La crisis de los partidos políticos
El rumbo que adopte el radicalismo tendrá indudable gravitación en la constelación de las demás fuerzas políticas.
El sistema de partidos políticos argentinos se encuentra en crisis. No es una novedad, pero las derivaciones de esa situación, grave de por sí en el funcionamiento natural de las instituciones de la República, lo es aún más todavía cuando se patentizan los síntomas de un gobierno demagogo y populista que, si no introduce cambios manifiestos en su dirección, dejará en 2015 un país sin norte, sin orden, sin crédito y sin recursos. ¿Qué hacer, pues?
Los partidos están crisis y ni siquiera se salva el Partido Justicialista. Vaga como un espectro cuya palidez extrema se contrapone con el poder de trazos gruesos de la Presidenta, con el eco de la propaganda oficial y fastuosa en medios que no ahorran gastos porque la población entera los paga con impuestos y con La Cámpora, organización sui géneris, con mucho de burocrática y no poco de rentada y oligarca.
Podría examinarse en detalle la situación de los llamados partidos de oposición. Como la Coalición Cívica, trabajada en el pasado por los arrestos impulsivos, aunque valientes y honestos, de un liderazgo inusual como el de Elisa Carrió, pero intrascendente después del apartamiento de su vigorosa fundadora. Como el peronismo disidente, de fuerzas menguadas, que continúa en la brega por la modernización y democratización del movimiento surgido en 1945, pero que de tanto en tanto aporta al oficialismo camaleones que se confunden con peculiar celeridad en la tinta nutriente del kirchnerismo genuino. Como el socialismo, que ha gestado en principio un líder que se va diluyendo, como el doctor Hermes Binner, y a otros dirigentes de significación, pero con un bloque de diputados nacionales cuyas votaciones han sido de resultados tan aleatorios como es todavía de difícil definición su nueva gobernación en Santa Fe.
La incertidumbre frecuente sobre lo que debe esperarse de los políticos y de los partidos se ha trasfundido así en elemento de disociación y resquemor en la opinión pública, con la consiguiente devaluación de las expectativas existentes sobre aquéllos. Al margen de la cuantía electoral, todas las fuerzas políticas no violentas, desde la izquierda a la derecha, tienen un papel para cumplir en la democracia republicana de la Constitución. Pero no sólo por ser la Unión Cívica Radical un partido centenario de raigambre nacional y que accedió en diferentes épocas al poder, pocos acontecimientos han recreado aquella desorientación con más intensidad que la decisión de la mayoría de los legisladores radicales en el Senado y Diputados de acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de los subterráneos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es posible que esa decisión haya sido mal explicada y peor difundida por las autoridades del radicalismo, pero obra como luz roja en circunstancias en que la UCR puede volver a encontrarse, a brevísimo plazo, ante un tema de mayor relevancia aún para el interés general de los argentinos. Esa cuestión que podría abrirse en cualquier momento sería la eventual iniciativa oficial de establecer algún tipo de estatización de YPF.
La Argentina pagó altísimos costos por la anulación de los contratos petrolíferos firmados con compañías extranjeras por el gobierno de Arturo Frondizi. Fue una decisión tomada durante la presidencia de Arturo Illia, respetada por muchas otras razones, y se la suele ignorar en la revalorización que suele hacerse del presidente derrocado en 1962, incluso por parte de figuras encumbradas del actual oficialismo.
Sería conveniente que todos reflexionaran sobre ese asunto, porque acaso ninguna política definió de manera más sustantiva, hasta como giro histórico en la política nacional argentina, que el curso seguido por Frondizi, con abandono de sus antiguos pronunciamientos personales, en la materia petrolífera.
La cachetada de cuarenta países al comportamiento argentino respecto del incumplimiento de compromisos legales que incluyen el respeto por la seguridad jurídica, ha resonado con estrépito. ¿Volverá la Unión Cívica Radical a proclamar las bondades de una nueva nacionalización de la empresa que de 55.000 asalariados pasó, en manos privadas, hace más de quince años, a los 5000 que la hicieron operar con mayor eficiencia que antes, al menos hasta la crisis de fines de los noventa?
