La causa AMIA exige justicia ya
Han pasado diecisiete años del atentado que costó ochenta y cinco vidas y más de trescientos heridos sin que aún se encuentren y, por ende, se castigue a los culpables. La Justicia debe actuar con la seriedad y prontitud que corresponde, al igual que es necesario el cambio en algunas actitudes del gobierno para que el crimen no quede impune.
El reclamo formulado por representantes de la comunidad judía, en el acto en memoria por los muertos en el atentado a la AMIA, tiene sus fundamentos. Han pasado 17 años desde aquel hecho nefasto y aún no se encuentran ni se castiga a los culpables, mientras la causa transita por los lentos vericuetos judiciales en los que se mezclan también posicionamientos políticos.
De allí que el presidente de la entidad, en su mensaje, agradeciera la presencia de la Presidenta de la Nación en el acto, pero aclarando que su sola asistencia "no es suficiente", porque "necesitamos justicia de inmediato".
El atentado a la mutual judía se produjo el 18 de julio de 1994 dejando una cifra final de 85 muertos y más de 300 heridos, en lo que se ha calificado como el mayor hecho terrorista producido en la historia de la Argentina.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, sus autores, materiales e intelectuales, no han sido encontrados.
Por eso es que también cobra importancia la expresión del directivo de la AMIA al reclamar al fiscal de la causa y a las autoridades, que se amplíe la investigación por la conexión local para llevar a juicio a los otros partícipes del hecho.
Si bien el planteo de reclamo de justicia se reitera año tras año, hay actitudes políticas de parte del Gobierno nacional que no se condicen con las expresiones públicas.
Así por ejemplo, el Ejecutivo nacional no reaccionó con la energía esperada ante manifestaciones públicas sobre Irán por parte del presidente venezolano o ante la visita que realizó el ministro de Defensa de Irán, que está prófugo de la Justicia y se lo acusa de ser coautor ideológico del atentado cuando visitó recientemente al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Tampoco hay acciones definidas ante las opiniones del piquetero Luis D'Elía, a pesar de las denuncias en el sentido de que "existen grupos radicalizados, como Quebracho y el piquetero D'Elía, que están apoyados al menos políticamente por Irán".
Dentro de este esquema, se debe analizar la reacción del Gobierno frente al ofrecimiento iraní de prestar su colaboración para esclarecer el hecho. Vale decir, acerca de si existen -o no- ambigüedades o contradicciones internas en el oficialismo.
Es que, mientras la Cancillería reaccionó sin cerrar -en principio- alguna alternativa de conversación con Irán, el jefe de Gabinete afirmó que "con el terrorismo no se negocia", mientras dirigentes de la comunidad judía calificaron al ofrecimiento iraní como "una tomada de pelo".
Ha pasado, entonces, un tiempo más que suficiente y es necesario que la Justicia actúe con la mayor energía en la necesidad de castigar a los culpables. No puede aceptarse que, pese a la inmensa gravedad del caso, no haya avances en la causa y que, tal como se señaló en el acto de días pasados, "a dos años de una resolución explícita de la Corte Suprema, de ampliar la investigación por la conexión local para llevar a juicio a los otros partícipes del atentado, no haya un solo imputado y ni una sola pista ni prueba nueva".
Esas decisiones judiciales deberían ir acompañadas también por hechos de parte del Poder Ejecutivo nacional como, por ejemplo, repudiar explícitamente las expresiones habituales de D'Elía o las acciones de Quebracho o las reacciones ante actitudes pro-iraníes que suelen surgir desde los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Bolivia.