La Cámara de Casación anuló la causa contra Cristina Kirchner por el uso de aviones presidenciales

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la causa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba acusada por presunta utilización de aviones de la flota presidencial para beneficio propio.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Los magistrados resolvieron anular todo lo actuado por el difunto juez Claudio Bonadio, quien instruyó la causa originalmente, y apartar del expediente a los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

En este sentido, Slokar dijo que: “el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación– vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido” y remató que se trata de “procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Así, concluyó que “es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”.

La jueza Ledesma, que adhirió a la solución, afirmó que: “constituye un presupuesto del tribunal imparcial la prohibición de que forme parte de él ‘quien haya intervenido, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia de la misma causa’ (regla 4ª, 2 del Proyecto de Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el procedimiento Penal, conocidas como ‘Reglas de Mallorca’)”.

De este modo, sostuvo que: “la actuación del magistrado denunciante como juez del caso, ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho”.

En la causa que desprendió de la de los "cuadernos K", la vicepresidenta fue procesada por una figura que contempla penas de hasta diez años de prisión por la supuesta utilización "en provecho propio un servicio pagado por la administración pública".

Según el procesamiento, "tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional". 

La vicepresidenta, cuando ejercía la primera magistratura, "utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no
tenían una utilidad relacionada con la función pública que desempeñaba".

La causa estaba en manos de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, que reconocieron el recurso de apelación de la vicepresidenta y la pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para su revisión en diciembre.