¿Se encerrará la UCR una vez más en las posiciones dogmáticas de una "intransigencia" que, por si no hubiera bastado con el blasón de "radical", prescindió de la elasticidad y el compromiso que constituyen las herramientas indispensables para el arte de lo posible en la política?
No deben cargarse las tintas en el tema de los subterráneos. Salvo cinco o seis legisladores, el resto de los radicales votó en el Senado y Diputados por la transferencia de los subterráneos a la ciudad, pero también, como lo expresaba el proyecto del Poder Ejecutivo, por la aprobación del acta acuerdo entre el Estado nacional y la ciudad del 3 de enero pasado. Según ésta, deben transferirse a Buenos Aires los recursos por 365 millones de pesos al año a fin de gestionar los subterráneos. Si el Poder Ejecutivo no cumple ese compromiso -como no ha cumplido otros con el sector privado- se lo deberá demandar. Además, todo este asunto será tratado ahora por la Legislatura local, oportunidad en la que cada uno de los bloques podrá esclarecer como es debido su real posición; entre ellos, la UCR. Es importante que ésta deslinde el sentido de aquel voto de la supuesta intención que se le ha imputado de dañar -¿a título de qué?- a Mauricio Macri.
Es posible que sobre los legisladores del radicalismo esté pesando el lastre de un partido con conducción carente de claridad y firmeza, en el Comité Nacional. La influencia en particular de Buenos Aires, a través del grupo interno Morena, que es el único de tal índole que funciona dentro del partido, se ha hecho sentir hasta aquí con intensidad. Pero el fenómeno de que la UCR se haya convertido en un partido de intendentes de ciudades de importancia ha contribuido a desmañar una visión global de la política, pues los intendentes, por definición, están atentos, como es lógico, a las cuestiones locales, y tienden a establecer alianzas y a definirse en función de los intereses de pago chico. Aun así, es interesante hacer notar que Buenos Aires, tradicional bastión partidario, tenía, por las elecciones de 1999, 67 intendentes. Luego mermó gradualmente, también en ese punto, su representatividad: 46 intendentes en 2003, 39 en 2007 y 24 en 2011.
La gran cuestión política abierta por el Gobierno en relación con YPF se explica, lisa y llanamente, porque de algún lado tienen que salir los 10.000 millones de dólares que costará ahora al año la importación de combustibles. Eso ha sido consecuencia de la incomprensible política que este mismo gobierno llevó adelante y posibilitó, entre otras cosas, que un grupo privado de la "burguesía nacional" o "capitalismo de amigos" comprara con nada -es decir, con su parte proporcional en el 90 por ciento de distribución de dividendos- un apreciable paquete accionario de la compañía. Hemos denunciado con reiteración ese acuerdo entre el Gobierno y empresarios que han dejado, para sorpresa hasta de ellos mismos, de ser sus amigos.
Frente a problemas de tal magnitud, y que involucrarán el interés de las provincias petrolíferas, parecería que la UCR se encamina a un debate más orgánico, más sistematizado de ideas. Es decir, será preciso resolver qué partido quiere ser la UCR en un país distinto, moderno y renovado de las prácticas anacrónicas y corruptas que lo han llevado a la presente situación, cuando comienzan a desnudarse males tapados con obstinación. Eso impulsará, tal vez, al agrupamiento de dirigentes y sectores que se han pronunciado hasta el presente de modo disperso, con pérdida del peso específico que representan en el interior del partido y hacia fuera, en el conjunto ciudadano de amplio abanico de opiniones que había acompañado históricamente a la UCR.
Lo que suceda de aquí en más en el partido de Alem, Yrigoyen, Alvear, Illia, Alfonsín, nombres que suscitan el recuerdo de que ése fue un ámbito en el cual aunaron voluntades corrientes democráticas de diversas procedencias, se ha de reflejar sin duda en la constelación de fuerzas políticas argentinas.
