La democracia, en peligro

A pesar de las insistentes declamaciones a las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos tiene acostumbrados sobre la necesidad de mejorar la institucionalidad y de abandonar las divisiones entre los argentinos, el país ha sufrido en los últimos tiempos una grave escalada de violencia, acompañada por una llamativa inacción del Estado, que hace peligrar elementales principios republicanos y garantías constitucionales.

Cuando desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde las fuerzas de seguridad se desoyen órdenes de los jueces dirigidas a proteger a la ciudadanía; cuando desde el Gobierno se pretende violentar la libertad de expresión o se intenta penalizar a empresas privadas o a economistas por sus ideas y por el desarrollo de proyectos absolutamente lícitos pero inconvenientes para los intereses políticos del oficialismo, y cuando la división de poderes pasa a ser un mero enunciado que algunos ministros y secretarios se empeñan en avasallar, sólo puede concluirse que nuestro sistema institucional se encuentra en peligro.

En los últimos días, además del bloqueo a las plantas impresoras de Clarín y La Nacion, se produjeron algunos hechos que, por su gravedad, merecen el repudio generalizado.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, advirtió que no dudaría en movilizar a miles de personas para hacer callar a los medios periodísticos que difundieran información vinculada con sus causas judiciales.

En la última semana no sólo no hubo una sola voz de condena desde el Poder Ejecutivo hacia esas amenazas, sino que el dirigente camionero fue recibido en dos ocasiones por la jefa del Estado en la Casa Rosada. Casi al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, desacatando una orden judicial, nada hizo para garantizar la circulación de un diario, obstaculizada por un piquete, y se burló del Congreso, al anunciar que no concurriría a brindar un informe que le fue solicitado por los parlamentarios para no prestarse a un "show mediático".

En este contexto, la declaración firmada anteayer por la mayoría de los precandidatos presidenciales de la oposición, titulada "El deber de cuidar la democracia", es una muestra de madurez política que la ciudadanía les reclama desde hace mucho tiempo a sus dirigentes.

El citado documento señala que "la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias" y "forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible, que debe respetarse gobierne quien gobierne".

Insta también a "unir fuerzas diversas" con el fin de "no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder o la utilización de organismos del Estado fuera de su finalidad".

Más de una vez se les ha endilgado justificadamente a las fuerzas de la oposición no estar a la altura de las circunstancias. Especialmente, tras los comicios legislativos de mediados de 2009, en los que la ciudadanía expresó una fuerte voluntad de cambio, que se tradujo en la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del oficialismo. Desde entonces, la oposición sólo pareció ofrecer diversas muestras de fragmentación, funcionales al gobierno kirchnerista y a su plan de avasallamiento de la división de poderes.

La debilidad que exhibe hoy nuestro sistema institucional también se explica por los errores de la oposición. La democracia republicana sólo puede ser plena cuando existe una alternativa de poder en condiciones de gobernar. Hoy, buena parte de la ciudadanía no sólo descree de la posibilidad de que un candidato de la oposición pueda imponerse en las próximas elecciones presidenciales. También descree de la capacidad de los partidos opositores para garantizar la gobernabilidad si alguno de ellos arriba al poder.

Y si quienes desde fuera del oficialismo aspiran a suceder a la actual presidenta de la Nación no exhiben un mínimo afán por un diálogo entre ellos, como el que reclaman infructuosamente del Gobierno, ni muestran vocación para alcanzar coincidencias programáticas, cualquier proyecto de recambio estará condenado al fracaso.

Es la primera vez que se produce un consenso interpartidario importante por una amenaza a la democracia que no proviene del campo militar. Por eso, debe celebrarse el primer paso que han dado los precandidatos presidenciales Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Elisa Carrió y Mauricio Macri, que ratifica su voluntad de reflexionar juntos sobre los problemas de la Argentina y de alcanzar consensos que quizá puedan traducirse en el futuro en las políticas de Estado que el país necesita. Si se logra profundizar este camino, la construcción de una alternativa de gobierno se facilitará sin lugar a dudas.

La agenda del entendimiento es tan básica que entraña un diagnóstico muy sombrío sobre la salud de la democracia en esta instancia histórica. La identificación del Estado con el Gobierno se ha vuelto perversa y se manifiesta en la utilización facciosa e intimidatoria de organismos como la ex SIDE, la AFIP, la CNV y la Secretaría de Comercio. En otras palabras, la gravedad de la situación se advierte en que no se trata de un acuerdo programático sobre políticas de Estado sino de un llamado angustioso en defensa de la Constitución y las leyes.

La República precisa que los líderes de la oposición y los representantes parlamentarios de estas fuerzas políticas dejen de lado las mezquindades a las que nos han tenido acostumbrados, y emprendan con seriedad y verdadero compromiso la tarea de hacer política con mayúsculas.