La carrera de precios y salarios

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, anunciaron la cifra: 24 por ciento de aumento salarial, a lo largo de 12 meses, para el gremio de los camioneros, que encabeza Pablo Moyano, el hijo mayor del jefe de la CGT (Facundo, otro de sus vástagos, es secretario del gremio de los trabajadores de peaje, sector clave para perfeccionar el control del transporte de personas y de cargas en todo el país).

Resta saber si la mayoría de los gremios se ajustará a esa pauta que, curiosamente, busca esconder el verdadero alcance del aumento logrado por la dinastía Moyano para el estratégico sector en el que basa su capacidad de bloqueo, movilización y control de la calle y, por ende, la presión que puede ejercer sobre el gobierno de turno (debe recordarse que tras el episodio del exhorto judicial suizo que lo señaló como posible vínculo de una millonaria cuenta en Suiza, el jefe de la CGT no sólo amenazó con un paro general de transporte, que luego levantó; también anunció que el próximo 29 de abril, en el acto por el Día del Trabajador, piensa "reventar" la Avenida 9 de Julio. Quien quiera oír, que oiga).

El aumento total para los camioneros, entre mediados de 2011 y 2012 será, en cualquier caso, superior al 24 por ciento (el primer tramo, de 12 por ciento, regirá desde julio próximo y al cabo de los tres aumentos el salario promedio del sector rondará los 10.000 pesos).

Cuestiones de letra chica hacen que la mejora promedio nominal pactada resulte del 27, no del 24 por ciento. Además, Moyano acordó a sabiendas de que pocas horas después la Casa Rosada anunciaría un aumento del 20 por ciento del mínimo no imponible, el monto a partir del cual los salarios deben tributar el impuesto a las Ganancias.

Al margen de que una cuestión impositiva se decida por decreto en vez de pasar por el Congreso (una anomalía institucional que se volvió normalidad política en la era K), lo relevante es que esa medida afecta en especial a los gremios con salarios más altos, como camioneros y petroleros.

Y como además el gobierno no cambió las escalas con las cuales va subiendo la tasa del tributo, los asalariados más beneficiados serán los de ingresos más altos, pues su alícuota no variará, como sí les ocurrirá a quienes, en virtud de un aumento nominal superior al 20 por ciento, empiecen a pagar el impuesto o afronten una tasa superior a la de antes.

De aquí a un año, es probable que el 30 por ciento de suba nominal que la Nación concedió a los docentes (y que pagarán las provincias) resulte en una mejora de bolsillo inferior al camuflado 24 de los camioneros.

Sucede que el acuerdo balancea el objetivo de Moyano, de sacar la mejor tajada posible, y el oficial, de evitar el desmadre de las paritarias. Entre fines de 2010 y principios de este año, el Gobierno coqueteó con la idea de un "Pacto Social" que incluía una pauta salarial de entre 18 y 20 por ciento. Esa pauta ya fue desbordada por la dinámica inflacionaria. La clave, ahora, es evitar que la puja precios-salarios se instale entre el 30 y el 40 por ciento. Es lo que busca el acuerdo con Moyano.

En cualquier caso, los porcentajes superan por buen margen las cifras oficiales de inflación, que magnifican, hasta hacer inverosímiles, la suba de los salarios reales. Exageraciones al margen, es cierto que en los últimos años los salarios en blanco aumentaron un poco más que los precios.

Al respecto, un informe de Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) precisa que entre 2007 y 2010 los precios minoristas (medidos por la consultora Buenos Aires City, una de las multadas por Moreno) crecieron 120 por ciento y el salario obrero industrial medio 130 por ciento, lo que resultó en una suba real del 4,5 por ciento.

Pero esa mejora es engañosa y endeble. Por empezar, si bien los salarios ganaron la carrera entre puntas, fueron rezagados en gran parte del trayecto (Kritz precisa que eso sucedió en 10 de los 16 trimestres comprendidos en el estudio). Y es justamente en el entretanto, mientras se gasta, cuando se debe medir la capacidad de compra del ingreso.

Con todo, es improbable que los salarios puedan ganar la carrera de fondo, a menos que la inflación ceda o que, contra lo que dice la experiencia histórica, una espiral permanente de precios y salarios sea económica y políticamente viable.

Mientras la cuestión se dilucida, los trabajadores de gremios con poder negociador disfrutarán mejoras reales temporarias, siempre acechadas por precios que, a diferencia de los salarios, no varían dos o tres veces al año, sino todos los días.

Por de pronto, la evolución del empleo marca un estancamiento de quienes pueden siquiera llegar a esa posibilidad. De los 3,2 millones de empleos creados entre 2003 y 2010 (por lejos, el mejor resultado de las gestiones económicas kirchneristas), menos de un cuarto ocurrieron durante el gobierno de la actual presidenta.

Además, mientras en la gestión de Néstor Kirchner el 89 por ciento de los nuevos empleos se crearon en el sector privado y el 17 por ciento del total correspondieron a la industria, desde 2007 un tercio correspondió al sector público y apenas uno de cada diez a la industria.

La distinción no es baladí, ya que la productividad del sector primario (básicamente, del agro) y de la industria, los más sujetos al comercio y la competencia mundial, es la vara de los ingresos y del poder adquisitivo del conjunto de la economía. A falta de cambios estructurales, los precios históricamente altos de las materias primas y los bienes agroindustriales argentinos fueron la base del crecimiento de los últimos años.

Los salarios todavía pueden ganar la carrera. Pero es imprescindible que, antes de que sea demasiado tarde, el gobierno combata en serio la inflación.