Está en manos de los dirigentes radicales decidir si la UCR asumirá posiciones de vanguardia en la recomposición del sistema de partidos y estará atenta a la magnitud de los problemas por resolver en adelante, o se hundirá en la intrascendencia que ha sellado, en desoídas advertencias, su pobreza electoral de los últimos años entre oscilaciones varias y sin el rumbo claro y firme que corresponde a un gran partido: en 2007, con Lavagna y el peronismo disidente; en 2009, con los socialistas y Carrió, y en 2011, con Francisco de Narváez.
Los partidos están crisis y ni siquiera se salva el Partido Justicialista. Vaga como un espectro cuya palidez extrema se contrapone con el poder de trazos gruesos de la Presidenta, con el eco de la propaganda oficial y fastuosa en medios que no ahorran gastos porque la población entera los paga con impuestos y con La Cámpora, organización sui géneris, con mucho de burocrática y no poco de rentada y oligarca.
Podría examinarse en detalle la situación de los llamados partidos de oposición. Como la Coalición Cívica, trabajada en el pasado por los arrestos impulsivos, aunque valientes y honestos, de un liderazgo inusual como el de Elisa Carrió, pero intrascendente después del apartamiento de su vigorosa fundadora. Como el peronismo disidente, de fuerzas menguadas, que continúa en la brega por la modernización y democratización del movimiento surgido en 1945, pero que de tanto en tanto aporta al oficialismo camaleones que se confunden con peculiar celeridad en la tinta nutriente del kirchnerismo genuino. Como el socialismo, que ha gestado en principio un líder que se va diluyendo, como el doctor Hermes Binner, y a otros dirigentes de significación, pero con un bloque de diputados nacionales cuyas votaciones han sido de resultados tan aleatorios como es todavía de difícil definición su nueva gobernación en Santa Fe.
La incertidumbre frecuente sobre lo que debe esperarse de los políticos y de los partidos se ha trasfundido así en elemento de disociación y resquemor en la opinión pública, con la consiguiente devaluación de las expectativas existentes sobre aquéllos. Al margen de la cuantía electoral, todas las fuerzas políticas no violentas, desde la izquierda a la derecha, tienen un papel para cumplir en la democracia republicana de la Constitución. Pero no sólo por ser la Unión Cívica Radical un partido centenario de raigambre nacional y que accedió en diferentes épocas al poder, pocos acontecimientos han recreado aquella desorientación con más intensidad que la decisión de la mayoría de los legisladores radicales en el Senado y Diputados de acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de los subterráneos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es posible que esa decisión haya sido mal explicada y peor difundida por las autoridades del radicalismo, pero obra como luz roja en circunstancias en que la UCR puede volver a encontrarse, a brevísimo plazo, ante un tema de mayor relevancia aún para el interés general de los argentinos. Esa cuestión que podría abrirse en cualquier momento sería la eventual iniciativa oficial de establecer algún tipo de estatización de YPF.
La Argentina pagó altísimos costos por la anulación de los contratos petrolíferos firmados con compañías extranjeras por el gobierno de Arturo Frondizi. Fue una decisión tomada durante la presidencia de Arturo Illia, respetada por muchas otras razones, y se la suele ignorar en la revalorización que suele hacerse del presidente derrocado en 1962, incluso por parte de figuras encumbradas del actual oficialismo.
Sería conveniente que todos reflexionaran sobre ese asunto, porque acaso ninguna política definió de manera más sustantiva, hasta como giro histórico en la política nacional argentina, que el curso seguido por Frondizi, con abandono de sus antiguos pronunciamientos personales, en la materia petrolífera.
La cachetada de cuarenta países al comportamiento argentino respecto del incumplimiento de compromisos legales que incluyen el respeto por la seguridad jurídica, ha resonado con estrépito. ¿Volverá la Unión Cívica Radical a proclamar las bondades de una nueva nacionalización de la empresa que de 55.000 asalariados pasó, en manos privadas, hace más de quince años, a los 5000 que la hicieron operar con mayor eficiencia que antes, al menos hasta la crisis de fines de los noventa?
¿Se encerrará la UCR una vez más en las posiciones dogmáticas de una "intransigencia" que, por si no hubiera bastado con el blasón de "radical", prescindió de la elasticidad y el compromiso que constituyen las herramientas indispensables para el arte de lo posible en la política?
