La crisis política de los EE.UU.

La ley fue promulgada de inmediato por el presidente Barack Obama. Se trató de una solución negociada después de varias semanas de tira y afloja entre demócratas y republicanos que, en verdad, no dejó satisfecho a nadie.

En la oposición prevaleció el movimiento conservador Tea Party, renuente a aceptar aumentos de impuestos para permitir que la Casa Blanca llevara adelante sus planes sociales. La puja marcó el inminente comienzo de la campaña para las presidenciales de 2012, en las cuales Obama, como todos sus antecesores, buscará ser reelegido. En las negociaciones, por momentos trabadas al extremo de llevar a los Estados Unidos al riesgo de caer en default y perder la nota AAA (la mejor) de las agencias calificadoras de riesgo, cobró relevancia el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes. Su posición fue exigir que cualquier aumento del límite del endeudamiento del país se compensara con drásticos recortes del gasto público.

La ley de emergencia le da un respiro a Obama para aumentar el tope del endeudamiento de los Estados Unidos en 400.000 millones de dólares y garantizarse hasta fin de año fondos adicionales del orden de los 500.000 millones. Con esa corrección, el gobierno mantiene su financiación hasta 2013. Los fondos deberán ser compensados con reducciones en los presupuestos de las agencias gubernamentales en la próxima década.

Con la crisis perdieron todos. Obama ha admitido que el acuerdo "no es el que hubiera preferido". Las condiciones impuestas por el núcleo duro de los republicanos que se resiste a dilapidar fondos estatales no hacen más que debilitar al gobierno en la faz interna y al país en su proyección internacional. Ocho de cada diez norteamericanos están disconformes con la Casa Blanca y el Congreso, según un sondeo de ABC y The Washington Post.

El foco del debate no es económico, sino político. Tiene que ver con la concepción del Estado de cada uno: los demócratas creen que determinados rubros, como la salud, no pueden dejar de estar contemplados en el gasto público; los republicanos, en especial los miembros del Tea Party, sostienen que ese servicio debería ser privatizado.

La discusión es vista en los Estados Unidos como una pérdida de tiempo. Desde estas latitudes deberíamos valorarla por su exaltación de la política, puntal de la democracia, y el fortalecimiento de las instituciones.

Obama pudo haberse ahorrado tanta tensión si invocaba la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que le permitía elevar el techo de endeudamiento sin necesidad de una aprobación del Congreso. Esto, símil de los decretos a los que estamos acostumbrados en América latina, habría sido desusado en los Estados Unidos. La sección 4 de la enmienda en cuestión establece que "la validez de la deuda pública de los Estados Unidos no deberá ser cuestionada". Si bien pudo haber sido rechazada por los legisladores, también pudo haber sido materia de discusión y, en principio, hasta de una presentación de los republicanos ante la Corte Suprema por invasión de sus competencias.

Pocos han visto con buenos ojos que los intereses políticos coyunturales se hayan impuesto al interés nacional. Es grave que eso haya sucedido, pero es saludable, a la vez, que ambos partidos hayan logrado superar la impasse y que, en definitiva, las instituciones hayan prevalecido sobre las mezquindades, los caprichos y la amenaza de imposiciones donde debe primar el debate en busca del consenso.