La crisis hídrica reclama eficacia

Que en la provincia de Córdoba, al igual que en casi toda la región central del país, está planteada una crisis hídrica, energética y ambiental –y que todos estos aspectos forman parte de una gran crisis que afecta a toda la población y se constituye en una seria amenaza para el futuro–, es una realidad innegable, aunque muchos de los habitantes parecen no tener conciencia de ella y se comportan como si no existiera.

El constante derroche de agua y los incendios intencionales o por descuido son muestras de esta irresponsabilidad manifiesta, además del uso indiscriminado, excesivo y a veces innecesario de aparatos electrodomésticos como los de aire acondicionado.

Es decir, hay negligencia e incluso indiferencia de los propios ciudadanos frente a esta situación cada vez más dramática

Pero, a su vez, hay una responsabilidad del Estado en todas sus jurisdicciones –gubernamentales o municipales– o de los organismos públicos autónomos o autárquicos relacionados con la preservación del medio ambiente y con la prestación o el control de servicios esenciales, que a veces no disponen de los medios y el personal necesarios para cumplir sus tareas, cuando en otras reparticiones públicas sobra gente que no cumple tarea productiva alguna.

Sin embargo, es imposible pedir a los gobiernos soluciones que no puede dar, como por ejemplo hacer llover.

No se pueden provocar lluvias abundantes a través de decretos, esto está claro. Pero, de todos modos, el Estado sí puede hacer otras cosas en materia de prevención de las crisis hídricas, energéticas y ambientales y para una más eficaz lucha contra el fuego, que este año ha hecho estragos en nuestra provincia, cuadro que se ha repetido en los últimos años.

Hay cuestiones que no se sustentan demasiado en la sensatez, como el conflicto entre municipios y comunas sobre el desvío de los ríos, arroyos y demás cursos de agua. O sea que se trata de disputas y peleas por el agua, sin que tenga lugar una intervención del Estado provincial a gran escala para promover una distribución racional del agua.

En este marco, tampoco se observa un control gubernamental sobre grandes emprendimientos inmobiliarios que plantean una demanda cada vez mayor de agua potable. Por otra parte, es muy poco lo que se ha hecho para instalar medidores de agua domiciliarios que podrían reducir en gran medida el consumo.

Todo esto lleva a una conclusión ineludible: el agua no es gratis. Por el contrario, se ha convertido en un bien escaso y caro, cuyo consumo y uso racional es preciso que sea controlado por todos: por el Estado y por los propios consumi­dores, ya que estos tienen una gran responsabilidad al respecto.