No deben cargarse las tintas en el tema de los subterráneos. Salvo cinco o seis legisladores, el resto de los radicales votó en el Senado y Diputados por la transferencia de los subterráneos a la ciudad, pero también, como lo expresaba el proyecto del Poder Ejecutivo, por la aprobación del acta acuerdo entre el Estado nacional y la ciudad del 3 de enero pasado. Según ésta, deben transferirse a Buenos Aires los recursos por 365 millones de pesos al año a fin de gestionar los subterráneos. Si el Poder Ejecutivo no cumple ese compromiso -como no ha cumplido otros con el sector privado- se lo deberá demandar. Además, todo este asunto será tratado ahora por la Legislatura local, oportunidad en la que cada uno de los bloques podrá esclarecer como es debido su real posición; entre ellos, la UCR. Es importante que ésta deslinde el sentido de aquel voto de la supuesta intención que se le ha imputado de dañar -¿a título de qué?- a Mauricio Macri.
Es posible que sobre los legisladores del radicalismo esté pesando el lastre de un partido con conducción carente de claridad y firmeza, en el Comité Nacional. La influencia en particular de Buenos Aires, a través del grupo interno Morena, que es el único de tal índole que funciona dentro del partido, se ha hecho sentir hasta aquí con intensidad. Pero el fenómeno de que la UCR se haya convertido en un partido de intendentes de ciudades de importancia ha contribuido a desmañar una visión global de la política, pues los intendentes, por definición, están atentos, como es lógico, a las cuestiones locales, y tienden a establecer alianzas y a definirse en función de los intereses de pago chico. Aun así, es interesante hacer notar que Buenos Aires, tradicional bastión partidario, tenía, por las elecciones de 1999, 67 intendentes. Luego mermó gradualmente, también en ese punto, su representatividad: 46 intendentes en 2003, 39 en 2007 y 24 en 2011.
La gran cuestión política abierta por el Gobierno en relación con YPF se explica, lisa y llanamente, porque de algún lado tienen que salir los 10.000 millones de dólares que costará ahora al año la importación de combustibles. Eso ha sido consecuencia de la incomprensible política que este mismo gobierno llevó adelante y posibilitó, entre otras cosas, que un grupo privado de la "burguesía nacional" o "capitalismo de amigos" comprara con nada -es decir, con su parte proporcional en el 90 por ciento de distribución de dividendos- un apreciable paquete accionario de la compañía. Hemos denunciado con reiteración ese acuerdo entre el Gobierno y empresarios que han dejado, para sorpresa hasta de ellos mismos, de ser sus amigos.
Frente a problemas de tal magnitud, y que involucrarán el interés de las provincias petrolíferas, parecería que la UCR se encamina a un debate más orgánico, más sistematizado de ideas. Es decir, será preciso resolver qué partido quiere ser la UCR en un país distinto, moderno y renovado de las prácticas anacrónicas y corruptas que lo han llevado a la presente situación, cuando comienzan a desnudarse males tapados con obstinación. Eso impulsará, tal vez, al agrupamiento de dirigentes y sectores que se han pronunciado hasta el presente de modo disperso, con pérdida del peso específico que representan en el interior del partido y hacia fuera, en el conjunto ciudadano de amplio abanico de opiniones que había acompañado históricamente a la UCR.
Lo que suceda de aquí en más en el partido de Alem, Yrigoyen, Alvear, Illia, Alfonsín, nombres que suscitan el recuerdo de que ése fue un ámbito en el cual aunaron voluntades corrientes democráticas de diversas procedencias, se ha de reflejar sin duda en la constelación de fuerzas políticas argentinas.
Está en manos de los dirigentes radicales decidir si la UCR asumirá posiciones de vanguardia en la recomposición del sistema de partidos y estará atenta a la magnitud de los problemas por resolver en adelante, o se hundirá en la intrascendencia que ha sellado, en desoídas advertencias, su pobreza electoral de los últimos años entre oscilaciones varias y sin el rumbo claro y firme que corresponde a un gran partido: en 2007, con Lavagna y el peronismo disidente; en 2009, con los socialistas y Carrió, y en 2011, con Francisco de Narváez.