfabetos que entre sus padres y abuelos. Claro que esos programas han sido aún más efectivos para enseñar a leer y a escribir a las nuevas generaciones de otras etnias. Esto se percibe en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela. A su vez, las jóvenes se encuentran en una situación aún peor que los varones, en particular las costarricenses, panameñas, paraguayas y venezolanas.
Los jóvenes indígenas suelen estudiar menos años que los que no lo son. En Guatemala pasan por la escuela menos de cuatro años de media, una cantidad de tiempo que no permite al alumno escribir ni leer en forma correcta. En Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela cursan entre cuatro y seis años. En México y Nicaragua, de seis a ocho y en Argentina, Chile, Bolivia y Perú, más de ocho. En materia de años de escolaridad, los argentinos y nicaragüenses indígenas no están muy por debajo de los que no lo son, mientras que los panameños y los paraguayos son los que más sufren la desigualdad étnica.
En cuanto a la inserción laboral, el 47,1 por ciento de los jóvenes indígenas trabaja o busca empleo, mientras que el 57,2 por ciento de los que no lo son se encuentra en la misma situación. Esta diferencia puede estar explicada en parte porque los censos poblaciones a veces no registran como trabajadores a aquellos que se encuentran empleados en unidades productivas familiares.
Los adolescentes de 15 a 19 años de los pueblos originarios suelen comenzar a trabajar antes que el resto. Sin distinción de etnias, las jóvenes están menos insertadas en el mercado de trabajo que los varones, pero en el caso de las indígenas las estadísticas suelen desconocer sus actividades productivas tradicionales. Es en Costa Rica, Guatemala y Honduras donde las jóvenes de los pueblos originarios se hallan menos integradas al mundo laboral.
"Investigaciones recientes muestran una evidente relación entre los niveles de escolaridad de los jóvenes y su inserción en el mercado del trabajo", recuerda el documento de la Cepal. "En consecuencia, si se toma en consideración que los indígenas tienen menos años de estudio que los no indígenas, su participación en la actividad económica se ve restringida a los empleos de menor calidad, de más bajos ingresos y con menor protección social. Más aun, en contextos modernos, esta situación de detrimento expone a los jóvenes a los empleos de mayor peligro", advierte la organización que dirige Alicia Bárcena.
La Cepal también señala que "el mayor acceso a la educación formal alcanzado por los jóvenes indígenas en el marco de modelos de aprendizaje homogeneizantes bien podría entrar en contradicción con sus derechos colectivos como miembros de pueblos diferenciados culturalmente". Por eso la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los programas educacionales deben responder a las necesidades particulares de los pueblos indígenas y tener en cuenta su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
La educación es un factor clave para la distribución del ingreso. El analfabetismo, consecuencia de la falta de instrucción escolar, afecta sobre todo a los jóvenes indígenas de 15 a 24 años de Guatemala, Paraguay y Venezuela. Allí entre 20 por ciento y 30 por ciento no sabe leer ni escribir. En Brasil, Costa Rica, Honduras y México el analfabetismo de este sector de la población oscila entre el 10 por ciento y el 20 por ciento. En Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú los jóvenes indígenas analfabetos representan menos del 10 por ciento del total. En todos los países, con la excepción de Nicaragua, es mayor la proporción de jóvenes indígenas que no saben leer ni escribir que la de los no indígenas.
Los programas de alfabetización y de extensión de la cobertura de la educación primaria han llevado a que entre los jóvenes indígenas haya una proporción menor de analfabetos que entre sus padres y abuelos. Claro que esos programas han sido aún más efectivos para enseñar a leer y a escribir a las nuevas generaciones de otras etnias. Esto se percibe en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela. A su vez, las jóvenes se encuentran en una situación aún peor que los varones, en particular las costarricenses, panameñas, paraguayas y venezolanas.
Los jóvenes indígenas suelen estudiar menos años que los que no lo son. En Guatemala pasan por la escuela menos de cuatro años de media, una cantidad de tiempo que no permite al alumno escribir ni leer en forma correcta. En Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela cursan entre cuatro y seis años. En México y Nicaragua, de seis a ocho y en Argentina, Chile, Bolivia y Perú, más de ocho. En materia de años de escolaridad, los argentinos y nicaragüenses indígenas no están muy por debajo de los que no lo son, mientras que los panameños y los paraguayos son los que más sufren la desigualdad étnica.
En cuanto a la inserción laboral, el 47,1 por ciento de los jóvenes indígenas trabaja o busca empleo, mientras que el 57,2 por ciento de los que no lo son se encuentra en la misma situación. Esta diferencia puede estar explicada en parte porque los censos poblaciones a veces no registran como trabajadores a aquellos que se encuentran empleados en unidades productivas familiares.
Los adolescentes de 15 a 19 años de los pueblos originarios suelen comenzar a trabajar antes que el resto. Sin distinción de etnias, las jóvenes están menos insertadas en el mercado de trabajo que los varones, pero en el caso de las indígenas las estadísticas suelen desconocer sus actividades productivas tradicionales. Es en Costa Rica, Guatemala y Honduras donde las jóvenes de los pueblos originarios se hallan menos integradas al mundo laboral.
"Investigaciones recientes muestran una evidente relación entre los niveles de escolaridad de los jóvenes y su inserción en el mercado del trabajo", recuerda el documento de la Cepal. "En consecuencia, si se toma en consideración que los indígenas tienen menos años de estudio que los no indígenas, su participación en la actividad económica se ve restringida a los empleos de menor calidad, de más bajos ingresos y con menor protección social. Más aun, en contextos modernos, esta situación de detrimento expone a los jóvenes a los empleos de mayor peligro", advierte la organización que dirige Alicia Bárcena.
La Cepal también señala que "el mayor acceso a la educación formal alcanzado por los jóvenes indígenas en el marco de modelos de aprendizaje homogeneizantes bien podría entrar en contradicción con sus derechos colectivos como miembros de pueblos diferenciados culturalmente". Por eso la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los programas educacionales deben responder a las necesidades particulares de los pueblos indígenas y tener en cuenta su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.