La Corte Suprema de Estados Unidos consultará a la Casa Blanca en el juicio contra Argentina por la expropiación de YPF

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió hoy consultarle a la administración de Donald Trump su opinión sobre el juicio que se lleva adelante en ese país contra la Argentina por la expropiación de YPF, en 2012.

El gobierno de EEUU analizará el caso por medio del solicitor general, o su procurador, y podría consultarle sobre el tema al Departamento de Estado o, incluso, al propio presidente Trump, de muy buena relación con Mauricio Macri. Con todo, la palabra final la tendrán los jueces.

Se trata de un caso que lleva seis años y que impulsa Burford Capital, un gestor de litigios global. La causa ya tuvo dos fallos negativos para el país en tribunales inferiores y podría costarle al Estado argentino -no a la empresa- hasta USD 3.000 millones.

Pero eso no es lo que que el máximo tribunal de EEUU decide por estos días sino una cuestión de jurisdicción: si el caso debe tratarse en el ese país, ya que las acciones de la petrolera cotizan allí, o en la Argentina, como reclama el Gobierno.

Si bien hubo rechazó al recurso de la Argentina, la consulta era una de las opciones que desde el Gobierno evaluaban como positivas. "Demuestra la importancia del caso; de otro modo, se hubiera rechazado de plano", argumentaron minutos después de conocerse el fallo. "Es una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio", evaluaron desde la Rosada.

Así, la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. La Corte analizará la opinión de Casa Blanca, que no es vinculante, y fallará sobre tomar el caso o no. A EEUU viajaron el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas judiciales.

"Hoy no se decidió nada económico, para eso falta entre 6 y 24 meses. Hoy lo que se trata es un tema de jurisdicción. Argentina pide que la causa trate en el CIADI o en tribunales locales y no en la justicia de Nueva York, donde el país ya tuvo dos fallos contrarios", detalla el especialista Sebastián Maril, de Research for Traders.

La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de la petrolera, luego de que el Estado argentino le pagara Repsol, la controlante de la petrolera, USD 5.000 millones en concepto de resarcimiento por la renacionalización de la compañía. Burford compró los derechos para hacer juicio de algunas de esas empresas.

Solicitor general

Con su decisión de hoy, la Corte utiliza la figura del solicitor general y le pide al gobierno de EEUU su opinión sobre el tema. Desde el gobierno argentino descartan un guiño favorable de Donald Trump, pero podría no alcanzar. Ya pasó con los holdouts: el entonces jefe de Estado Barack Obama opinó a favor de la Argentina, pero no fue suficiente: la Corte igual rechazó el pedido del país.

"Desde el 20 de diciembre un 'Clerk' (ayudante del Juez Supremo) analiza en profundidad el reclamo argentino, la respuesta de las empresas Petersen y los escritos presentados por los 'amigos de la corte' (gobiernos de Chile y México) a favor de YPF y de la República Argentina", describe Maril. Ese Clerk realizó un resumen del caso con sus recomendaciones que luego ven los demás Clerks de los otros 6 jueces (sólo 7 participan en esta etapa). El tema se incluyó en la llamada "Lista de discusión" y los 7 jueces discutieron los méritos del reclamo argentino y lo publicaron en la "Lista de orden" de hoy con la decisión.

En resumen, la Corte de EEUU escuchará qué tiene que decir el gobierno de ese país al respecto (no le fija un plazo para expedirse). Y luego fallará sobre la jurisdicción del caso: si se traslada al país -el Gobierno argumenta cuestiones de soberanía y que la expropiación fue una decisión del Congreso-, o si la mantiene en los tribunales de Nueva York.

Para los demandantes se trata de una cuestión comercial que debe dirimirse en el lugar en el que cotizan las acciones de compañía. En un par de meses, la demanda podría volver al tribunal de origen, un juzgado del segundo distrito de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska, la misma que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.

Entonces, y luego de un proceso que podría llevar años, Preska estaría en condiciones de optar por un fallo monetario o avanzar hacia un discovery process, un proceso mucho más amplio que investigaría a todos los actores involucrados en la reestatización de la empresa.

Antecedentes

En 2013, Burford -una empresa que cotiza en la bolsa de Londres- le compró a la Justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas, Petersen Energía y Petersen Inversora, que ya no pertenecían al Grupo Petersen local en ese momento.

Luego, también se quedó con el 70% del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario de YPF. Desde entonces es la cabeza del reclamo contra la Argentina. Burford pagó unos USD 15 millones para quedarse con esos derechos a hacer juicio, cosa que hizo, y en sus balances detalla que estima que obtendrá por el caso YPF unos USD 800 millones. Mientras tanto, va vendiendo parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total) y ya ganó más de USD 130 millones en ese proceso.