La descentralización en la Provincia reclama definiciones de fondo
Ultimas evidencias -entre ellas el borrador de un proyecto enviado al Gobernador bonaerense con una propuesta de reestructuración ministerial- dieron a entender que se sigue avanzando en el proyecto de regionalización de la Provincia, que descentralizaría el funcionamiento de la administración a partir de la creación de entre ocho y diez regiones, cada una de ellas con capacidad autárquica para el manejo de los recursos, según se detalló meses atrás.
Sin embargo, antes de avanzar en aspectos burocráticos y funcionales como el de una supuesta reforma de la estructura ministerial, deberían definirse cuestiones de fondo que hasta ahora no parecen resueltas. Por ejemplo, cómo se produciría la descentralización de recursos; qué funciones se delegarían en los intendentes municipales y, para ello, qué participación les darían en la recaudación -por caso- del Impuesto Inmobiliario.
Antes de pensar un supuesto organigrama de "súper-ministerios", quizá haga falta precisar los alcances concretos de la descentralización que se intenta impulsar, fundamentalmente aquellos que definan con un grado de mayor certeza la delegación de funciones y -como se dijo- la asignación de recursos que deberán, inevitablemente, acompañar aquella descentralización.
Hasta ahora no se ha ofrecido ningún tipo de estimación acerca de cuáles serán las fuentes genuinas de ingreso con que podrán contar las intendencias y, en ese orden, qué mayor porcentaje de los recursos provenientes del Inmobiliario podrían ser girados a cada una de los distritos, con la finalidad de que éstos dispongan del sustento financiero que les demandarán las nuevas funciones a cumplir, de acuerdo al plan de regionalización que se propicia.
Otra cuestión digna de ser analizada -y cuya resolución, de no ser adecuada, podría invalidar por completo la reforma- tiene que ver con la necesidad de que los cambios que apuntan a modernizar y racionalizar la actividad del Estado bonaerense, en modo alguno puedan significar un menoscabo para nuestra ciudad que, en su condición de capital de la provincia más rica y compleja del país, reclama no sólo mantener sino perfeccionar la gravitación política y administrativa que le corresponde ejercer.
Así como se han postulado desde siempre las diversas descentralizaciones y las reformas del mapa ministerial, con las pertinentes adecuaciones de sus estructuras administrativas, se ha advertido también sobre los efectos negativos que podrían derivarse a partir de la existencia de una capital provincial disminuida en sus fuentes laborales y privada de operatividad y capacidad económica.
En todo caso, si alguna de las eventuales disposiciones que pudieran tomarse implicara la desaparición de algún servicio administrativo en La Plata, deberían adoptarse, en forma simultánea, previsiones que garanticen la creación de nuevas fuentes de trabajo para compensar a la capital provincial por el eventual desmedro sufrido y, a la vez, de ese modo asegurar la plena ocupación en nuestra zona.
Los numerosos y gravísimos problemas que sufre la provincia de Buenos Aires merecen, sin ninguna duda, revisiones y reformas de gran magnitud institucional. Pero se podrían cometer errores muy profundos si se omitiera analizar y resolver debidamente cuestiones como las aquí mencionadas y si se invirtiera el orden de prioridades para encarar una reforma de esta envergadura. La disponibilidad de recursos para asegurar el manejo de las políticas públicas y la garantía de contar con una capital política en plenitud, cumpliendo un papel rector sobre el resto de la administración, que no debiera verse afectado en modo alguno, forman parte de las premisas que deben respetarse.